Clavijo, harto de que «todo lo que llega a Madrid se convierta en arma política»

Frustración es el sentimiento que impera en el Gobierno de Canarias tras el fracaso de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La reunión estuvo marcada por la crispación y terminó sin acuerdo entre las comunidades autónomas sobre los criterios para el reparto de menores ni sobre una hoja de ruta con plazos concretos. El presidente canario, Fernando Clavijo, lamentó que se siga dilatando el inicio de las derivaciones, después de todos los esfuerzos que se han hecho desde la comunidad autónoma para sacar adelante el real decreto ley que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería y que hace obligatorio el reparto de la atención a los niños migrantes entre todas las regiones. «Todo lo que llega a Madrid se contamina y se convierte en un arma política», señaló con hartazgo. 

El Gobierno de Canarias lanza reproches en todas direcciones, evidenciando la falta de una posición unificada. Mientras que el jefe del Ejecutivo critica la postura de las comunidades lideradas por el Partido Popular, que utilizan «triquiñuelas» para «tirar abajo el decreto ley» y generar retrasos en su aplicación; su vicepresidente, Manuel Domínguez, se empeña en apuntar al Estado y evita señalar la falta de solidaridad de las regiones controladas por su propio partido. «España toma el pelo a Canarias», afirmó el líder de los populares en las Islas al valorar el resultado de la conferencia sectorial.

Unidad de pensamiento

Pese a la actitud de confrontación de las comunidades gobernadas por el PP, Clavijo volvió a respaldar a Domínguez. A su juicio, «no solo ha apoyado en todo momento» el pacto migratorio canario, sino también las medidas salidas del Consejo de Gobierno. En ese sentido, recalcó que el compromiso del PP canario «está claro» y que el conflicto se libra con la dirección nacional del partido. «Parece que los intereses de la Península prevalecen sistemáticamente sobre los de Canarias. Esa es la lucha que mantenemos desde siempre», lamentó.

El presidente del Gobierno canario considera que «se ha perdido el norte» y que se están vulnerando tanto los derechos de los menores migrantes como los de la propia comunidad autónoma. Ante este escenario de bloqueo, Clavijo anunció que solicitará una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para aclarar la polémica jurídica generada por las acusaciones de algunas comunidades sobre la legalidad de la convocatoria extraordinaria de la conferencia sectorial. «Son excusas», reiteró el presidente canario, quien también evaluará junto a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma las medidas que se pueden emprender para evitar la obstrucción al real decreto. A pesar de los contratiempos y los obstáculos constantes, Clavijo insiste en que «Canarias no se rinde nunca» y se compromete a seguir «peleando».

Medidas administrativas

La situación de emergencia que vive el Archipiélago exige una respuesta ágil y urgente. En este sentido, advirtió que «las derivaciones no pueden seguir retrasándose sine die». Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo canario es que, con la mejora del tiempo y del estado del mar, aumente el número de cayucos que arriban a las Islas y se agrave la presión sobre la red de acogida de menores, que ya atiende a 5.812 niños. El «horizonte temporal» del Gobierno de Canarias contemplaba que las primeras derivaciones se produjeran en junio, con el objetivo de aliviar la congestión de los centros antes del verano, y que entre agosto y septiembre el proceso ya estuviera automatizado.

Rego emplazó a las autonomías a una nueva conferencia sectorial para la que todavía no hay fecha. En ese encuentro, las comunidades tendrán una nueva oportunidad para perfilar los criterios de reparto y, además, se abordará la financiación. El Ministerio de Infancia envió hoy un requerimiento formal a las autonomías para solicitar información sobre el estado actual de su red de acogida. Para ello, Rego ha dado un plazo de diez días, tras el cual su equipo calculará cuántos menores debe acoger cada territorio y cuántas plazas debe habilitar. En caso de que alguna comunidad se niegue a facilitar los datos, el Ministerio de Infancia emprenderá medidas administrativas.

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