Canarias cumple ‘in extremis’ con las exigencias de Infancia

Canarias trabajó contrarreloj para entregar a tiempo los datos requeridos por el Ministerio de Juventud e Infancia sobre la atención a menores migrantes y la red de acogida. A pocas horas de que venciera el plazo, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario logró remitir la información solicitada por el departamento de Sira Rego a todas las comunidades, con el objetivo de trazar un diagnóstico nacional y perfilar el futuro sistema estatal de acogida.

Esta vez, el Ministerio no solo exigió el número de menores migrantes no acompañados atendidos actualmente y las plazas disponibles, sino también datos tan específicos como la fecha de 2024 en que más niños fueron acogidos en cada territorio. Además, toda la información debía ir acompañada de un certificado firmado por el consejero autonómico que garantizara su veracidad. El elevado nivel de detalle requerido, sumado al reciente cierre en Gran Canaria de un centro con 43 menores migrantes presuntamente víctimas de torturas y delitos de odio, dificultó al Gobierno canario cumplir con los plazos marcados por Infancia.

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Es la segunda vez que Rego intenta que las autonomías se impliquen en el reparto equitativo de los menores migrantes –la primera fue en marzo–, tal como establece el real decreto ley que reforma la ley de extranjería. La norma lleva ya 64 días en vigor, pero ningún niño ha salido aún de Canarias, a pesar de la saturación del sistema de acogida de las Islas, que atiende ya a más de 5.800 niños migrantes no acompañados. 

Lejos de tender la mano, los gobiernos autonómicos liderados por el PP han optado por el pulso institucional. El último en sumarse a la ofensiva jurídica ha sido el Ejecutivo valenciano, que anunció ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que la norma vulnera sus competencias exclusivas en materia de asistencia social y protección de menores, el principio de cooperación y lealtad institucional y su autonomía financiera, al imponer un gasto no contemplado en sus presupuestos. Con esta decisión, Valencia se alinea con la estrategia seguida por Madrid, Aragón, Castilla y León, Murcia y Extremadura.

Sin fecha para la sectorial

En el primer intento por aglutinar todos los datos, Aragón no envió ninguna información y Madrid lo hizo de manera «asimétrica y poco fiable». Ahora, el Gobierno aragonés sostiene que tiene las cifras preparadas, pero solo las compartirá con el Ministerio si así se lo exige el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) cuando resuelva la suspensión cautelar solicitada del requerimiento. Según su consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, Aragón «no es un Gobierno insumiso, cumple las leyes y las resoluciones de la justicia». 

Sira Rego tiene pendiente anunciar la fecha de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se abordarán los criterios de reparto y la financiación del nuevo sistema. Según fuentes del Ministerio, la fecha de la convocatoria podría hacerse público hoy. Si las comunidades autónomas no alcanzan un acuerdo sobre los parámetros que regirán la distribución de menores, el decreto establece que será el Estado quien imponga el modelo previsto en la norma, que contempla factores como la población, el PIB, el esfuerzo previo, la tasa de desempleo o la insularidad. A pesar de todas las trabas que están poniendo las comunidades, Rego sostiene que el reparto de los menores empezará en verano.

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