Canarias atiende a 4.848 menores más de los que marca su capacidad de acogida

Canarias atiende en estos momentos a casi 4.850 menores migrantes más de los que le correspondería en función de la capacidad ordinaria de acogida que el Gobierno central ha establecido a partir de su población y de la fórmula establecida en el decreto ley para su reparto por el conjunto del territorio nacional. Según la tabla presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia a las comunidades autónomas en la reunión de la comisión sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid para establecer próximamente el número de menores que deberá asumir cada una de ellas de los 4.400 que serán trasladados desde Canarias y Ceuta, el pico de plazas a 31 de diciembre del año pasado en el Archipiélago fue de 5.566, mientras que su capacidad de acogida teórica tendría que ser de 718 .

La tabla presentada por el Ministerio señala que Canarias, junto a Baleares, Ceuta y Melilla, son los únicos territorios que acogen a un mayor número de estos chicos y chicas respecto a esa capacidad ordinaria de acogida y no tendrán por tanto que habilitar nuevas plazas para cuando se haga el reparto, mientras que las otras quince comunidades tendrán que crear nuevas hasta alcanzar el número que le correspondería, aunque hay mucha diferencia entre todas las que conforman este grupo. Es decir, que salvo los cuatro territorios señalados, todos los demás acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes.

Siete muertos al volcar un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro

Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620). Cataluña tiene un déficit de 136 plazas, y Madrid de 83. Junto a Canarias, la otra cara de la moneda la componen Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28). El documento entregado a las comunidades refleja una ocupación en el Archipiélago del 107%, Canarias asegura que tiene el 480%, por lo que se ha solicitado la modificación al Ministerio.

Reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

La capacidad ordinaria es un concepto clave en toda la negociación porque es la que determinará qué comunidades, según su déficit de plazas, tendrán que acoger más, cuáles podrán declararse saturadas y cuáles podrán reclamar fondos del Estado. Los cálculos del Gobierno en base a la información aportada por las comunidades autónomas es que un total de 15.612 niños migraron solos a España el año pasado, la mayoría de Canarias y Ceuta, y que una ponderación razonable para establecer la capacidad de acogida de cada territorio es de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Este indicador determinará qué comunidad puede pedir al Gobierno que declare la situación de ‘contingencia migratoria’ en su territorio -si su ocupación es tres veces superior a su capacidad ordinaria, como será el caso de Canarias-, y active las derivaciones.

Pero estos datos no sirvieron este miércoles para acercar posiciones entre el Gobierno central y el conjunto de comunidades autónomas en la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a celebrar en los primeros días de junio y donde la ministra responsable, Sira Rego, y los consejeros y consejeras responsable de este área, deberían cerrar los flecos para iniciar el reparto a partir de julio. Las regiones gobernadas por el PP rechazaron los planteamientos del Ministerio y los datos expuestos sobre esa capacidad de acogida, pero es que además rechazaron en votación la posibilidad de que se pueda discutir en la próxima Conferencia Sectorial los cambios de criterios con los que se ajustará la distribución definitiva de los 4.000 menores desde Canarias y otros 400 desde Ceuta.

Debates superados

Los dos representantes del Gobierno de Canarias presentes en la comisión técnica de este miércoles, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, denunciaron tras la reunión la incapacidad de “algunas comunidades autónomas” para asumir la situación en la que viven Canarias y los menores que colapsan sus centros de acogida. También lamentaron la “insensibilidad” mostrada por esos representantes autonómicos ante el hecho de que durante la propia reunión se supo del trágico accidente de una embarcación en el Puerto de La Restinga en el que han muerto varias mujeres migrantes, entre ellas tres niñas.

“Hemos asistido a un episodio más del serial interminable al que algunas comunidades autónomas parecen querer llevar la situación que se vive en Canarias, y lejos de querer entender la urgencia el deterioro que se va produciendo con el paso de tiempo en los recursos y en la situación que vive canarias en la atención a los menores migrantes, se vuelven a plantear debates que ya están superados”, resumió el viceconsejero tras la reunión. En todo caso, destacó que “la tranquilidad que tenemos en Canarias es que hay una ley que aplicar y que esperamos que se aplique sin ningún género de dudas y sin ambages”.

Candil aseguró que “el Ministerio es consciente de que todo el debate político solo ha emponzoñado todo este proceso de aplicación del decreto”, y denunció que las comunidades del PP “utilizan el bien superior del menor para decir una cosa y la contraria”. “Nos gustaría haber percibido más sensibilidad y cooperación por parte de esas comunidades autónomas del PP”, pero resaltando que 

“existe un decreto aprobado y convalidados y es el que finalmente se va a aplicar para hacer frente a la situación, porque todo nos hace pensar que no va a haber acuerdo político en torno a la modificación de criterios de reparto ni nada por el estilo”. Candil reconoció que “puede haber alguna confusión” en los datos y cálculos presentados por el Ministerio, según ha expresado algún representante autonómico, pero añadió que “tenemos que ser conscientes de lo novedoso que es este decreto y lo que supone como respuesta a la situación en Canarias”.

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