¿Por qué Gallardo no podría haberse aforado de haber estado en Canarias?

El aforamiento en los cargos políticos ha vuelto a saltar a la palestra después de que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, recogiera su acta de diputado en la Asamblea regional de su comunidad mientras se encuentra investigado en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. La recepción del acta le garantiza ser juzgado exclusivamente por tribunales superiores –en su caso por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura– y no por las instancias inferiores del organigrama judicial, como sí ocurre en el caso de los no aforados –el común de los mortales–. Claro que si Gallardo no fuera extremeño sino canario, el ‘ardid’ no le habría servido de nada.

A finales de 2018, el Archipiélago se convirtió en la primera Comunidad Autónoma que eliminó esta figura jurídica. Fue tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía cuando se desaforó a los diputados regionales y a los miembros del Ejecutivo autonómico, incluido el presidente, o la presidenta, de Canarias. Por tanto, si un consejero del Gobierno regional o un diputado autonómico comete un delito, será juzgado por el juez que corresponda según la gravedad del caso, como cualquier ciudadano. Esta medida, este desaforamiento generalizado en Canarias, no se aplica, claro, a los senadores y los diputados isleños del Congreso, toda vez que el Estatuto de Autonomía rige, como su propio nombre indica, en la Comunidad Autónoma.

Un senador que quiso desaforarse

El caso es que en las Islas se dio una situación hasta cierto punto paradójica protagonizada por el actual presidente canario, Fernando Clavijo. En 2022, cuando era senador autonómico, Clavijo quiso desaforarse para facilitar la investigación por el ‘caso Reparos’, en el cual se le investigó por presuntas irregularidades durante su etapa como alcalde de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, y del que salió sin mácula alguna en su expediente. En marzo de 2023, el Tribunal Supremo archivó la causa, pero ahí quedó el capítulo de un aforado, nada menos que el presidente regional, que no quería ser o no quería estar aforado. Ahora bien, ¿qué significa estar aforado?

Estar aforado significa ante todo, cabe insistir, que los cargos públicos sean juzgados exclusivamente por tribunales superiores, en el caso de los canarios, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Es como un ‘trato VIP’: si cometen un delito no van al juzgado de turno, sino directamente al juez del más alto nivel. Esto no implica, eso sí, que el acusado quede exento del proceso judicial, sino que el procedimiento es diferente y, en ocasiones, más lento o complejo. En un principio este derecho nació como una figura jurídica para proteger a los cargos de denuncias falsas que pudieran obstaculizar su trabajo, pero lo cierto es que se han sucedido las controversias al presuponerse que favorece la reducción de condenas penales a los cargos públicos, algo que no es tal.

Uno de los países con más 'privilegiados'

En España hay actualmente más de 250.000 personas aforadas –el extremeño Gallardo incluido–, lo que la convierte en uno de los países con mayor número de aforados del mundo. Una cifra que incluye tanto a cargos políticos como a miembros de determinados cuerpos. En el caso de los políticos, la cifra se eleva a más de 3.500 representantes públicos: 616 diputados y senadores (350 del Congreso de los Diputados y 266 del Senado); 24 miembros del Gobierno central (entre presidente y ministros); cerca de mil diputados regionales –no los isleños–; entre 150 y 200 presidentes y consejeros autonómicos –no los de Canarias–; y alrededor de 1.800 políticos. Unos 5.500 jueces, fiscales y magistrados en activo también tienen este derecho. Además, hay más de 200.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policías Nacionales en servicio) y unos 300 altos cargos del Estado, Tribunal de Cuentas, Consejos de Estado o Defensor del Pueblo.

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