El Parlamento canario pide crear en los tribunales secciones especiales 'antiokupación'

En el año 2024 se acreditaron 663 casos de ocupaciones de viviendas en las Islas. Una media de 55 casas ocupadas cada mes en Canarias o, dicho de otra manera, una casa ocupada cada 13 horas en el Archipiélago. Estos datos del Ministerio del Interior han servido al PP para sacar adelante este miércoles el apoyo del Parlamento para solicitar al Estado que "habilite secciones dentro de los tribunales de instancias especializadas en ocupación e inquiocupación". En un principio, la idea de los conservadores era crear juzgados especiales, pero aceptaron la enmienda de sus socios de CC que rebajó la pretensión inicial.

La conservadora Luz Reverón defendió la iniciativa por entender que en este momento "los inquilinos que ocupan ilegalmente viviendas tienen más derechos que los propietarios" gracias a la normativa estatal aprobada por el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Una tesis a la que se unió la nacionalista Socorro Beato, al asegurar que "se protege más a quien da una patada en la puerta que al propietario porque la ley no considera vulnerable al propietario".

"El derecho a la propiedad privada está en peligro y detrás de cada casa ocupada están los ahorros de una familia desprotegida", insistió la diputada nacionalista tras recordar que el proceso judicial para que el dueño de una vivienda ocupada la recupere "puede durar dos años".

Fomentar el miedo

Frente a las tesis de los dos principales socios que sustentan al Gobierno regional, PSOE y NC blandieron que conservadores y nacionalistas "fomentan el miedo" y "defienden que la vivienda no sea un bien social, sino un negocio para especular".

"No se trata de elegir en ilegalidad o solidaridad. Estar en contra de la ocupación no es estar a favor de los fondos buitre", replicó a la oposición de izquierdas Melodie Mendoza (ASG).

La iniciativa aprobada este miércoles incluye la condena de las ocupaciones ilegales y la petición de que se desbloquee en el Congreso de los Diputados la tramitación de la proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios que remitió el Senado en febrero de 2024.

Aunque es cierto que la ley de los conservadores lleva más de un año atascada en el Congreso, el pasado mes de marzo se aprobócon el apoyo del PSOE y PP empezar a tramitar una ley de Junts para agilizar los desalojos de ‘okupas’ en 48 horas –frente a las 24 horas que defiende la propuesta de los conservadores– al considerar que el allanamiento de morada es un delito pero que el ordenamiento jurídico es "susceptible de mejora".

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