El TS amenaza al Estado con multas si no atiende ya a los niños con asilo

El Tribunal Supremo vuelve a reprender al Gobierno de España y le exige actuar con carácter «urgente» para hacerse cargo de la atención de más de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo, que actualmente permanecen en centros de acogida de Canarias. En un auto notificado ayer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordena al Ejecutivo informar quincenalmente sobre los avances en el cumplimiento de la resolución dictada el 26 de marzo, y le advierte de que podría aplicar «medidas coercitivas» si persiste el incumplimiento, incluyendo multas o incluso una denuncia penal contra los responsables.

Esta nueva llamada de atención se produce una semana después de la comparecencia del Gobierno ante el alto tribunal, donde reconoció no haber acogido todavía a ninguno de estos menores, a pesar de que en marzo los magistrados le concedieron un plazo «improrrogable» de diez días para hacerlo. Durante la vista, presidida por el expresidente del Supremo Carlos Lesmes, los representantes estatales argumentaron que siguen esperando documentación por parte del Ejecutivo regional, una afirmación que el Gobierno de Canarias niega tajantemente. El cruce de reproches entre administraciones añade tensión a una situación ya de por sí delicada, con centenares de menores a la espera de una solución a su petición de asilo.

Desde el Ejecutivo central insisten en afirmar que, con la redistribución de los menores entre todas las comunidades autónomas que contempla la nueva ley de extranjería, ya se estaría dando cumplimiento al auto del Supremo, pues se está aliviando la congestión de los centros de acogida de Canarias, donde se atiende a los menores que han solicitado asilo. Sin embargo, el tribunal es muy claro en su resolución, al indicar que estos niños tienen derecho a acceder a la red nacional de protección internacional, que es competencia exclusiva del Estado. Fuentes del Ministerio de Migraciones, liderado por Elma Saiz, aseguran que el plazo dado por el Supremo «se va a cumplir» por parte de los ministerios competentes. También señalan que «el Gobierno de España muestra su total colaboración y diálogo con el Gobierno de Canarias para reunirse a la mayor brevedad posible y resolver conjuntamente la situación de los menores solicitantes de asilo».

Además, reiteran que la reciente modificación del artículo 35 de la ley de extranjería es un «mecanismo para destensar la situación de Canarias», dar una respuesta a todos los menores y apelar a la solidaridad de todas las comunidades autónomas en una materia que les compete, como es la asistencia social de menores. Por último, destacan que el sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional está conformado por centros habilitados para adultos, y que su acondicionamiento para atender a menores no acompañados «es un proceso que requiere de plazos objetivos» para su materialización.

En este sentido, la Abogacía del Estado argumentó ante el Tribunal Supremo que no dispone de recursos específicos en este momento para atender a estos menores, y que únicamente cuenta con 45 plazas listas para su uso inmediato. A pesar de ello, aseguró que se está trabajando para habilitar otras 150 plazas de manera urgente, con el fin de cumplir la orden del Supremo, dictada hace ya tres meses.

La Sala, tras la vista celebrada el 29 de mayo, constató el «claro incumplimiento» de la medida cautelar, al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos, ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos. Todo ello supone un desconocimiento de los derechos que la legislación sobre protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a quienes se encuentran en situación de «vulnerabilidad y necesidad».

Los magistrados insisten en que, «hasta el momento, en claro incumplimiento de la medida cautelar acordada —son ya dos los requerimientos incumplidos—, la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que son de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior».

En el auto, el Tribunal Supremo acuerda que, en un plazo «improrrogable de 30 días», se dote a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de protección internacional de los medios personales y materiales necesarios para que estas puedan ser formalizadas, tramitadas y resueltas en un plazo razonable. En ningún caso podrán transcurrir más de seis días entre la manifestación de voluntad de solicitar protección y la formalización de la solicitud.

Tirón de orejas

Asimismo, se concede un plazo de dos semanas para articular la colaboración efectiva con Canarias, a la que se debe dotar de los recursos humanos y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al sistema de acogida que les corresponde como solicitantes de asilo. Este proceso deberá incluir un calendario detallado de reuniones. Por último, ordena identificar a los responsables del cumplimiento de las medidas en cada uno de los ministerios afectados, advirtiendo que, en caso contrario, se presumirá como responsables a los titulares de los respectivos departamentos ministeriales.

Este nuevo tirón de orejas al Estado agita de nuevo la batalla política por la atención a los menores migrantes. Mientras las comunidades autónomas gobernadas por el PP bloquean activamente el reparto de menores previsto en la reforma de la ley de extranjería, el coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, denuncia que el Gobierno de España lleva más de 70 días incumpliendo una orden del Supremo. «Se han estado riendo y burlando de la Justicia, del Gobierno de Canarias y de toda la población del Archipiélago. El Supremo ha tenido que dictar un nuevo auto en el que impone plazos improrrogables y amenaza a este Gobierno hipócrita, insolidario y trilero con medidas coercitivas si siguen tomándole el pelo a la Justicia y a Canarias».

La advertencia del Tribunal Supremo pone contra las cuerdas al Gobierno central. Los plazos incumplidos se acumulan y centenares de menores no acompañados continúan atrapados en una red de acogida saturada, a la espera de que el Estado cumpla con su deber y los integre en el sistema de protección internacional.

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