La insumisión de Aragón tensa aún más el reparto de menores

Aragón no cede. Su doble negativa a facilitar al Gobierno central los datos sobre la capacidad de su red de acogida de menores migrantes evidencia un rechazo firme a participar en el reparto solidario entre comunidades autónomas. El presidente aragonés, Jorge Azcón, volvió a calificar de «ilegal» el real decreto ley –recurrido ante el Tribunal Constitucional y admitido a trámite– y reiteró que su Ejecutivo no entregará la información solicitada por el Ministerio de Juventud e Infancia, clave para calcular la distribución de menores.

Esta actitud agrava la tensión con el Ministerio, que reclama cooperación autonómica para responder a la emergencia humanitaria que afronta Canarias, con 5.812 niños bajo su tutela. La ministra rego dio el martes un ultimátum a los gobiernos regionales a los que dio un plazo de 10 días para compartir sus datos. Aragón publicó en enero que la ocupación de su sistema de acogida alcanzaba el 189,42%, pero sin especificar el número de plazas habilitadas.

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Ante este rechazo rotundo a colaborar, el Estado puede presentar un recurso contencioso-administrativo para que sean los tribunales quienes determinen si existe un incumplimiento legal por parte de la comunidad autónoma y, en su caso, ordenen su rectificación. Si la sentencia obliga a la región a actuar y esta se niega a cumplirla, los jueces pueden imponer multas coercitivas a los responsables. Además, si la situación se agrava y persiste el desacato, el Gobierno central podría llegar a intervenir la autonomía, incluso recurriendo al artículo 155 de la Constitución Española.

Esta postura inflexible del Gobierno aragonés se entiende también en clave interna: las negociaciones presupuestarias con Vox están paralizadas y la política migratoria se ha convertido en el principal punto de bloqueo. Si bien, fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, sostienen que el rechazo al reparto obedece a que fue negociado a espaldas de las comunidades autónomas y con criterios «diseñados a medida» para Cataluña, lo cierto es que los criterios que recoge el decreto fueron acordados por unanimidad por todas las regiones en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en 2022.

El pulso del Ejecutivo aragonés puede terminar en un contencioso administrativo o en la aplicación del 155

En este clima de tensión, Azcón sostiene que «lo que se está haciendo con los menores no cumple con la legalidad», por lo que su Ejecutivo ya han interpuesto tres recursos: uno de inconstitucionalidad contra la totalidad del real decreto ley; otro contra la convocatoria extraordinaria de la conferencia sectorial celebrada el lunes; y un tercero contra el requerimiento de los datos de acogida, acompañado de una solicitud de suspensión cautelar del proceso.

Además de la insumisión de Aragón, Cantabria también pone trabas a la atención de niños migrantes. El Gobierno cántabro, también liderado por el PP, solicitó a la Delegación del Gobierno que inicie los trámites para expatriar a 18 menores migrantes no acompañados que están bajo su tutela, alegando que actúa en defensa del «interés superior del menor». Ante este movimiento, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusó al Gobierno de Cantabria de «despreciar» los derechos de los menores. «Pierden el tiempo y muestran un desconocimiento absoluto de las leyes españolas», afirmó. Cantabria cuenta con 212 plazas en su sistema de protección de menores, de las que 36 están asignadas a menores extranjeros.

Otra comunidad gobernada por el PP que se suma al pulso contra el reparto de menores es Galicia. Su consejera de Política Social, Fabiola García, advirtió que la propuesta del Gobierno central «pone en riesgo» el modelo de acogida que funciona actualmente en la comunidad. «No queremos crear guetos. Queremos que los niños sigan creciendo sin diferencias, como veníamos haciendo hasta ahora», sostuvo. La Xunta tutela a 90 menores migrantes y, en marzo, la ocupación de su red de centros era del 104%.

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