¿Pueden los cabildos imponer una tasa al turismo?

El debate sobre la sostenibilidad de la industria turística, azuzado desde las calles por las dos grandes manifestaciones del 20 de abril y del 20 de octubre del año pasado -habrá una tercera el próximo día 18 bajo el mismo lema: ‘Canarias tiene un límite’-, ha generado una discusión paralela sobre la fiscalidad ambiental. Partidos e instituciones lanzan propuestas en una vorágine en la que se entremezclan conceptos como tributo, impuesto, tasa, ecotasa... Pero ni todo es lo mismo ni todas las instituciones -Gobierno, cabildos, ayuntamientos- tienen la misma capacidad jurídica para establecer este o aquel otro gravamen -término que vale para englobar todas esas fórmulas tributarias: impuesto, tasa...-, con lo que el embrollo está servido.

El último capítulo de este festival de la confusión se ha producido por el anuncio de la división tinerfeña de CC de promover una «tasa turística insular por pernoctación». Un objetivo realizable, sí, pero que ni está en manos de los cabildos -tampoco de los ayuntamientos- ni por tanto podría materializarse mediante la fórmula de una «tasa insular». No cabe exigir una tasa por pasar la noche en un hotel. Y de hecho la secretaria de Organización de CC en Tenerife, Rosa Dávila -a la postre presidenta del Cabildo insular-, ya ha aclarado que en términos estrictos se trataría de un impuesto, la única fórmula posible para ello. 

Por partes. ¿Es factible establecer un gravamen o carga a las pernoctaciones de los turistas? Por supuesto. Pero ese gravamen o carga tendrá o tendría la forma jurídica de un impuesto. Y como tal deberá aprobarlo, en su caso, el Parlamento de Canarias, el Legislativo de la Comunidad Autónoma. 

El hecho imponible -la acción que genera la obligación de pagar el impuesto- sería la pernoctación en el hotel, lo que pondría de manifiesto la capacidad económica de esa persona -el huésped- para, a juicio del legislador, satisfacer el pago. Por eso la propia CC, en su último congreso regional, aprobó «crear» -promover- «un impuesto específico al sector turístico». El término no fue al azar, de ahí que aclarasen en su propuesta que ese impuesto se materializaría como «un recargo específico sobre el IGIC» -aquí hay cierta contradicción, porque en este caso no sería «crear» un impuesto, sino modificar uno existente- o «habilitando a las corporaciones locales para su imposición». ‘Habilitándolas’ porque, cabe insistir, ni los cabildos ni los ayuntamientos tienen potestad para establecer ese impuesto.

Medidas como la de cobrar por el acceso al barranco de Masca, en Tenerife, son la fórmula idónea de ‘ecotasa’

Ahora bien, resulta que en CC de Tenerife hablaron en principio de «tasa insular», y lo cierto es que las entidades locales pueden establecer tasas. El ejemplo está en la misma Tenerife, cuyo Cabildo ha instaurado una tasa por hacer el sendero del barranco de Masca. ¿Por qué es posible una tasa por acceder a Masca y no por pernoctar en un hotel? Pues porque la tasa exige una contraprestación. Quien la abona -ese senderista que va a Masca- disfruta a cambio de unos servicios, de una contraprestación ‘directa’ -el cuidado del camino, los baños y aseos, el transporte en la guagua...-, mientras que quien paga un impuesto lo hace, por imposición del legislador, para financiar a la Administración y sin una contraprestación ‘directa’. ¿Qué contraprestación pública recibe quien se aloja en un hotel? Ninguna, por eso gravar las pernoctaciones exige un impuesto, y un impuesto exige la intervención del Parlamento. Los cabildos pueden aplicar tasas, pero no a las pernoctaciones.

Por eso el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, dijo ayer que la propuesta de CC de Tenerife -a la que el PP se opone- «no es una tasa», sino un impuesto, algo que efectivamente aclaró la misma Rosa Dávila en una intervención en la Ser. La diferencia entre uno y otra es que el popular se ciñe a la ortodoxia para señalar que un impuesto no permitiría discriminar de forma que solo lo paguen los no residentes -es el hecho imponible el que genera la obligación de tributar, no la nacionalidad del obligado-, y Dávila sí ve margen para una suerte de ‘discriminación positiva’ en favor de los locales. Haya o no margen, este sería, en todo caso, muy estrecho, porque la Constitución es muy clara al respecto: «Todos» -«todos», cabe recalcar- «contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos [...]». «Si no pueden quedar exentos los de aquí, el PP no va a estar al lado», avanzó Domínguez.

Y a todo esto, ¿cómo el Ayuntamiento de Mogán ha implantado una tasa de 15 céntimos por noche? Pues llevando al límite ese principio de contraprestación ‘directa’ inherente a la tasa -se exige por una pretendida «prestación de servicios y realización singular de actividades sobre acciones derivadas del turismo»- y exponiéndose a que la Justicia la tumbe. Algo que los fiscalistas, por cierto, dan por hecho.