El Gobierno pondrá la lupa sobre los 10 fondos de inversión propietarios de 100 hoteles en Canarias

Los extranjeros no solo compran viviendas en Canarias, motivo por el que el Ejecutivo regional quiere limitar su venta a no residentes, sino que también adquieren camas hoteleras a través de grandes fondos de inversión. Por ese motivo, los cuatro partidos que sustentan al gabinete que preside Fernando Clavijo -CC, PP, ASG y AHI- aceptaron este miércoles la propuesta del PSOE para vigilar los efectos de estas operaciones financieras tanto en los salarios de los trabajadores como en la descapitalización isleña frente a la foránea.

Por unanimidad, fruto de las negociaciones entre el cuatripartito y los socialistas, la Cámara regional aprobó encargar al Consejo Económico y Social de Canarias "un informe sobre el impacto de la adquisición de establecimientos hoteleros en las islas, por parte de fondos de inversión, cuyos datos deben presentarse en el primer trimestre de 2026".

Una evaluación que debe centrarse en los "efectos en los salarios futuros durante toda la vida financiera de la inversión y sus sucesivas ventas", así como en "el valor añadido y parte del mismo que se retendrá en Canarias durante toda la vida de los proyectos financieros" y sus "posibles efectos económicos a medio y largo plazo sobre la economía de las Islas", incluyendo el análisis de "la filtración de valor añadido hacia fuera". 

40.000 camas y 25.000 trabajadores

Cuando esté ese ‘examen’ concluido dentro de un año, el Gobierno canario convocará "a sindicatos y empresarios para analizar las posibles consecuencias sociolaborales y económicas derivadas" para acometer las soluciones que sean necesarias.

Tal y como recordó el diputado socialista Manuel Hernández, 100 hoteles en Canarias están controlados por fondos de inversión foráneos, "lo que afecta a 40.000 camas turísticas y a entre 20.000 y 25.000 trabajadores" del sector. El socialista insistió en que solo en 2024 "invirtieron más de 600 millones de euros y se calcula que ya tienen proyectos cercanos a los 5.000 millones de euros".

"No se trata de demonizar la inversión extranjera, pero sí vigilarla y adoptar medidas para evitar el desarraigo económico y la precarización. No queremos frenar el desarrollo del sector turístico, sino defender al eslabón más débil, que son los trabajadores", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo