El TS exige al Estado explicaciones inmediatas sobre los niños con asilo

La atención de los niños migrantes no acompañados se encuentra atrapada en un laberinto judicial. El Tribunal Supremo (TS) y Canarias dan pasos en paralelo para pedir explicaciones al Estado sobre la desatención de los menores solicitantes de asilo que están en centros de la red de acogida del Archipiélago. Estos menores debían haber sido integrados en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional tras la medida cautelar impuesta el 25 de marzo, para lo que el Gobierno central contaba con un «plazo improrrogable» de 10 días. Después de 49 días de espera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha convocado una vista pública para el 29 de mayo, en la que el Ejecutivo central deberá informar sobre las acciones emprendidas para cubrir a los 1.008 niños refugiados. Canarias, en calidad de demandante, también estará presente en la audiencia.

El Tribunal Supremo toma esta decisión tras la respuesta del Gobierno de España, que reconoció que «no se ha cumplido en sus propios términos» el requerimiento establecido en el auto. A la par, Canarias presentó una alegación ante el TS en contra del escrito presentado por la Abogacía del Estado, argumentando que «contiene contradicciones insalvables». El Estado expresa en el mismo documento su voluntad de cumplir con el auto, pero también subraya que su sistema no está preparado para acoger a menores no acompañados.

El Supremo emplaza al Gobierno a una vista para que le informe sobre las medidas para los menores solicitantes de asilo

Confusión en el Abogacía del Estado

En la vista, el Supremo exige al Estado que presente una «relación detallada» de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del sistema de protección internacional y de los que estén pendientes de evaluación. Además, este listado deberá incluir el recurso de acogida asignado a cada uno de los niños, así como la relación de aquellos que estén pendientes de adjudicación. En este sentido, en el escrito de alegación, Canarias adelanta que ninguno de estos pasos se ha ejecutado, pues los jóvenes «ni siquiera han sido objeto de la valoración individualizada que inicia el acceso al sistema». 

El Ejecutivo regional advierte que la Abogacía del Estado confunde el reparto y reubicación de menores entre todas las comunidades con el acceso al sistema de protección internacional. Una interpretación equivocada que Canarias considera una «huida de la correcta ejecución del auto», con la que el Estado pretende trasladar a las autonomías la atención de los niños con asilo, una competencia que es exclusivamente estatal. Además, el Gobierno canario recuerda que el interés superior del menor con derecho a asilo exige prestaciones específicas por la situación que pone en riesgo su vida y por los traumas que ello conlleva, algo que va más allá de la atención en los centros de acogida convencionales de una comunidad autónoma.

Aragón tendrá que aclarar en el Constitucional su negativa al reparto de los tutelados por Canarias

En caso de que el sistema nacional no cuente con plazas suficientes para responder a esta competencia estatal, el TS señala en su providencia que el Gobierno de España deberá especificar qué iniciativas concretas se han adoptado para obtenerlas y el plazo para tener a disposición dichos recursos. Desde que se publicó el auto, el Estado expuso la falta de espacios adecuados para atender a niños migrantes solos, una excusa que Canarias rebate en su alegación poniendo como ejemplo que «durante esta contingencia migratoria extraordinaria, ha creado 83 centros de acogida».

El Supremo también solicita al Estado información sobre los protocolos concertados con Canarias, así como un calendario detallado para su ejecución. El Gobierno regional recuerda en su escrito que la comunidad autónoma, incluso, puede colaborar y cooperar prestando personal para hacer la valoración individualizada de los menores, si el Estado no dispone de estos medios. 

Los tribunales también deberán pronunciarse sobre el reparto obligatorio de menores. El Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional debido a la negativa del Gobierno de Aragón de cumplir con el real decreto aprobado en marzo para regular la reubicación de los niños migrantes. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticó que esta comunidad autónoma sea la única que no ha enviado, en tiempo y forma, la información sobre los menores migrantes en situación de protección en su territorio.

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