Canarias pide a Sánchez que "se deje de juegos torticeros" y obligue ya a las autonomías a acoger menores

Una de cal y otra de arena. Canarias se pone del lado del Estado en su batalla judicial contra las comunidades autónomas del PP -entre ellas Madrid y Aragón- que han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley que modificó el artículo 35 de la ley de extranjería, tal y como avisó el propio presidente Fernando Clavijo tras reunir al Pacto Canario por la Inmigración el pasado 19 de marzo, un día después de que se aprobara la modificación legal en el Congreso. Sin embargo, este apoyo no es óbice para que, en paralelo, el Gobierno del Archipiélago exija al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que "se deje de hacer juegos torticeros que mezclan datos" y retrasan tanto "el cumplimiento" legal de que las autonomías acojan a 4.400 de los 5.600 menores migrantes no acompañados que ampara en solitario la Comunidad Autónoma como el auto dictado por el Tribunal Supremo (TS) para que el Ministerio de Interior garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a aquellos niños y niñas que han pedido asilo.

"Desde el 18 de marzo el Estado ha tenido más que tiempo suficiente para aplicar la ley y obligar a las comunidades autónomas a que la cumplan y, por lo que respecta a los 1.000 menores que han pedido asilo, la decisión debería ser automática. Sin embargo, casi dos meses después no se ha dado ni un solo paso para cumplir la legislación y Canarias continúa estando sola", afirmó este miércoles el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, tras la reunión del gabinete.

Canarias cumple ‘in extremis’ con las exigencias de Infancia

Llenarse la boca de solidaridad

Para el Gobierno canario, "a todos, empezando por el Estado, se les llena la boca a la hora de hablar de solidaridad, pero parece que todos evitan dar la cara y cumplir con Canarias".

 "La ley está para cumplirla y quien debe obligar a que se cumpla es el Estado", insistió Cabello antes de recordar que «el decreto ley establece unos criterios objetivos de distribución» entre las comunidades autónomas «que son de aplicación inmediata y no hace falta esperar a nada, ni siquiera una reunión de la conferencia sectorial de Infancia».

«Ya hay unos criterios y esos no se cambiarán hasta que lo decidan las comunidades autónomas, así que lo que tiene que hacer el Estado es obligar a que se cumplan», insistió Cabello.

El Ejecutivo cree que desde el 18 de marzo hubo "tiempo más que suficiente" para cumplir la norma

El malestar del gabinete canario es evidente tras constatar que desde que el 18 de marzo, fecha en la que el Congreso aprobó el decreto ley que modificaba la ley de extranjería, "seguimos sin ninguna derivación y si desatascar el colapso" en el sistema de acogida de las islas. A ello se une que tampoco se cumple el requerimiento del Supremo por el que el 25 de marzo dio al Estado un "improrrogable plazo de diez días" para asumir el asilo de los aproximadamente 1.100 menores que han solicitado protección internacional. 

Una medida cautelar incumplida y que está pendiente de una vista oral que se celebrará el 29 de mayo en la que el Alto Tribunal pedirá el detalle las medidas adoptadas con los menores no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias. 

Hasta el momento, lo único que se conoce es que la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, mandó en abril al Supremo un documento en el que se explicaba que las plazas de la red de asilo "están destinadas a atender las necesidades básicas de personas adultas o núcleos familiares", sin incluir a los menores no acompañados. En el escrito también se hacía hincapié en la falta de capacidad, pues el sistema cuenta con 33.537 plazas, de las cuales más del 99% están ubicadas en Península, y la tasa de ocupación, según ese escrito, es del 96,5%.

Una red de acogida al 200%

A este respecto, y aunque insistió en que "no es bueno mezclar los asuntos", Cabello se refirió al centro La Fortaleza I, cerrado por orden judicial en Santa Brígida y con nueve personas detenidas por presunto delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral.

"Los centros no están como nos gustaría, y aunque lo cierto es que los servicios de inspección funcionan de forma contundente, necesitamos que con urgencia comience la redistribución a la Península porque nuestra red de acogida está casi al 200%, con 86 centros que deberían tener, según los propios expertos, entre 15 y 20 menores a su cargo pero que en algunos casos acogen a casi 400", recordó.

Por lo tanto, insistió en que "demandamos, exigimos, suplicamos ayuda para descongestionar la situación y acabar con el colapso" de los servicios de acogida, que están en una situación "desesperada y excepcional".

Defensa ante el TC

Precisamente, esa "contingencia migratoria extraordinaria" que vive Canarias es que la esgrimirán los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, mandatados por la Consejería de Bienestar Social, para ir de la mano con el "Gobierno de la Nación como coadyuvante en la defensa de la constitucionalidad de la norma legal estatal" recurrida por los barones del PP ante el Tribunal de Garantías, sobre todo desde que éste ha admitido a trámite el presentado por la Comunidad de Madrid, aunque están a la espera los presentados por Aragón, Comunidad Valenciana, Exremadura, Murcia, Cantabria, Baleares y Castilla-La Mancha, única comunidad en manos de un socialista -Emiliano García Page- que ha recurrido al TC.

Con matices, los recursos se centran en que la norma aprobada constituye un modelo de gestión que no respeta la cohesión territorial ni la equidad entre comunidades autónomas. En concreto, el de Madrid que ha aceptado el Constitucional se basa en la tesis de que los criterios de reparto y distribución incluidos en el decreto podrían vulnerar los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución, en la medida en que «regula el contenido esencial del derecho fundamental de las personas menores extranjeras no acompañadas a la libre circulación y elección de residencia dentro del territorio nacional».

Las autonomías recurrentes insisten en que el decreto ley es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones, que el reparto de los menores acogidos se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas, es una norma contraria al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, a los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre territorios y los de lealtad institucional y autonomía financiera.

Madrid, Aragón, Murcia, Valencia y Baleares son algunas regiones que han recurrido el decreto ante el Constitucional

Por contra, el propio Clavijo defendió en su momento que la norma, impulsada desde Canarias y elaborada en colaboración entre los servicios jurídicos del Estado y de la propia Comunidad Autónoma "respeta plenamente el marco constitucional".

Los argumentos jurídicos de Canarias son que las regiones recurrentes están poniendo "una traba a la solidaridad territorial y a la adecuación de la respuesta de todas las comunidades autónomas" ante el fenómeno migratorio que se está viviendo en las islas.

Tal y como recoge la propuesta de acuerdo aprobada por el Consejo de Gobierno, "el interés competencial de Canarias en materia de protección de menores se ve afectado por un fenómeno supra autonómico que impide a la Comunidad Autónoma proporcionar la adecuada atención a estos menores que se encuentran en situación de hacinamiento".

Un hecho que la Comunidad Autónoma considera "notorio y conocido" debido a que hasta la fecha "el Estado no ha ejercicio su posición constitucional de garante de la efectividad del principio de solidaridad territorial".

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