PATRIMONIO CULTURAL

Cuando la historia pasa factura: estos son los trece atentados al patrimonio de Canarias

Las multas oscilan entre los 6.000 y los 300.000 euros por destrucción de yacimientos, vertidos en suelo o reconversión de hornos de cal en viviendas de lujo

El Lagar, Tinajo, Lanzarote

El Lagar, Tinajo, Lanzarote / ED

Lucía Mora

Lucía Mora

Santa Cruz de Tenerife

Ningún atentado al patrimonio histórico quedará impune en el Archipiélago. Ejemplo de ello son las trece sanciones que se encuentran vigentes –en distintas fases de tramitación– impuestas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Gran Canaria concentra cuatro multas, mientras que Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote tienen tres cada una. El resto de las islas –La Palma, La Gomera y El Hierro– no tienen ninguna en vigor. Una serie de sanciones que son fruto del trabajo minucioso de las autoridades competentes en este ámbito.

El patrimonio histórico es un testimonio vivo de siglos de memoria colectiva y riqueza arquitectónica y arqueológica. Las Islas atesoran desde los yacimientos aborígenes hasta las casas señoriales coloniales, pasando por molinos, caleras, iglesias o manifestaciones rupestres, todas ellas albergan una parte de la identidad isleña. Sin embargo, este legado no solo debe admirarse, sino que también exige protección, respeto y responsabilidad. Y cuando no ocurre es cuando entran en juego las sanciones por la alteración o destrucción de cualquier bien histórico. No se trata solo de castigos administrativos, sino de una herramienta clave para garantizar que las generaciones futuras puedan seguir reconociéndose en los restos del pasado. 

Sanciones según la gravedad

La Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias permite al Gobierno canario imponer sanciones según la gravedad de los atentados. Unas sanciones que están divididas en tres niveles: leves, como no comunicar una intervención o modificar un bien sin permiso, cuyas cuantías oscilan entre los 600 y los 6.000 euros; graves, como la realización de obras sin autorización en un Bien de Interés Cultural (BIC), con cantidades entre 6.001 y 150.000 euros; o las muy graves, como la destrucción intencionada de un bien protegido, cuyas multas pueden superar hasta los 300.000 euros así como otras medidas complementarias –obligación de restauración o inhabilitación para recibir subvenciones públicas–.

Gran Canaria, la que más multas tiene

En la actualidad, la Dirección General, junto a los cabildos, tienen trece expedientes abiertos y con distinta tramitación. Gran Canaria es la isla en la que más se sanciona, y acumula cuatro atentados: el Acueducto de Tara, en Telde, incoado; el Camino de Acusa, en Artenara, por incoar; y las intervenciones arqueológicas del parque eólico marino Gofio, en San Bartolomé de Tirajana, resuelto y con una sanción de 39.750 euros. Además, hay un recurso a raíz de actos vandálicos en los petroglifos del yacimiento del Morro de los Cachorrillos, en Agüimes, que ha sido devuelto al Cabildo grancanario por considerarse falta leve.

La otra isla capitalina, Tenerife, tiene tres expedientes: Cuna del Alma, en Adeje, incoado, con una multa que supera los 225.000 euros; el proyecto de energías renovables ‘Fotobat 5+’, en Arico, incoado y con una posible sanción de 304.500 eurosla más alta de las causas abiertas–; y El Roquito, en Arona, incoado.

Las islas occidentales no corren mejor suerte. Fuerteventura mantiene tres recursos abiertos: las Cuevas del Tequital, en Tuineje, incoado; el Coto Las Maretas, en La Oliva, y el yacimiento La Torre, en Antigua, que están por incoar. Por su parte, Lanzarote cuenta con otros tres: la vivienda Rottermund, en Tinajo, resuelto con una sanción al consistorio municipal de 76.500 euros por otorgar la licencia; el Lagar, en Tinajo, que se volverá a incoar por ser propietaria una sociedad y no un particular; y, por último, La Higuera, en Teguise, donde están llevando a cabo la construcción de ocho viviendas sin haber hecho caso a la licencia urbanística y sobre un yacimiento arqueológico.

Acueducto de Tara, Telde, Gran Canaria

La Unión Cárnica Europea SL se enfrenta a una sanción de 91.801 euros por tres infracciones graves y una leve en el Acueducto de Tara, en Telde, Gran Canaria. Se trata de una construcción del siglo XVIII, conservada en buen estado en la actualidad, hecha con basalto y toba volcánica, y que cuenta con cuatro arcos y una altura de cuatro metros. 

Se realizaron obras sin licencia en el acueducto, la finca contigua y un yacimiento arqueológico. De lo más grave es la demolición parcial del pilar en el que se apoyan dos de los cuatro arcos o vertidos de áridos. 

El expediente está incoado y la promotora presentó alegaciones en las que se constatan las afecciones, que se van a desestimar. Se están elaborando las propuestas de resolución firmes. 

Cuevas de Tequital, Tuineje, Fuerteventura

En torno a 3.000 años pueden tener las Cuevas de Tequital, en Tuineje, Fuerteventura, un yacimiento arqueológico que demostró la presencia humana en la Isla mucho antes de lo que se pensaba. Sin embargo, se ha destruido parcialmente la cubierta de una cueva y se han vertido rellenos en el interior de la misma. 

Los responsables, identificados por el Cabildo majorero, deben pagar una sanción de 153.002 euros debido, entre otros motivos, a que los vertidos han dificultado la investigación del atentado y a que el tránsito rodado de vehículos por el interior del yacimiento ha supuesto una afección grave y una pérdida irreparable en Fuerteventura.

El expediente se encuentra a la espera de alegaciones

Proyecto 'Fotobat 5+', Arico, Tenerife

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, realizó un desmonte y remoción de tierras en el conjunto etnográfico de Morra Meca, en Arico, Tenerife.

Las obras han producido una afección directa al yacimiento arqueológico.

Se ha destruido un bancal, un 27% de una era, o el 45% del área total del conjunto etnográfico. La sanción alcanza los 304.500 euros y, en la actualidad, están estudiando las alegaciones que presentaron desde el ITER. 

Lagar, Tinajo, Lanzarote

Apertura de nuevos huecos; sustitución de la puerta de acceso; tapizado de piedras volcánicas; cubiertas de madera con machihembrado o picado de morteros originales. A simple vista parecería una reforma de cualquier inmueble si no es porque es un lagar tradicional que data del siglo XX en Tinajo, Lanzarote.

En este momento, estiman las alegaciones y se volverá a incoar por ser propietaria una sociedad y no un particular. La sanción oscila entre los 3.000 y 40.000 euros

Coto de las Maretas, La Oliva, Fuerteventura

El yacimiento Coto de las Maretas, en La Oliva, Fuerteventura, es un importante conjunto arqueológico que incluye, por ejemplo, grabados rupestres

El paraje ha sufrido la remoción de suelo,construcciones, vallados o canalizaciones que dificultan la investigación e imposibilitan cuantificar los daños. No es lo único. También se han vertido escombros en la zona o se han instalado autocaravanas con pérdidas irreparables.

No ha sido posible identificar a los responsables. 

Camino de Acusa, Artenara, Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria y la empresa Gestión y Técnicas del Agua SL afrontan una sanción de más de 30.000 euros por destruir parte del empedrado; modificar el ancho del paso original; arrasar con la zona de tosca natural; desestabilizar el talud o verter materiales barranco abajo.

Todo ello en el Camino de Acusa, Artenara, una referencia en el patrimonio caminero de Gran Canaria.

En este momento, se encuentra en proceso de elaboración la resolución de incoación.

Cuna del Alma, Adeje, Tenerife

El promotor y el responsable de obra tienen una sanción inicial de 229.503 euros por obras de desmonte y una remoción de terreno para abrir un vial sin la supervisión arqueológica preceptiva. Los hechos se han realizado en Cuna del Alma, Adeje, Tenerife, uno de los yacimientos muy pocos estudiados en el contexto del poblamiento humano prehispánico en el sur tinerfeño.

El expediente se encuentra a la espera de que aporten pruebas aceptadas y, tras ello, elaborarán una nueva propuesta de resolución. 

El Roquito, Arona, Tenerife

La instalación de una vivienda prefabricada que afecta al 47% de un bien patrimonial catalogado, una era y un muro perimetral. A una posible sanción de 76.501 euros va a tener que hacerle frente el promotor y ejecutor de esta obra en El Roquito, Arona, Tenerife.

La intervención se realizó sin contar con la licencia necesaria y se acreditó la continuidad de la conducta infractora pese a haber sido notificado.

En este momento, está a la espera de alegaciones. 

Solar de la calle La Higuera, Teguise, Lanzarote

Una arquitecta y la empresa promotora hicieron desaparecer en su totalidad depósitos arqueosedimentarios del solar en la calle La Higuera, en Teguise, Lanzarote, para la construcción de ocho viviendas.

Los condicionantes de la licencia urbanística explicaban la necesidad de realizar una actividad arqueológica previa de la que hicieron caso omiso y destrozaron uno de los bienes históricos más largos, en extensión, que tenía la Isla.

Está por incoar y se enfrentan a más de 10.000 euros

Vivienda Rotermund, Tinajo, Lanzarote

El Ayuntamiento de Tinajo, en Lanzarote, otorga una licencia en contra del catálogo municipal y la protección de un bien inmueble. 

En concreto, de la vivienda Rotermund, al permitir que se demoliera un horno, se sustituyeran morteros de cal por cemento, recrecimiento a base de bloques de hormigón de lo que antes era piedra o la apertura de diversos huecos en la antigua fábrica.

El expediente está resuelto con una multa de 79.500 euros al considerarse infracción grave. 

Yacimiento arqueológico Los Corrales de La Torre, Antigua, Fuerteventura

La empresa Sistema de Ingeniería SA realizó actuaciones, durante una prospección geotécnica, que afectaron al yacimiento arqueológico Los Corrales de La Torre, en Antigua, Fuerteventura.

En la actualidad la sanción se encuentra por incoar pero se trata de dos infracciones graves y una leve. 

Se registró la destrucción parcial de un muro por los movimientos de maquinaria, la alteración y descontextualización de material arqueológico y el vertido de materiales en un área protegida. 

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