El Supremo reabre la causa contra San Ginés por falso testimonio y denuncia falsa

Un nuevo capítulo de un periplo judicial que arranca en 2009, cuando Pedro San Ginés -actual senador de CC- presidía el Cabildo de Lanzarote y su entonces consejera insular Astrid Pérez -vigente presidenta del Parlamento canario- denunció irregularidades ante la policía en la contratación de servicios en los Centros de Arte y Turismo (CAT) de la corporación insular cuando a su frente estaba Carlos Espino, exsecretario general del PSOE en la isla: una empresa facturó unos 300.000 euros sin que existiera ningún tipo de contrato y otra mercantil, que sí tenía vínculo contractual con el organismo, facturó más de 700.000 euros, medio millón por encima de lo estipulado.

Sin embargo, el acusado por denuncia y testimonio falsos fue San Ginés. Una causa que hace un año fue archivada por el Tribunal Supremo (TS), pero que ahora el magistrado Vicente Magro, de la sala de lo Penal del mismo Alto Tribunal, reabre con un auto por el que ordena continuarla.

En su auto, el magistrado da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o muy excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

El magistrado ha dictado este auto tras la decisión de la Sala de lo Penal del pasado 9 de abril de 2025 que anuló el auto de sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa, acordada por el instructor el 17 de abril de 2024, y ordenó la continuación de la causa. La Sala estimó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

La Fiscalía lo acusa de denunciar "con ánimo de faltar a la verdad objetiva y con desprecio de la misma"

El magistrado ha dictado este auto tras la decisión de la Sala de lo Penal del pasado 9 de abril de 2025 que anuló el auto de sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa, acordada por el instructor el 17 de abril de 2024, y ordenó la continuación de la causa. La Sala estimó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular al considerar que el archivo fue "precipitado".

Hace un mes, por tanto, el Supremo consideró que las resoluciones previas del Juzgado de Arrecife y de la Audiencia Provincial de Las Palmas que motivaron el archivo se sustentaban "en un análisis indiciario que dista de poder ser considerado extravagante o arbitrario y del que resulta ahora precipitado prescindir".

Hasta el momento del archivo, la Fiscalía pedía un año y medio de prisión e inhabilitación, además de una multa, para el senador por la Comunidad Autónoma.

"No me retracto; me ratifico"

"Yo estoy tranquilo pues nunca participé, en contra de lo que mantiene la denunciante, en la querella que interpuso Astrid Pérez, cuya actuación entonces fue la correcta, aunque sí defiendo el fondo y me ratifico en todo lo que en su momento declaré como testigo, nunca como investigado, ante el juez instructor de Arrecife", afirma el senador nacionalista tras conocer la decisión del Supremo.

Es más, insiste en que "lo que he dicho es la verdad, nadie lo ha rebatido y no me voy a retractar en nada si al final hay juicio" y que, de ser necesario, se plantea llamar a la presidenta del Parlamento como "primera testigo"de celebrarse el juicio, ya que "nunca precisé cantidades ni aporté certificados, de eso se encargó la máxima autoridad económica y financiera de los CAT". 

Al respecto, recuerda que "me denuncian por falso testimonio las dos empresas que no tienen contrato, el único demandando soy yo", ya que entre los denunciados se encontraban Antonio González Medina, ya fallecido, y la entidad Climafrical, de la que éste era propietario y administrador único y que fue la hija del fallecido empresario quien se querelló contra San Ginés.

Desde el entorno de CC se insiste en que todo este embrollo judicial tiene una clara "intencionalidad política" pues los impulsores de esta demanda son Espino y la expresidenta del Cabildo y actual diputada en el Congreso, Dolores Corujo, dos dirigentes de los socialistas de Lanzarote que mantienen un histórico enfrentamiento político con San Ginés.

El político aforado no descarta llamar como testigo en la vista a Astrid Pérez, presidenta del Parlamento

El senador insiste en que "os dos máximos responsables de la empresa pública, el gerente y el director económico corroboraron mis declaraciones ante el juez" sobre las presuntas irregularidades sin contratos y sin concurso público. 

"El responsable de las finanzas, Francisco Ortega, incluso advirtió de esta situación que venía impuesta y autorizada por Espino saltándose la ley", añade el senador nacionalista por la Comunidad Autónoma.

Según el escrito de acusación elaborado en su momento por el fiscal, San Ginés denunció irregularidades que constituían varios delitos contra la Administración pública "con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma". Y no solo eso, pues el Ministerio Fiscal mantiene que el expresidente del Cabildo "volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas2cuando declaró como testigo con obligación de decir la verdad en el año 2019.

Además, el documento recoge una posible relación entre la actuación de San Ginés y la denuncia que presentó ese año Espino y que derivó en la trama de corrupción más importante de Canarias por su gran número de piezas e imputados: el ‘caso Unión’.

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