La ‘crisis Cerdán’ devuelve la agenda canaria al congelador

La semana ‘horribilis’ del presidente Pedro Sánchez –iniciada con la certeza de que el fiscal general se sentará en el banquillo por un posible delito de revelación de secretos y culminada con el escándalo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán en una trama corrupta– tiene una víctima colateral: la agenda canaria.

La asfixiante atmósfera que envuelve al presidente Pedro Sánchez debido a la concatenación de cada vez más, y más graves, escándalos de corrupción va a limitar su capacidad para ejecutar acuerdos políticos de calado, entre ellos la resolución de las reivindicaciones incluidas en la agenda canaria. 

Coalición Canaria (CC) presumió tras las elecciones generales de 2023 de haber conseguido el respaldo de los dos grandes partidos que vertebran España –PSOE y PP– a un documento compuesto de 25 puntos "fundamentales" para los intereses del Archipiélago.

A cambio de ese compromiso con la llamada agenda canaria, los nacionalistas apoyaron la fallida investidura del conservador Alberto Núñez Feijóo como presidente y, meses después, hicieron lo propio con Pedro Sánchez, actual inquilino de La Moncloa que ahora está cercado por multitud de escándalos que lo convierten en uno de los jefes del Ejecutivo español más debilitados de la reciente historia democrática española y, de facto, lo imposibilita para tomar decisiones favorables a Canarias que puedan plasmarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Clavijo sugiere a Sánchez que adelante elecciones: "esto hace un daño reputacional al país"

Un decaimiento que viene de atrás, cuando la complicada aritmética parlamentaria derivada de la sopa de siglas de partidos que sustentan al Gobierno de PSOE y Sumar se ha traducido en la imposibilidad de aprobar Presupuestos del Estado en 2024 y 2025, que son la percha de la que cuelgan los distintos convenios bilaterales que necesita el Archipiélago –obras hidráulicas y educativas, carreteras y viviendas–, la gestión de la crisis migratoria –va a ser imposible tener la fuerza suficiente para a hacer cumplir a las autonomías el artículo 35 de la ley de extranjería–, el desarrollo de las competencias transferidas recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, las compensaciones por la lejanía e insularidad, así como planes especiales contra el paro en general y el desempleo juvenil en concreto. 

Además, Sánchez se comprometía en aquel documento a mejorar la financiación en dependencia y planes de salud mental, reparar los sobrecostes sanitarios, financiar medidas para paliar la crisis energéticas e hídrica e incrementar las subvenciones para el coste del transporte de mercancías.

Todo ello quedó ‘congelado’ hasta el pasado mes de enero, cuando el Gobierno solventó la derogación del decreto ómnibus de medidas sociales –gracias al acuerdo que el PSOE consiguió in extremis con Junts–, entre las que estaban incluidas la gratuidad de las guaguas y el tranvía de Tenerife para todo este año y las ayudas para la reconstrucción de La Palma, ambas contempladas entre las prioridades isleñas en relación con la política nacional.

Un Gobierno noqueado y débil ‘empodera’ aún más a Junts y al PNV en las negociaciones

A partir de ahí, se fijó una reunión para el 12 de febrero con el fin de analizar el nivel de cumplimiento de los acuerdos y garantizar esos pactos en un escenario de prórroga presupuestaria –aunque en ese momento aún se coqueteaba con la idea de aprobar los de 2025 antes del verano–, así como establecer un calendario para el desarrollo del Estatuto con el traspaso de más de una decena de competencias sujetas a complejas negociaciones en las que el Ejecutivo siempre mira de reojo a sus socios catalanes y vascos.

Este espejismo de una pequeña aceleración a la agenda canaria –que ha durado apenas cuatro meses– se dio de bruces el jueves con el estallido de la crisis provocada por Cerdán, que ha noqueado no solo al PSOE sino a la totalidad del Gobierno y ha agitado el avispero del resto de los socios de investidura.

Descartada la moción de censura o la cuestión de confianza, pues ni el PNV ni Junts –hipotéticos socios del PP debido a sus anteriores e históricas relaciones pactistas– van a apoyar ninguna operación que pueda culminar con Vox en el Gobierno, desde las filas nacionalistas se asegura que "ahora que Sánchez está muy débil, es cuando el resto de los socios tendrán mayor posición de fuerza para exigir cuestiones a cambio de sus apoyos".

El eslabón débil

En principio, y sobre el papel, este escenario podría beneficiar a CC a la hora de hacerse valer para sacar adelante la agenda canaria, pero no es así. Los nacionalistas son el eslabón más débil de la cadena que sujeta a Sánchez a La Moncloa. 

Esta aparente paradoja la explicó la diputada nacionalista Cristina Valido en los micrófonos de la Cadena Ser: "de nosotros no depende que continúe o no el Gobierno, pero tampoco vamos a levantarnos de la mesa de juego a poner en peligro nuestros acuerdos mientras otros grupos que si pueden hacer caer al Gobierno negocian a favor de sus territorios".

Valido reconoce que "ni nos levantamos de la mesa de juego ni haremos peligrar nuestros acuerdos"

Dicho de otro modo, el presidente Sánchez se va a echar aún más en manos de ERC, los postconvergentes, Bildu y el PNV para sacar decretos leyes en el Parlamento a cambio de dar salida a sus reivindicaciones. CC o el Bloque Nacionalista Galego (BNG) van a ser meros convidados de piedra en esta convulsa y cada vez más asfixiante mitad final de la legislatura.

Como ayer aseguró el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, "esperamos una respuesta y vamos a esperar". Pero la espera puede convertirse en un auténtico suplicio social y mediático –parecido al que en su día ya sufrieron Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy–y provocará una agonía que solo el propio Sánchez puede parar con una convocatoria adelantada de elecciones generales mientras la agenda canaria flota en el limbo.

"Él sabrá qué decisiones tiene que tomar, según vayan sucediendo las cosas tomaremos decisiones en mi partido porque esto genera un grave daño a la reputación de las administraciones públicas, de las instituciones, y desde luego al país", sentenció Clavijo.

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