El Fiscal General del Estado asume la tesis canaria de dar una "respuesta unitaria nacional" al drama migratorio

El discurso político que desde hace dos años enarbola el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para conseguir que la crisis migratoria que viven las Islas desde el segundo semestre de 2023 sea percibido como un problema de Estado que trasciende a la Comunidad Autónoma y a sus instituciones recibió este viernes el respaldo del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, al recordar que "este fenómeno no es puntual y ha venido para quedarse" y que esa realidad obliga a generar una "respuesta única, unitaria, en todo el territorio nacional" sobre la base de "estructuras estables" para garantizar "la dignidad de todo ser humano por encima de su origen, raza o condición".

Ese fue el mensaje con el que García Ortíz clausuró este viernes las Jornadas de las fiscalías de trata de personas y extranjería que se han celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, donde apeló a "la solidaridad de todos y de todas para afrontar los problemas que se dan en las islas".

Una reflexión que adquiere mayor importancia tras el fracaso que supuso la Conferencia Sectorial de Infancia del lunes y el boicot de las autonomías gobernadas por el PP al traslado de menores que obliga la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería que los barones conservadores han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Fiscal General del Estado clausuró las jornadas de fiscales de extranjería

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Colaboración interinstitucional y multidisciplinar

"Existe una realidad que debemos afrontar como Fiscalía, así como la sociedad española la tiene que afrontar como sociedad y todos los gobiernos como prestadores de servicios, y es ser capaces de responder a las tragedias humanas que suponen los flujos migratorios asumiendo que, por encima de todo, está la dignidad del ser humano", insistió García Ortíz ante los fiscales presentes en la clausura de las jornadas.

Para el Fiscal General, "la dignidad lo abarca todo en el ser humano, y nosotros, como defensores, como promotores de la justicia del Estado social, democrático y de derecho, la inherente dignidad del ser humano no la podemos perder de vista nunca". Por ello, agradeció a las instituciones canarias, pero de forma especial a "la población", haber conseguido "asumir la magnitud de este fenómeno siendo una tierra de acogida sin que haya ninguna fractura social".

"El camino de la colaboración interinstitucional es la forma en la que los servidores públicos podemos dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, sean ciudadanos de nuestro país o personas que vienen de otros lugares", concluyó.

En esta colaboración interinstitucional también incidió la Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez, al recordar que "no solo es un problema de Canarias, lo es del Estado y de la Unión Europea (UE), pero además la internacionalización del fenómeno nos exige coordinarnos también con los países de Latinoamérica".

Precisamente, el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, recordó que las costas canarias son "la frontera sur" no solo de España sino de la UE , por lo que se necesita una "ayuda multidisciplinar" que hasta el momento ofrece en solitario el Archipiélago.

Abogados gratuitos

Como ejemplo, recordó al Fiscal General del Estado que "en Canarias nos gastamos 29 millones de euros en asistencia jurídica gratuita en 2024, de los cuales casi 4 millones eran para ofrecer asistencia letrada a las personas inmigrantes que llegaban en cayucos y pateras". Una cifra que se suma a los 157 millones que supone el exceso de acogida y protección de menores inmigrantes no acompañados y a los 26 millones por los gastos sanitarios ofrecidos a migrantes el año pasado y los 12,5 millones de 2023.

"Las personas que llegan necesitan un apoyo asistencial y se precisa la participación de todos para evitar que se generen bolsas de hacinamiento y marginalidad que pueden tener graves consecuencias", insistió antes de reivindicar que se deben compensar los "muchos recursos que el Gobierno canario ha puesto en solitario porque o bien no existían o eran escasos".

Canarias gastó cuatro millones de euros durante 2024 en ofrecer asistencia letrada gratuita a los migrantes

En este aspecto, hay que recordar que la Consejería de Presidencia y Justicia se ha hecho cargo de abonar las guardias del Turno Especial de Extranjería, las asistencias de abogado por traslado de extranjeros a centros de internamiento (CIE) y desde de Santa Cruz de Tenerife a El Hierro, o las distintas intervenciones de los procuradores que certifica el colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife por las actuaciones de éstos en los distintos procedimientos interpuestos por los abogados.

"Hemos hecho un esfuerzo por el trato digno, pero entendemos que resulta insuficiente, máxime teniendo en cuenta el volumen de entrada", concluyó.

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