Canarias quiere que los municipios 'boicoteen' la venta de casas a extranjeros

Canarias va a dar un paso más en su estrategia jurídica y política para conseguir que se limite la venta de vivienda a no residentes: implicar a todos los ayuntamientos de España y que esa medida no se aplique solo en el Archipiélago. Esa va ser la propuesta que el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, pondrá sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona y que este martes adelantó en la sesión de control celebrada en el Parlamento.

"Llevaremos un documento que incluye la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos no limiten, pero sí dificulten a través de ordenanzas municipales, la adquisición de viviendas a los no residentes", dijo Clavijo al desvelar los asuntos que las Islas quieren incluir en la agenda de la cumbre presidencial que se va a celebrar en la Ciudad Condal.

Esta estrategia del Ejecutivo canario será defendida el miércoles por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, en la reunión del comité preparatorio que se celebra en Madrid con el fin de incluir en la agenda de la reunión de Barcelona que, junto al problema habitacional, el Estado elabore un Plan Migratorio Estructural que defina de manera permanente la actuación de todas las instituciones frente al drama humanitario.

Clavijo recordó que este plan canario estatal sobre vivienda es paralelo a la estrategia ante la Unión Europea (UE) que busca realizar nuevas consideraciones específicas para las regiones ultraperiféricas (RUP), adecuadas al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento con el fin de "proteger la vivienda social, luchar contra la especulación inmobiliaria y mantener una oferta suficiente de viviendas destinadas al arrendamiento de larga duración a precios asequibles".

Destensar el mercado inmobiliario

Para ello, Clavijo insistió en que los ayuntamientos "podrían tener herramientas que les permitirán establecer ciertos requisitos para la compra de vivienda por parte de los no residentes, ya que hemos visto que alteran el mercado inmobiliario", recordó.

"Consideramos que el Estado, ejercitando su competencia con carácter básico en materia de régimen local, como recoge la Constitución, puede habilitar a los municipios para que dentro del ejercicio de sus competencias puedan contribuir a la solución del problema habitacional que se está produciendo", añadió.

De hecho, los estudios jurídicos que ha llevado a cabo el Gobierno consideran que a través de las ordenanzas municipales los ayuntamientos son competentes en limitar la adquisición de segundas residencias únicamente a los no residentes exigiendo un tiempo mínimo de residencia previo, vinculando la compra a un requisito objetivamente comprobable –por ejemplo el lugar de trabajo–, promover la ocupación efectiva de las viviendas mediante la obligación de declarar la existencia de un inmueble deshabitado a medio plazo –tras 6 meses desocupado–, el deber de residir en la vivienda durante un determinado periodo de tiempo cuando se adquiera una propiedad con un valor elevado y recabar el compromiso de los propietarios a alquilar forzosamente un inmueble tras un periodo de tiempo vacío.

Una propuesta que, para los socialistas, no soluciona el problema de la emergencia habitacional, ya que a juicio del portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, que el dilema de la falta de vivienda es que "el 14,6% de las casas en las Islas en está en manos de grandes propietarios".

Cuatro personas tienen 620 propiedades

Para Franquis, es "el porcentaje más alto del Estado" y desveló que "solo cuatro personas físicas acumulan más de 620 propiedades y 73 sociedades concentran más de 19.300 viviendas".

Por ello, anunció que presentarán una proposición legislativa para aumentar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) con el fin de que "su recaudación se destine íntegramente a la promoción de vivienda pública" y crear un registro obligatorio de grandes propietarios "para facilitar la intervención pública y controlar la concentración del mercado".

Clavijo se interesó por la propuesta del PSOE e incluso pidió a Franquis que "me haga llegar el texto para ponerlo sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes". A cambio, solicitó a los socialistas que luchen para que el Gobierno de Pedro Sánchez "modifique la ley estatal de vivienda que lo único que ha hecho ha sido expulsar casas del mercado de alquiler y lograr que suban los precios". Mientras tanto, Canarias seguirá con su estrategia de limitar la compra de viviendas a foráneos.

Menores peticionarios de asilo

Aunque la novedosa propuesta para solucionar la emergencia habitacional centró gran parte del debate en torno a la Conferencia de Presidentes, el presidente Clavijo reiteró que volverá a plantear, de la mano de Euskadi, el pacto migratorio que no tuvo éxito en la anterior cumbre celebrada en diciembre en Santander

"No podemos seguir esperando eternamente por una solución, se ha modificado la Ley de Extranjería para distribuir a los menores y hay comunidades autónomas que no la quieren cumplir a lo que se une que el Estado debe hacerse cargo de los 1.080 menores demandantes de asilo, tal y como le conminó el Tribunal Supremo (TS) a través de una medida cautelar, que tampoco ha cumplido", lamentó.

Por último, y en base a las propuestas que pueden incluirse en el orden del día, insistió que la condonación de la deuda es "vital" porque "no se puede hacer una quita a unos para pagarlas entre todos", así como la necesidad de flexibilizar la regla de gasto para que no limite a las Islas la posibilidad de gastar lo recaudado y, por supuesto, "que el REF quede desvinculado de la nueva financiación autonómica".

Aunque mostró su escepticismo por el resultado final, Clavijo expresó su deseo de que la Conferencia de Presidentes "no sirva solo para hacerse una foto".

Suscríbete para seguir leyendo