Plan de refuerzo en Canarias para luchar contra los atentados al patrimonio cultural

El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares estrechan lazos y refuerzan los equipos técnicos y de seguridad para acabar con el vandalismo que sufre el patrimonio cultural del Archipiélago. No todo vale, pero cada vez son más frecuentes las denuncias que alertan sobre atentados en suelo, inmuebles o parajes protegidos de alto valor histórico. Hay denuncias de todo tipo. Las más conocidas son las pintadas o la circulación en vehículos por los Parques Nacionales de Canarias, pero no son las únicas. Los expedientes se acumulan por expolios de bienes culturales o restos arqueológicos; estacionamiento de autocaravanas en suelo protegido; vertido de escombros sobre yacimientos guanches; o hasta reformar antiguos hornos de cal –con alto valor patrimonial–para convertirlos en viviendas de lujo. 

Los cabildos han comenzado a elevar sanciones al Gobierno de Canarias de todas aquellas infracciones que se detectan contra el patrimonio, lo que no los exime de que muchas veces la responsabilidad del delito recaiga sobre la propia institución insular, aunque pueda resultar paradójico. En las próximas semanas, el Gobierno autonómico dotará de nuevos medios técnicos –uniformes, más vehículos...– al personal encargado de estos procedimientos.

Consejo Canario de Patrimonio Cultural

La pieza fundamental en esta lucha es el Consejo Canario de Patrimonio Cultural, un órgano consultivo dependiente de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural en el que, además de personal de la propia dirección general, están responsables y técnicos de medio ambiente y cultura de los cabildos, representantes de Parques Nacionales; de la Fecam; de Gesplan; y efectivos de la Policía Canaria y Seprona, estos últimos con potestad para vigilancia, sanción y ejecución de la denuncia.

Las sanciones son valoradas y emitidas por un equipo de funcionarios cualificados de la dirección general –arqueólogos–, que son los encargados de realizar un informe técnico y elevarlo a funcionarios expertos jurídicos para aplicar la Ley del patrimonio cultural de Canarias.

Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es el procedimiento de sanción con tantos agentes implicados? El proceso se divide en seis partes y pueden iniciarlo tanto administraciones como particulares. Consta del inicio del procedimiento; fase de instrucción; propuesta de resolución; resolución del procedimiento; ejecución de la sanción y recursos administrativos.

Procedimiento judicial

Al comienzo del procedimiento, se le informa al infractor de la posible sanción, los hechos que la motivan o las normas que infringen. Además, se le asigna un instructor que será la persona encargada de comprobar los hechos de la denuncia durante el procedimiento.

Una vez con la denuncia delante, se pasa a la fase de instrucción. Aquí el instructor es el que se encarga de recopilar pruebas y adoptar medidas provisionales para asegurar que la futura sanción sea eficaz. Ya desde este momento, el infractor puede presentar alegaciones, aportar documentos o proponer la práctica de pruebas.

Con todo sobre la mesa, comienza la propuesta de resolución que no tiene por qué ser definitiva. En este documento se recopilan los hechos que se probaron o la sanción que se propone imponer. En el caso de ser económica, esta podría llegar a más de 600.000 euros. Además, se dará un plazo de alegaciones y que se pueda defender el denunciado.

De propuesta a resolución que, como bien indica su nombre, ya es la sanción en sí y la decisión judicial adoptada conforme a la infracción y el plazo para llevarlo a cabo, así como los recursos de alegación que puede presentar el implicado.

El penúltimo paso es el más temido. Llega la hora de ejecutar la sanción y, si el denunciado no cede, la administración la podrá llevar a cabo de manera forzosa. Por último, claro está, queda la vía de los recursos administrativos, los cuales varían en función del proceso judicial.

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