El Estado acelera para regularizar a 25.000 inmigrantes en Canarias

El Gobierno central vuelve a pisar el acelerador para sacar adelante la regularización de alrededor de 500.000 inmigrantes que viven en España –en torno a 25.000 en Canarias– y que no tienen en regla los papeles de residencia. La idea del Ejecutivo de Pedro Sánchez es consensuar los pormenores de esta regularización masiva con los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, y de hecho ya hubo ayer una primera toma de contacto entre la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y representantes de varios de los grupos parlamentarios, tal como adelantó El País.

La idea del Gobierno, que quedó empantanada durante casi un año, es incluir entre los colectivos prioritarios en el proceso de regularización a las familias con niños, los solicitantes de asilo y los inmigrantes en situación de vulnerabilidad social. Para ello se aprovechará la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso con la rúbrica de más de 800.000 ciudadanos. En todo caso, la regularización será para inmigrantes que vivieran en España antes del 31 de marzo de 2025.

El Gobierno plantea unos requisitos generales y unos específicos –se deberá cumplir uno de ellos–, así como la documentación que deberán presentar quienes, de salir adelante el texto, accedan a la regularización, informó Efe. A falta de llegar a ese acuerdo con los grupos parlamentarios, las condiciones generales para beneficiarse de esta regularización extraordinaria para gran parte de los migrantes sin papeles serían, amén de encontrarse en España antes del 31 de marzo de 2025, residir desde un año antes de presentar la solicitud; no tener antecedentes penales; no representar una amenaza para el orden público; y no tener orden de no retorno.

Junto con estos requisitos, Migraciones plantea que los migrantes cumplan al menos otra condición específica de las siguientes cuatro: haber trabajado, tener un precontrato o una oferta laboral; residir en familia con hijos menores escolarizados o mayores de edad pero con alguna dependencia, una condición que también incluye a los abuelos; haber solicitado asilo con anterioridad al 31 de marzo de 2025; o encontrarse en situación de «especial vulnerabilidad».