La oposición llovizna y el Gobierno ni lo oye

Quizás porque afuera llovía asombrando a mayo el pleno del parlamento de Canarias empezó casi puntual. Si se retrasó algunos minutos fue porque sus señorías no eran capaces de renunciar a saludos y chismes que ni siquiera se agotaron cuando entraron en el salón de plenos, casi cogidos de la mano, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, que no se habían arrancado mutuamente la cabeza, para estupefacción de los socialistas canarios, que siguen viviendo emocionadamente la fantasía de una ruptura del Gobierno. Si Pedro Sánchez sigue mandando a Santos Cerdán a pastelear con Puigdemont para suplicarle sus votos en el Congreso de los Diputados, ¿por qué iban a dejar de hablarse Clavijo y Domínguez? Llegaron pues los dos como si llegaran de la boda de un amigo común, repartiendo sonrisas y saludos (solo faltaban los puros) y aun así la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, debió esperar unos minutos hasta el fin de los murmullos. Antes de comenzar la sesión de control Pérez lamentó el fallecimiento que se produjo en un accidente de guagua en La Gomera –allá en el fondo Casimiro Curbelo, con el rostro contrariado bajo las cejas nevadas, parecía una bandera a media asta– y trasmitió el deseo de que los once heridos se recuperaran pronto.

Abrió el turno de las preguntas al jefe del Ejecutivo Juan Manuel García Casañas, portavoz del PP, que quería preguntar por la situación de La Restinga, pero que consiguió hilar a su interrogante los wasaps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicados por El Mundo. El cronista no sabe todavía cómo lo hizo, y sospecha que ni Chomsky se hubiera enterado. Hay facetas del antisanchismo que son, en sí mismas, un verdadero arte. Al parecer mientras llegaban cayucos continuamente a La Restinga el presidente Sánchez se metía wasapperamente con Susana Díaz y Ábalos elogiaba el filo de su maldad presidencial. Clavijo explicó sucintamente que el Gobierno de Canarias había cumplido con sus compromisos, pero el de España no había movido un chavo en La Restinga. Una de las preguntas más esperadas era de la Luis Campos, que acusó al presidente de mentir sobre las cifras de dependencia al pleno. «Y no puede decir que ha sido un error», machacó, «porque era evidente la incoherencia de su argumentación». Clavijo lo descolocó ligeramente al reconocer que se había equivocado con las cifras y pidió disculpas a su señoría y, en particular, al portavoz de Nueva Canarias. «Ha sido un error en la transmisión de la información al Gobierno central», dijo, «pero ese error no ha perjudicado a los ciudadanos ni desde luego ha afectado a las arcas públicas, de manera que no hay que exacerbarlo». Después presumió un poco de éxitos en la Consejería de Bienestar Social, como la tarjeta y la app como nuevos instrumentos del sistema de dependencia al servicio de los afectados. Luis Campos parecía sinceramente contrariado. Es el mejor orador de la Cámara sin duda, pero todavía no termina de pillar a Clavijo.

Y en esto se levantó Sebastián Franquis e intentó por enésima vez, con una testarudez casi enternecedora, tensar las relaciones entre los socios centrales del Gobierno, CC y el Partido Popular. Franquis le ofreció al presidente del Gobierno «y secretario general de Coalición Canaria» a presentar con el grupo parlamentario socialista un decreto o un proyecto de ley para establecer una tasa, un impuesto, un animal, vegetal o mineral para gravar las pernoctaciones de los turistas en Canarias. No deja de resultar sorprendente que el PSOE lleve año y medio con unas prisas angustiosas por aprobar una ecotasa, cuando durante el mandato de Ángel Víctor Torres se resistieron a la medida como gatos desarrollistas panza arriba. Pero Franquis insistió. «Existe mayoría en esta Cámara para que podamos aprobar una medida que nos está exigiendo la ciudadanía».

Pleno del Parlamento (13/05/25)

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Quizás exista mayoría en la Cámara. Donde no existe es en la política canaria, en nuestro ecosistema del poder político, porque según qué ayuntamientos y cabildos el PSOE y Coalición demuestran distintas sensibilidades. A Carolina Darias no se le ha ocurrido poner una ecotasa en Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco lo ha hecho, por supuesto, José Miguel Rodríguez Fraga en Adeje. Clavijo optó de nuevo por la táctica del buen rollito y le recordó a Franquis que ni Coalición, ni el PP, ni ASG, ni la Agrupación Herreña Independiente –los partidos que apoyan al Ejecutivo– incluyeron en sus programas electorales en 2023 la implantación de una ecotasa, pero que está dispuesto a hablar sobre la medida, con el PSOE y con el resto de las fuerzas políticas, así en la tierra como en el cielo. Las izquierdas parlamentarias intentan, con el mejor de sus esfuerzos, subirse a la crítica de las manifestaciones contra los estragos sociales y medioambientales del turismo en Canarias, como la convocada en las ocho islas para el próximo domingo. No es muy probable que lo logren, porque las manifestaciones de la plataforma Canarias tiene un límite hunden sus raíces en una desconfianza muy activa en los partidos políticos parlamentarios y en los responsables de la gestión pública de todas las administraciones. No son manifestaciones de siglas ni de partidos. Y el PSOE no termina de entenderlo, como no lo entienden algunos sectores coalicioneros, que creen que pueden apaciguar la crítica de los manifestantes. Pues bien, no pueden. Porque para la mayoría de los manifestantes en los partidos mayoritarios en Canarias no está la solución, sino una parte sustancial del problema.

El gran debate de la mañana fue el de la convalidación del decreto ley para la agilización de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. De repente pareció oscurecerse el salón de plenos y la izquierda señaló que el decreto pretendía privatizar la tramitación de licencias y el fin de los tiempos quedaba cerca. Todo por la mentira de que los ayuntamientos tardan hasta tres años en conceder una licencia de construcción. Bueno, una mentira según el PSOE y Nueva Canarias, aunque sea una mentira infernal para miles de canarios. Es impresionante el desparpajo de algunas de sus señorías. Carmen Hernández, de Nueva Canarias, llegó a afirmar, sin que se le cayera la cara al suelo, que cuando era alcaldesa de Telde las licencias urbanísticas no tardaban más de cuatro, cinco o seis meses en concederse. Eso explica, sin duda, que ya no sea alcaldesa de Telde. Hernández aseguró que CC solo quería enriquecer a los constructores, algo que el anterior Gobierno eludió por el procedimiento de no construir una puñetera casa en cuatro años. «Ustedes ven a Canarias como un tablero de monopoly, nosotros la vemos como nuestro hogar, llámenme ingenua si quieren». Para calificar políticamente a la señora Hernández se me ocurren muchas palabras. Pero ingenua, sinceramente, no.

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