Más de 31.000 isleños fallecidos en la cola de la dependencia desde 2019

Más de 31.000 dependientes han fallecido en Canarias esperando por la prestación de la dependencia desde 2019. Los óbitos se produjeron durante los diferentes estados del procedimiento: con la solicitud presentada pero sin valorar, con la resolución de grado a la espera del Programa Individual de Atención (PIA) o con la prestación reconocida pero sin haberla recibido. En la legislatura del pacto de las flores el número de fallecimientos se elevó a unos 23.400 entre 2019 y 2023, entre cuyas causas se encuentran las numerosas incidencias en la gestión de la dependencia reflejadas en un informe interno y que afectaron a los tiempos de espera. Entre las «irregularidades» detectadas hay más de 6.500 solicitudes de valoración sin registrar en el sistema; 2.840 expedientes de revisión de grado y recursos de alzada pendientes de tramitación o 16.104 expedientes con errores sin resolver. En las últimas cifras de 2024 y hasta abril de este año los fallecimientos se elevan a unos 7.800.

Las estadísticas referidas a las muertes de dependientes en listas de espera o en el llamado limbo de la dependencia han sufrido altibajos desde que comenzó a aplicarse la ley hace 18 años. El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) comenzó con cifras oficiales de personas fallecidas en las distintas fases del proceso en enero de 2024, mientras que para analizar los años anteriores hay que acudir a los informes anuales del Observatorio de la Dependencia nacional, órgano vinculado a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y a los análisis anuales que también realiza la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En Canarias son más las personas que fallecen pendientes del grado o del PIA que las que se encuentran a la espera de la prestación aprobada, que puede ser tanto una ayuda económica como una plaza en centro de día o en residencia, en función del grado de dependencia que evalúen los técnicos. La lentitud en el tiempo que se tarda en las resoluciones de grado lastra el sistema con personas mayores que mueren sin haber recibido el derecho que les reconoce la ley. En la legislatura anterior más de 14.000 dependientes fallecieron esperando por el grado y el programa vinculado al mismo, mientras que otros 9.000 no llegaron a tener la prestación que se les aprobó, es decir, quedaron en el limbo de la dependencia sin recibir la prestación comprometida.

En Canarias mueren más dependientes a la espera del grado o del PIA que con la ayuda concedida

Estas cifras sitúan a Canarias como la quinta comunidad autónoma que en este periodo tuvo más fallecidos en estas circunstancias. Por delante las comunidades más habitadas: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Se da la circunstancia de que los años 2020 y 2021 estuvieron condicionados por el Covid, que atacó también a personas mayores con patologías respiratorias. En Canarias no se dispararon los fallecimientos en estos años más allá de la media, de hecho, según los informes del Observatorio de la Dependencia y de Fedea, en 2020 fallecieron 6.265 dependientes esperando por la tramitación de la prestación, mientras que en 2021 fueron cerca de 3.000.

Repunte

Sin embargo, en los años 2022 y 2023 hubo un repunte de óbitos con más de 6.700 en 2022 y unos 6.500 en 2023, lo que elevó la cifra a más de 23.000. En el informe interno de gestión de la dependencia se recoge que la plataforma Hiperreg comunicó a la Dirección General de Dependencia la existencia de numerosos expedientes no recepcionados correspondientes al periodo 2022-2023 «destacando 502 minutas pendientes de procesamiento».

La problemática de Dependencia fue recogida en un detallado informe fechado el 6 de febrero de 2024 elaborado por la Jefatura de Servicio de Valoración y Orientación de la Dependencia. Según el mismo «los expedientes se encontraban almacenados en una carpeta de red sin haber iniciado el correspondiente ciclo de gestión». Esta situación sugiere al actual equipo del departamento «la existencia de una instrucción expresa de no procesar esta tipología de solicitudes, aunque no se ha hallado constancia escrita de dicha orden».

En esta legislatura ya el Imserso cuenta con estadística oficial de personas fallecidas relacionadas con las distintas fases del proceso de reconocimiento de la dependencia, desglosado por los distintos estados de la tramitación. Según estas cifras, en 2024 un total de 5.132 personas fallecieron con la prestación reconocida o pendientes de recibirla, mientras que entre enero y abril de este año los fallecidos fueron 2.242, la gran mayoría -1.846- con la ayuda reconocida.

Esta nueva guerra abierta entre el actual equipo de la Consejería de Bienestar Social, que dirige Candelaria Delgado, y el anterior del pacto de las flores ha supuesto un cruce de críticas y reproches entre la titular de la Consejería y la exdirectora general de Dependencia, Marta Arocha. La dirigente socialista, actualmente senadora por Tenerife, no da credibilidad a un informe que califica de «fantasma» y se remite a las cifras oficiales del Imserso, mientras que Candelaria Delgado advierte que su departamento quiere «transparentar» los datos y la evolución de las cifras, ya que defiende que una parte importante de la caída de las prestaciones en los primeros meses de este año se debe a la gestión del Gobierno anterior.

El Imserso cuenta con cifras oficiales desde 2024; los análisis anteriores son del Observatorio y de Fedea

Para acelerar los expedientes el Gobierno ha dotado con más de cinco millones de euros a un plan de choque para contratar a 135 nuevos efectivos, aunque los sindicatos han advertido que se trata de plantilla que se ha ido al acabarse sus contratos, con lo que en realidad no hay un incremento nuevo del personal. Asimismo, se ha aprobado recientemente el nuevo decreto que regula el procedimiento para regular el sistema y que será monofásico, es decir, en una sola visita del personal especializado al dependiente se analizará su situación y se realizará el Programa Individual de Atención (PIA) con el fin de acortar los tiempos de trámite y la espera. El objetivo es llegar a cumplir el plazo establecido por la ley, que es de seis meses entre la presentación de la solicitud y la concesión de la prestación, un periodo del que siempre ha estado alejado Canarias mientras otras comunidades sí lo han logrado. 

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