Un 18M impaciente exige pasar ya a la acción y poner límites al turismo en Tenerife
Los organizadores de la manifestación exigen una Ley de Residencia y anuncian acciones legales contra políticos y funcionarios que autoricen proyectos ilegales en las Islas

Arturo Jiménez
Menos pero más impacientes. ‘Canarias tiene un límite’ volvió este domingo a marcarse un tanto a su favor y a sacar a las calles una multitud en contra del modelo económico de las Islas, la excesiva dependencia del turismo o su crecimiento.
Esta vez fueron en torno a 23.000 personas en toda Canarias, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno en Canarias -menos de la mitad de las 57.000 que contabilizaron fuentes oficiales hace un año-, pero más impacientes.
En la tercera convocatoria de protestas exigen a los políticos pasar ya a la acción con: una ley de moratoria turística que impida la construcción de nuevos establecimientos, incluidos los que están ya en marcha y cuya paralización supondría sanciones millonarias para las administraciones; una ley de residencia que impida a los no residentes adquirir vivienda –una propuesta por la que ya pelea el Ejecutivo canario en Bruselas para tratar de buscar resquicios al derecho de tránsito y residencia de la Unión Europea- o, en palabras de algunos de los portavoces de los colectivos integrados en la plataforma, una ecotasa «real», justo en el momento en el que el pacto de Gobierno CC-PP se divide en la necesidad de buscar medidas fiscales que reequilibren el impacto de turismo de masas en el territorio.

Originalidad en la manifestación del 18M en Tenerife / Arturo Jiménez
La isla con mayor participación en las manifestaciones fue Tenerife. En torno al medio día la Policía Nacional cifraban en unas 15.000 los congregados en la Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife. En un cálculo según el metro cuadrado la cifra bajaría al entorno de las 9.000; le siguió Gran Canaria, donde en Las Canteras se habrían reunido unas 5.000; Lanzarote, con 2.000; La Palma, con 500; Fuerteventura, 500; La Gomera, con 100, y El Hierro, con 90. Se unieron en Madrid y otras ciudades de la Península concentraciones de poca relevancia.
El gentío, en todo caso, coincidía en criticar que el Gobierno de Canarias haya ignorado el «grito colectivo» de aquel 20 A de 2024 y no haya dado ni un paso para dialogar, a pesar de que desde la plataforma se han planteado propuestas viables. «No nos vamos a rendir», insistieron los convocantes, que advierten que harán llegar sus reivindicaciones a todos actos públicos y espacios turísticos «donde haya que alzar la voz».
Es más. Estudiarán emprender acciones legales contra las administraciones, políticos o técnicos que aprueben proyectos o infraestructuras, a su entender «ilegales» que impliquen una mayor destrucción del territorio. «Que paguen por lo que nos están haciendo. Este modelo nos está matando», aseguró la portavoz de Canarias tiene un límite encargada de leer el manifiesto en la Plaza de España al final de la manifestación.
Entre los proyectos en la Isla que señalan como destructivos mencionan la urbanización Cuna del Alma, en El Puertito de Adeje, el hotel de La Tejita y el circuito del motor en Atogo (Granadilla), o futuros campos de golf, como el de La Hoya (Adeje).
La manifestación se desarrolló sin incidencias, según la Policía, y en un ambiente festivo. Los sonidos de bucios, chácaras y tambores, en algunos momentos con aires de tarajaste, animaron diferentes partes del recorrido.
ATAN
Eustaquio Villalba, de ATAN, insistió en el mensaje de que se protestaba contra un «modelo económico que nos ha llevado al colapso actual». «Somos la expresión del malestar de la sociedad canaria» resumió, al tiempo que tildó la ecotasa anunciada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de «propuesta demagógica, que no sirve para disuadir» a los potenciales visitantes, sino «para recaudar fondos».
Villalba lamentó que las autoridades no entren «en el meollo de la cuestión», que pasa, desde su punto de vista, por parar o limitar el número de visitantes y plazas turísticas en las islas.

Manifestación del 18M en Tenerife de 'Canarias tiene un límite' / Arturo Jiménez
Salvar La Tejita
Para Daniel Duque, portavoz de Salvar La Tejita, el éxito de la manifestación de ayer tiene su origen precisamente en los titubeos de algunos políticos, «como Rosa Dávila, con su ecotasa». A su juicio, una de las consecuencias negativas de la actual realidad económica de las Islas está en el problema de la vivienda, «que es una prioridad y hay muchas complicaciones para tener una casa e, incluso, una habitación». Y añadió al listado: la precariedad laboral «que también tienen relación con el desarrollo turístico».
Desde la perspectiva medioambiental Salvar la Tejita incluye en el lado de los contras la proliferación de vertidos ilegales de aguas fecales o residuales al mar en diferentes puntos del Archipiélago.
«Todos somos conscientes de que hemos llegado al límite» insistió Duque y coincidió con Eustaquio Villalba en la necesidad de aplicar una moratoria, «que cada vez es más que necesaria, imprescindible. No podemos consumir un metro cuadrado más».
De fondo se repetían las misma consignas de las dos convocatorias anteriores: «Coalición Canaria es una inmobiliaria», «No es turismofobia, es supervivencia» o «más fundamento y menos cemento».
Entre los asistentes estaba Wladimiro Rodríguez Brito, exprofesor de Geografía de la Universidad de La Laguna (ULL) y exconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, décadas atrás, en el Cabildo de Tenerife por CC. Defiende que «está claro que el modelo actual no puede sostenerse», ni la economía depender de una única actividad productiva, el monocultivo del turismo, con una «gran dependencia del exterior».
El nacionalista apuesta por cuidar el subsector turístico, pero teniendo en cuenta la limitación de nuestros recursos, entre otros los hídricos. Rodríguez Brito estima que no debe haber rivalidad entre los recursos hídricos destinados al sector primario y los que van a atender las necesidades de las empresas turísticas. Comentó el exconsejero que para un agricultor de Vilaflor, por ejemplo, disponer de una pipa de agua ( menos de 500 litros) le supone el 50% de lo que recibe por su cosecha, mientras que para un turista el 3 o 4% por ciento de su factura.
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