Aragón presenta el recurso ante Constitucional contra el decreto de reubicación de menores

El Gobierno de Aragón presentará este martes ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el contenido del real decreto ley que modifica la ley de extranjería y que fue convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril, como ya había anunciado el pasado marzo que haría.

Una decisión con la que "refrenda" que Aragón no va a colaborar en el cumplimiento del decreto que acuerda el reparto y redistribución de menores migrantes y sus actos administrativos derivados porque "vulnera" competencias autonómicas y además "quiebra los principios de igualdad y solidaridad" entre comunidades autónomas.

Atasco sobrevenido en el reparto de menores migrantes por el apagón

En rueda de prensa, la consejera de Biensetar Social y Familia, Carmen Susín, ha incidido en que este decreto es "inconstitucional", que recurrirán ante la justicia europea si es necesario y que la redistribución que plantea no responde al interés superior de los menores sino "al de Pedro Sánchez".

El Gobierno de Aragón hace hincapié, además, en que el mecanismo utilizado por el ejecutivo central no es el indicado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, en este caso de los menores extranjeros no acompañados, cuya regulación debe hacerse mediante ley orgánica.

La presentación de este recurso ante el Constitucional sigue a los dos contenciosos administrativos presentados por Aragón hasta la fecha contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia para que las comunidades facilitaran los datos sobre la ocupación y plazas de los centros de menores -que solicitaba además como medida cautelar la suspensión de esa petición-, y contra la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para este lunes en Madrid que fue cancelada por el apagón eléctrico.

El contencioso contra la convocatoria de este reunión fue admitido a trámite este mismo lunes por la Audiencia Nacional, ha apuntado Susín, quien quedó atrapada en un tren cuando asistía a esa sectorial prevista para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores y que ha calificado "como trampa" e "imposición".

La consejera ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad ante el real decreto ley se interpone en dos niveles, el primero en su totalidad, por su identidad de razón y su unidad de sentido, dado que el Gobierno de Aragón aprecia que se desprende la inconstitucionalidad del conjunto del texto.

Y en segundo lugar subsidiariamente, ya que se impugnan la práctica totalidad los preceptos del citado texto de forma individual –el artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda y las disposiciones finales primera y segunda– al considerar que todos incurren en específicos vicios de inconstitucionalidad.

Susín ha explicado que el texto impone una reubicación forzosa de menores en situación de extrema vulnerabilidad desde otros territorios sin los consensos necesarios.

También estima que interfiere en las competencias propias de la comunidad respecto a la atención social, educativa y sanitaria de menores extranjeros no acompañados y que lo hace amparándose en una norma que "dinamita" los consensos que se alcanzaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en 2022, 2023 y 2024 y que han conllevado hasta la fecha el traslado de un total de 574 menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a otras comunidades.

El Gobierno de España ha pretendido imponer una regulación pactada con un partido político independentista catalán y de acuerdo a necesidades "políticas", ha criticado la consejera, quien ha añadido además que el Estado no ha cumplido la orden del Supremo de acoger a mil menores que se encuentran en Canarias.

La consejera no ha dado datos ni porcentajes sobre los menores acogidos actualmente en la comunidad a la espera, ha dicho, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el recurso planteado desde Aragón, porque el ejecutivo autonómico "no es insumiso" y cumplirá lo que digan los tribunales.