Negativa de las Cortes a limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros

El Senado se pronunció este martes contra una de las fórmulas que se barajan desde Canarias para controlar el precio de la vivienda en las Islas, proteger el territorio y evitar un crecimiento poblacional desmedido. La Cámara alta rechazó una moción del único senador por La Gomera de ASG (Agrupación Socialista Gomera), Fabián Chinea, en la que se instaba al Estado a poner en marcha medidas para limitar la adquisición de inmuebles por extranjeros tanto en Canarias como en Baleares, y sobre la que el grupo mayoritario, el PP, y Vox se pronunciaron radicalmente en contra por considerar que es una medida que solo sirve para «levantar barreras», y porque «no aporta soluciones» al problema de la vivienda en ninguno de los territorios insulares.

La moción fue debatida en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Insularidad y fue rechaza por los 19 votos del PP y Vox, frente a los 15 que aportaron el PSOE, CC y los partidos del grupo proponente. Chinea planteaba a su moción que la actual dinámica de adquisición masiva de propiedades inmobiliarias por parte de ciudadanos no residentes, tanto de la Unión Europea como de terceros países, está generando en sendos archipiélagos una presión sin precedentes sobre el mercado de la vivienda, sobre todo en las zonas de mayor incidencia de la actividad turística, y que esta situación está provocando una profunda distorsión en los precios, expulsando progresivamente a la población local del acceso a una vivienda digna, al tiempo que erosiona el tejido social, económico y cultural de las Islas. 

Un 30% de compras por foráneos

Según los últimos datos oficiales presentados por Chinea, más del 30% de las compraventas de vivienda en Baleares y Canarias corresponde a compradores foráneos. En algunas zonas concretas, especialmente costeras y turísticas, este porcentaje se eleva por encima del 50%. Esta tendencia, en muchos de estos casos de naturaleza especulativa, transforma la vivienda en un bien de inversión y lujo, ajeno a su función social consagrada constitucionalmente. «Resulta imprescindible tomar medidas que permitan recuperar el control público y democrático sobre un recurso tan esencial como la vivienda, garantizando el derecho de los residentes a vivir en su territorio y frenar procesos de gentrificación, turistificación, superpoblación de áreas concretas y despoblación forzosa de los residentes», defiende el senador por La Gomera. 

Según él, en el caso específico de Canarias, existe una base jurídica sólida que permite establecer restricciones excepcionales en virtud de su reconocimiento como Región Ultraperiférica (RUP) dentro del marco de la Unión Europea, en atención a sus realidades estructurales y vulnerabilidades singulares, incluyendo su lejanía, insularidad, y dependencia de sectores como el turismo. Ello, sostiene, sin vulnerar el principio de libre circulación de capitales.

Cuatro medidas

Las medidas en cuestión que se planteaban eran cuatro: instar al Gobierno central a estudiar y establecer un marco normativo que limite, regule o condicione la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes en Baleares y Canarias; en el caso de Canarias, solicitar a las instituciones europeas la autorización expresa para aplicar dichas limitaciones en virtud del artículo 349 del Tratado Fundacional de la UE, dada su condición de RUP y la amenaza que supone la presión inmobiliaria extranjera para su equilibrio social, económico y medioambiental; en el de Baleares, negociar con Bruselas la extensión de dicha limitación, por la afinidad entre su realidad y la que vive una región ultraperiférica como Canarias; y finalmente promover medidas complementarias que fomenten la vivienda asequible, la rehabilitación del parque inmobiliario y la prioridad de acceso para residentes en ambos archipiélagos, tal y como han hecho. El parlamentario ha mencionado los proyectos en este sentido impulsados por Malta o Dinamarca.

Niega Chinea que esta demanda –para la el Gobierno de Canarias ha abierto ya una confrontación jurídica en Bruselas– se enmarque en una batalla ideológica, sino en la defensa del modelo de isla que queremos para el futuro. 

Xenofobia

Para Vox la propuesta canaria desvía la atención sobre «la mala gestión en materia de vivienda del Gobierno». Es un documento, sostuvo el diputado Jorge Campos, «ilegal» por culpar a los compradores extranjeros y lo tachó por ello de «pura xenofobia». El PP, por su lado, responsabiliza del problema de la vivienda al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «no gestionar» y «hacer promesas vacías» en esta materia. 

Los populares alegan que el problema de la vivienda lo ha generado el Gobierno con inseguridad jurídica, burocracia, la subida de impuestos y dando «total impunidad a los okupas». 

La diputada canaria del PSOE, María Dolores Corujo, defiende por contra que las medidas del Gobierno han facilitado el acceso a la vivienda, como la Golden Visa y la aprobación de ley de la vivienda. El senador de CC, Pedro San Ginés, mostró su apoyo a esta reivindicación de representante de ASG, aunque reconoció que se trata de un tema «realmente complejo» por la libre circulación.

Suscríbete para seguir leyendo