¿"Rojos" en Artenara?
Siete vecinos del municipio cumbrero, todos concejales en el Ayuntamiento, fueron acusados en abril de 1940 de pertenecer al Frente Popular y, finalmente, la causa contra ellos fue sobreseída

Artenara en los años 30 del siglo XX. / FEDAC

Cuando el correo llegó a Artenara a finales de abril de 1940 siete de sus habitantes y sus respectivas familias, y hasta el pueblo entero, sintieron que el mundo se les venía abajo. Un miedo desconocido hasta ahora recorrió cada calle de la capital del municipio más alto de Gran Canaria. Y es que sus sufridos habitantes habían pasado todo tipo de penurias y habían salido adelante. Pero esto era otra cosa.
El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Canarias (TRRP, rollo 202/1940, en Archivo Histórico Provincial de Las Palmas) les convocaba para presentarse en Las Palmas y responder a la acusación de pertenecer al Frente Popular y haber sido nombrados por el mismo como concejales del pueblo a partir de febrero de 1936. Se trataba de Juana García Rodríguez, Juan Cárdenes Rodríguez, Abraham Romero González, Juan Cabrera Luján, León Díaz Sánchez, Sofía Díaz Reyes y Juan Miguel Melián Medina.
Y es que la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 lo decía bien claro. Todos aquellos que hubieran formado parte de una corporación local designada por el Frente Popular tenían que ser castigados. Los militares sublevados supieron sembrar un amplio argumentario, a partir del 18 de julio de 1936, culpabilizando a los partidos y sindicatos situados en el ámbito ideológico de la izquierda por haber puesto en marcha una revolución comunista y soviética en España, naturalmente teledirigida por los tentáculos de Stalin y la Unión Soviética, En este esquema mental, todos aquellos que se hubieran expresado democráticamente en la búsqueda de la igualdad o simplemente por la ampliación de los derechos sociales eran comunistas que merecían el castigo.
Hordas rojas
Según ellos, el pronunciamiento militar impidió que el territorio patrio pasara a formar parte del que estaba en manos de las “hordas rojas”. Naturalmente, este argumentario venía a justificar los crímenes cometidos por la rebelión militar y funcionaba como adormidera de sus conciencias. Las decenas de miles de fusilados por consejos de guerra o simplemente asesinados y abandonados en cunetas, simas y pozos, los cientos de miles de detenidos y torturados, los millones de represaliados estaban justificados y la crueldad de la represión no era otra cosa que la espada del ángel exterminador, salvador de España (recordemos al generalísimo contemplando su obra desde el monumento dedicado a su persona en Santa Cruz de Tenerife).
En una especie de inversión argumental, los criminales culpabilizan a sus víctimas por haber provocado que ellos sacaran lo peor de sí mismos. Es una forma de transferencia de la culpa y de evitar los remordimientos. De nuevo el colapso moral. Todo se hizo por un bien mayor. Valió la pena convertir la patria en un cementerio, porque de él brotarán las buenas semillas que regenerarán el tejido social libre de las malas hierbas. Para vomitar.
¿Por qué nosotros?
Pero volvamos a los compungidos artenarienses. En su largo trayecto a la capital de la isla -la mayor parte de las veces andando durante horas y horas desde que salía el sol-, para responder ante el tribunal acusador, probablemente tendrían tiempo de reflexionar sobre lo que estaba pasando. ¿Por qué nosotros? ¿Qué habíamos hecho? ¿Nosotros..., comunistas..., “rojos”…? Debía de haber algún error. Y es que haciendo un repaso del perfil personal de los siete convocados podemos elaborar una radiografía social, económica y política de Artenara.
En abril de 1933 algunos municipios canarios celebraron elecciones municipales. Eran aquellos donde no se habían producido elecciones en abril de 1931, cuando se proclamó la República, puesto que se les había aplicado el artículo 29 de la Ley electoral del momento que decía que cuando solo concurriera una candidatura esta sería proclamada automáticamente sin pasar por las urnas. Los resultados de los comicios fueron inequívocamente favorables a las derechas en Artenara, siendo la lista de Acción Popular la más votada con 5 concejales, dos los consiguió el Partido Radical y otros dos los republicanos independientes. No había representación para el republicanismo de izquierda, ni mucho menos para los socialistas o los comunistas.
De derechas
Artenara era un municipio que votaba por las derechas, lo que se confirmaría en las dos elecciones generales de 1933 y 1936. En ambas, la candidatura del dirigente del Partido Popular Agrario José Mesa y López obtendría los máximos resultados, siendo el voto de la izquierda bastante irrelevante. Por poner un ejemplo, en las de 1933 Mesa obtiene 240 votos mientras que Franchy y Roca solo 20. En 1936 se confirma esta tendencia: Mesa con 191 apoyos, mientras que la candidatura de izquierdas no obtiene ni un solo voto, cosa muy sospechosa y que apunta a una manipulación electoral.
La división de las derechas entre Acción Popular y los Agrarios va a ser una rémora importante para su victoria en las últimas elecciones republicanas en la provincia de Las Palmas, pero no hay duda del predominio de estos últimos en el municipio de Artenara. Y es que el mundo de los pequeños y medios propietarios agrícolas de la Gran Canaria profunda vota inequívocamente por las derechas y tienen un perfil ideológico fuertemente influido por las posiciones de la Iglesia y el catolicismo español, enfrentados casi unánimemente contra el régimen republicano.
Programa gradual de reformas
Sin embargo, cuando las izquierdas llegan al poder designan en todos los municipios de España comisiones gestoras compuestas por personas de izquierdas, como habían hecho las derechas en sentido contrario después de las elecciones de 1933, en Artenara no van a alterar la correlación de fuerzas existentes, confirmando en la gestión municipal a aquellos que habían figurado en la etapa anterior. Es decir, el gobierno del Frente Popular no designa a personas de izquierda en Artenara para dirigir el municipio, consciente de lo impopular que esa medida podía suponer. Lo que nos hace pensar sobre las posiciones moderadas que el gobierno del Frente Popular intentó llevar a cabo, con un programa de reformas gradual y mesurado.
Pero para los golpistas eso les daba igual. Manipularon la información durante la guerra civil y el franquismo para dar a entender que los republicanos querían un régimen comunista, cuando lo que estaban haciendo era intentar mantener la estabilidad política y salvaguardar el régimen democrático y constitucional.
Los artenarienses convocados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en 1940 eran sospechosos de colaborar con los “enemigos”, y es que el régimen franquista se caracterizaba por una acusada tendencia a ver enemigos por todas partes, afectando incluso a aquellos que estaban en la órbita del nuevo orden.

Juana García Rodríguez, alcaldesa de Artenara / Archivo familiar
La primera alcaldesa de Gran Canaria en la historia
En primer lugar, y de manera destacada, estaba la primera y única alcaldesa de Gran Canaria hasta ese momento en toda su historia. Se trataba de Juana García Rodríguez, todo un personaje. En 1936 contaba con 46 años, estaba casada con el guarda forestal José Romero González, hermano de Abraham, también expedientado. El matrimonio no había tenido descendencia, pero Juana es una mujer muy sociable, simpática, matriarcal, inteligente y cristiana hasta la médula, se sabía todos los rezos y solía cantar para su familia.
Era generosa y regentaba una tienda en medio del pueblo, facilitando alimentos a los que lo necesitaran. Algunos todavía la recuerdan montada a caballo, subiendo y bajando montañas. Tenía propiedades, heredadas de sus padres, entre las que se contaba la casa donde vivía en la Plaza del pueblo y varias parcelas de tierras en diversos lugares (Roque García, Montaña del Brezo y Goteras, Las Mesetas y Hoya del Laurel, Hoya del Pajar, Vega de Acusa y Las Portuguesas), sumando un total nada desdeñable de 3 fanegadas y media. Cuando Juana acude al Tribunal el 17 de junio de 1940 solo dice la verdad: que era simpatizante del Partido Agrario, que estaba a favor de la llamada causa nacional y que, efectivamente, fue alcaldesa durante el Frente Popular pero también en el periodo anterior a partir de 1933.

Uno de los expedientados, Abraham Romero González / Archivo familiar
Comerciante y agricultor
Pero, probablemente, uno de los ejes principales de la estructura social en el municipio fue Abraham Romero González. Era cuñado de la alcaldesa y de otro concejal, Juan Cárdenes Rodríguez, quien se había casado con su hermana en primeras nupcias. Abraham era, a la vez, comerciante y agricultor. Tenía una tienda en medio del pueblo y un terreno en la zona de La Crucita. En 1940 su mujer había tenido cuatro hijos, pero el número aumentó en los años siguientes hasta los diez vástagos.
Su hija, la maestra Isabel María Romero Melián (auténtica informante para este artículo y poseedora de una memoria extraordinaria), lo recuerda justo, cabal, honrado y apreciado por todo el pueblo. Tuvo una vida larga y falleció en 1995, cuando contaba 92 años. El 8 de mayo de 1940 declaró ante el Tribunal. No tenía perfil político ni simpatizaba con algún partido, pero fue elegido en 1933 y permaneció en el cargo durante el Frente Popular.
Un medianero y dos parientes del cura
Juan Cárdenes, otro concejal, vivía en Las Cuevas y trabajaba como medianero de José Díaz Hernández. Luego compró in retro unos terrenos de regadío y secano a Carmen Díaz González. Su primera mujer, hermana de Abraham, había fallecido en el parto, y su hijo sobrevivió hasta los 14 años.
La parroquia de Artenara, al frente de la cual estaba el sacerdote Miguel Díaz Sánchez, tenía una gran influencia en el municipio. No por casualidad el cura estuvo al frente de la parroquia la friolera de 36 años, desde 1910 hasta 1946. Una de sus sobrinas era concejala, Sofía Díaz Reyes, quien declaró al Tribunal que pertenecía a Acción Popular. Su marido poseía una tienda en el pueblo y se la recuerda como “trabajadora, valiente y muy fuerte”.
También, un hermano del cura fue concejal. Se trataba de León Díaz Sánchez, “Leoncito” le llamaban. Era una persona culta, se dedicaba a la caza y sus perros sueltos se metían en las casas. Tenía 54 años en 1940. Iba para sacerdote pero interrumpió la carrera eclesiástica, aunque tenía el cargo de sochantre de la Iglesia de Artenara (director de coro en los oficios). Tenía terrenos en el municipio y en Gáldar. Ante el Tribunal declararía que había sido de Acción Popular y concejal desde 1933.
Agricultores
Los otros dos concejales convocados por el Tribunal en 1940 fueron Juan Cabrera Luján y Juan Miguel Melián Medina. El primero contaba con 48 años en ese año. Estaba casado y tenía dos hijos. Era ganadero y agricultor, tenía tres vacas, tres cabras y un asno, así como casa y terrenos en la zona de Las Hoyas, lo que le valió el apelativo de Marqués de Las Hoyas. Había estado en Cuba, pero no parece que volviera con mucho dinero. Ante el Tribunal dijo el 8 de mayo que era simpatizante de la derechista Acción Popular y que era persona de orden.
El segundo, Juan Miguel Melián, tenía un perfil más discreto. Trabajaba en la finca de su padre, era soltero y, además, estaba emparentado con el propio Abraham, ya que este se había casado con su hermana. Declaró con 38 años ante el Tribunal que su filia política estaba con Acción Popular, que había formado parte de las milicias de Acción Ciudadana al comienzo del golpe militar y que en ese momento era de Falange.
Resultaron ser de derechas
No tardó mucho el juez instructor de Responsabilidades Políticas, Cándido Vera Cuchillos, en darse cuenta del perfil derechista de los supuestos “rojos”. Un auto suyo de 21 de noviembre de 1940, más de seis meses después del inicio del expediente, lo dice claramente: “No encontrando... motivo de responsabilidad alguna... porque fueron nombrados después de un triunfo relativo de un partido de derechas”.
En resumen, los expedientados eran de derechas y no habían estado a favor del Frente Popular. El Tribunal sobreseyó el expediente y los acusados respiraron tranquilos. Estaban libres y no existía amenaza alguna en contra de sus propiedades, cosa que sí ocurría en el caso de que hubieran sido de izquierdas. El régimen franquista también estaba más aliviado. No existía amenaza “roja” en las cumbres de Gran Canaria.
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