Gobierno y municipios se enredan con la aplicación de la tasa de basura

La nueva tasa de basura que cobrarán los ayuntamientos entrará en vigor el 1 de enero de 2026, pero a seis meses vista aún quedan cuestiones que resolver para conocer realmente el impacto de la tasa en los bolsillos de los ciudadanos y si realmente va a servir para fomentar el reciclaje y una mayor concienciación sobre la separación y el tratamiento de los residuos. Existen dos frentes: por un lado, no todos los ayuntamientos canarios han aprobado la ordenanza que regula el nuevo gravamen mientras que, por otro, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) negocia con el Gobierno canario el destino de los recursos que se van a generar ya que ambas administraciones tienen ciertas diferencias sobre la interpretación de la ley.

Según la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular la tasa tendría que haber entrado en vigor en abril, tres años después de la aprobación de la norma. Finalmente, las corporaciones canarias han estirado al máximo las posibilidades de prórroga y será a partir del 1 de enero cuando comenzarán a aplicar un tributo que viene derivado de la UE. Después de muchos debates, charlas técnicas y talleres de formación, la Fecam ha confeccionado un modelo de ordenanza reguladora y otra fiscal para que los 88 consistorios canarios la adapten a sus propias características.

La tasa debe reflejar los costes reales de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales. El coste para los ciudadanos supone una media que supera los 100 euros al menos en los municipios más habitados, a tenor de lo que han aprobado ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria -sobre los 150 euros- o La Laguna -unos 130 euros-. Habrá deducciones en función de la contribución de las familias al reciclaje o de sus condiciones sociales.

El vicepresidente de la Fecam y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda de la entidad municipalista, Óscar Hernández, advierte que la tasa tiene como finalidad cubrir los costes que supone para cada ayuntamiento la recogida, tratamiento y transporte de los residuos porque los consistorios pagan, a su vez, una tasa en función del número de toneladas que llevan a los ecoparques que gestionan los cabildos. Para mitigar el coste que supondrá para el bolsillo de los vecinos la nueva tasa, Hernández aboga por introducir herramientas que posibiliten diferenciar entre aquellos que contribuyen más a la separación de los residuos para reciclar y los que no.

Por otro lado, la Fecam y el Ejecutivo regional mantienen diferencias en relación con el destino de los fondos que se recauden con la nueva tasa. La Fecam exige que el destino de los fondos sea finalista, es decir, que sean destinados a proyectos para reducir el impacto de los residuos y a acciones para mejorar el tratamiento de las plantas medioambientales que separan los residuos y los reciclan. Sin embargo, según la Fecam el Ejecutivo matiza este argumento y no termina de dejar claro que estos fondos se destinen a este fin y no a otros. Antes de finalizar junio habrá una nueva reunión entre las dos partes para alcanzar un acuerdo.

En medio de este debate que no se cierra a seis meses de la entrada en vigor de la nueva tasa, también los inspectores de Hacienda local llevan desde 2022 alertando de que esta nueva tasa va a traer más litigiosidad que el impuesto de la plusvalía municipal por las desigualdades que genera entre ciudadanos y la diversidad de métodos para calcular su coste. Por ello pronostican problemas jurídicos y recursos porque cada ayuntamiento aplica la tasa en función de variables como el número de viviendas, industrias, despachos profesionales, bares y restaurantes y otro tipo de actividades, así como por las diferentes situaciones socioeconómicas de las familias.

Ante este escenario existe el temor a que la aplicación de esta tasa suponga nuevos pleitos jurídicos cuando los vecinos comiencen a recibir el recibo de este nuevo impuesto el próximo año. Lo habitual es que el ciudadano, tras recibir la liquidación, la pague y después la impugne si está en desacuerdo. Los inspectores de Hacienda advierten que los ciudadanos no son conscientes aún de la nueva tasa hasta que llegue el recibo al cobro. 

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