Los jóvenes investigadores canarios exigen publicar los contratos predoctorales antes de verano

La Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife (Jinte) ha denunciado lo que califican como el «enésimo fracaso» del programa de contratos predoctorales del Gobierno de Canarias. El colectivo critica, en este sentido, la decisión de trasladar la convocatoria a las universidades y los centros de investigación «sin que existan suficientes garantías de estabilidad para vincular al personal predoctoral durante los cuatro años que exige la normativa vigente». 

Los investigadores hacen alusión a una de los principales motivos de retraso de esta convocatoria: el hecho de que no existiera desde el principio suficientes garantías sobre la financiación a largo plazo del proyecto. No en vano, pese a contar con el compromiso del Ejecutivo para sufragar los costes asociados año a año, el dinero –que a día de hoy aún no se ha transferido–, el millón de euros que se proporcionará a cada universidad solo es suficiente para sufragar un año de contrato a los beneficiarios.

Jinte asegura que, tras conocer por las declaraciones del vicerrector de Investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Aparicio, en el último Consejo de Gobierno de la institución académica, han llegado a la conclusión de que «sigue existiendo incertidumbre sobre la vía administrativa más idónea para permitir un marco de financiación estable que permita formalizar contratos de cuatro años para el personal investigador en formación». Para el órgano de representación de los jóvenes investigadores esta situación pone de relieve que esta convocatoria «nunca debió haberse trasladado». 

Meses de trabajo

En concreto, los organismos de investigación han estado trabajando desde finales de año junto a la Agencia Canaria de Investigación (Aciisi) en alternativas para poder dar estabilidad a los futuros científicos de las Islas. 

La primera alternativa propuesta a la Consejería de Universidades, Ciencia y Cultura fue que sufragaran los cuatro años de contrato directamente. Es decir, le cedieron a cada una de las universidades un total de cuatro millones y medio anuales para poder sufragar estos contratos. Pero esta opción se descartó porque el Ejecutivo no dispone de este montante.  

Como segunda opción, las universidades propusieron firmar un convenio de colaboración en el que se reflejaran los fondos que tenía que traspasar la Consejería a las universidades. «Esta propuesta se recibió bien, aunque ahora nos han explicado que existen algunas dificultades», reveló Antonio Aparicio. 

Uno de los problemas es que estas subvenciones se han otorgado de forma nominativa, lo que, por un lado, permite disponer de los fondos con mayor agilidad, pero tienen el hándicap de que su ejecución está sujeta a la disponibilidad presupuestaria anual, lo que limita la posibilidad de comprometer financiación plurianual.

Finalmente, las universidades, se han propuesto adelantar el dinero de la convocatoria a la espera de que lleguen los fondos. «Esto supone que tendremos que avalar con 3 millones de euros más la convocatoria», sentencia el vicerrector. Sin embargo, la propia ULL afirma que la convocatoria no se ha sacado aún porque los fondos comprometidos por el Gobierno aún no han llegado. 

La Aciisi, que, afirma haber mantenido una comunicación constante con las entidades beneficiarias, asegura que «solo la ULL y la FIISC han presentado solicitud de subvención, mientras que la ULPGC y el CSIC aún no lo han hecho». Además, como la ley no permite aprobar subvenciones de carácter plurianual, lo que se ha hecho es enviar por escrito el compromiso de la propia consejera para mantener la financiación año a año. En cuanto a la financiación, depende de los límites derivados de los principios de estabilidad presupuestaria, pero el objetivo del Ejecutivo es que, siempre que se pueda, mejorarlo.

Ultimátum a Machín

Sea como fuere, este nuevo retraso de la convocatoria –que ya lleva casi un año y medio sin publicarse– ha llevado a la Asociación Jinte haya a darle un ultimátum a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín.  

La intención de su conminación ees que la convocatoria de contratos predoctorales Tesis 2025 sea publicada de forma urgente antes del verano por parte de la Agencia Canaria de Investigación pues de lo contrario «nos veremos obligadas a exigir que se asuman responsabilidades al más alto nivel», señalan.

La asociación se muestra contundente ante lo que consideran «una histórica gestión muy deficiente del programa de contratos predoctorales». A juicio de los jóvenes investigadores, «el Gobierno de Canarias ha pretendido ahora descargar su responsabilidad en las universidades públicas, cuando las personas perjudicadas son las jóvenes investigadoras que están haciendo su tesis gratis». A esto añade que la publicación de estos contratos lleva siendo mucho tiempo errática y que, ya se ha perdido una convocatoria completa. «Están en una situación de máxima vulnerabilidad desde 2023», insisten, haciendo alusión a la fecha de la última convocatoria de este programa. 

Para Jinte «se ha cometido un error muy grave que pone en serio peligro la convocatoria de 2025, algo absolutamente inadmisible que avisamos a la Consejera en una reunión a finales del año pasado en la que asumió el compromiso de recuperar los contratos ante un posible fracaso de la vía elegida». La entidad hace un llamamiento a cumplir con dicha promesa, garantizando así que se contrate cuanto antes a las personas jóvenes investigadoras y trabajando en paralelo con todos los agentes por otras posibles fórmulas de mejora del programa para 2026.

 Además, desde la asociación califican de «error mayúsculo» la cesión de la gestión a las universidades. «Se ha pretendido desmantelar el programa autonómico de contratos predoctorales derivando la responsabilidad en las universidades públicas, lo que no puede servir como excusa para no implementar los planes propios que contempla la normativa vigente y que se hacen más necesarios que nunca ante la deficiente gestión que está protagonizando el ejecutivo autonómico».

Por último, la asociación traslada que se mantendrá vigilante en el cumplimiento de esta exigencia de la juventud investigadora y anuncia que, de consolidarse esta situación, emprenderán «todas las movilizaciones sociales que sean necesarias para hacer valer los derechos de la juventud investigadora, que son sistemáticamente ignorados por las instituciones públicas».

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