La amenaza judicial del PP contra el reparto de menores toma cuerpo

La ofensiva judicial del PP contra el real decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre todos los territorios del Estado arrecia a medida que se van dando pasos y se va acercando el momento para poner en marcha el mecanismo previsto en la reforma de la ley de extranjería que lo contiene, una batalla jurídica que va tomando cuerpo en los tribunales. Los populares dieron este martes otro paso decisivo en esa línea al concretar un nuevo recurso contra la medida ante el Tribunal Constitucional (TC), el de la comunidad autónoma de Aragón, una de las beligerantes contra la posibilidad de que 4.400 niños y niñas de este colectivo que ahora colapsan los centros de acogida de Canarias y Ceuta puedan ser reubicados en otros territorios.

Al mismo tiempo, el propio tribunal de garantías abre una incógnita respecto a la viabilidad del decreto ley y a todo el mecanismo de distribución que plantea al admitir a trámite el primero de estos recursos presentados por una comunidad autónoma, el que concretó hace unos días la Comunidad de Madrid, otro de los territorios gobernados por el PP, en este caso Isabel Díaz Ayuso, que rechaza de manera rotunda la posibilidad de recibir más menores migrantes desde Canarias. Ambas circunstancias, el recurso de Aragón y la admisión a trámite del de Madrid por parte del Constitucional, se producen antes de que se haya celebrado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que el Estado y las comunidades autónomas tendrán que abordar los criterios de ese reparto en base a las previsiones contenidas en el real decreto avalado por el Congreso el pasado 10 de abril.

La suspensión el pasado lunes de esa cumbre como consecuencia del apagón energético en la península hace que su nueva convocatoria, agendada ayer para el lunes próximo, 5 de mayo, se produzca en un ambiente de muchas dudas y de máximo nivel de enfrentamiento entre el Gobierno central y las regiones litigantes. La decisión del Constitucional abre ahora, además, un proceso de análisis que podría tener implicaciones directas sobre la aplicación del decreto y su validez jurídica, y de hecho podría trastocar los planes del Gobierno, y en consecuencia los de Canarias como parte interesada en la aplicación del decreto, respecto a los pasos administrativos o iniciativas judiciales a considerar desde este momento.

Atasco sobrevenido en el reparto de menores migrantes por el apagón

Respaldo jurídico

Tanto el Ejecutivo central como el canario han destacado desde el principio que el real decreto y el mecanismo de reparto de menores que contiene a partir de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, tenían el aval de la Abogacía del Estado y de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma canaria, y daban por hecho que los recursos ante el Constitucional serían desestimados pese a su previsible admisión a trámite. Consideran, en este sentido, desde ambas instancias que algunos de los planteamientos teóricos de los recursos interpuestos, o las argumentaciones de las demás regiones que han anunciado que también litigarán, no se corresponden con lo que realmente dice el texto legal que pretenden tumbar.

La demanda de la Comunidad de Madrid considera “inconstitucional” el real decreto al infringir varios preceptos de la Carta Magna e invadir las competencias “exclusivas” del Gobierno regional. También entiende que se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los menores, “desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia”, y que entraría en conflicto con los artículos de la Constitución que regulan el derecho de los menores extranjeros no acompañados a la libre circulación y elección de residencia dentro del territorio nacional.

Por su lado, la consejera de Bienestar Social y Familia del gobierno aragonés, Carmen Susín, señaló este martes al anunciar el recurso que este decreto es “inconstitucional”, que recurrirán ante la justicia europea si es necesario, y que la redistribución que plantea no responde al interés superior de los menores sino “al de Pedro Sánchez”, presidente del Gobierno central. Dejó clara la intención del Gobierno de Aragón de no colaborar en el cumplimiento del decreto que acuerda el reparto y redistribución de menores migrantes y sus actos administrativos derivados porque “vulnera” competencias autonómicas y además “quiebra los principios de igualdad y solidaridad” entre comunidades autónomas. La presentación de este recurso sigue, de hecho, a los dos contenciosos administrativos presentados por Aragón hasta la fecha contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia para que las comunidades facilitaran los datos sobre la ocupación y plazas de los centros de menores -que solicitaba además como medida cautelar la suspensión de esa petición-, y contra la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El contencioso contra la convocatoria de esta reunión fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional, según aseguró la consejera, una de las representantes autonómicas que quedó atrapada en un tren cuando asistía a esa sectorial prevista para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores y que ha calificado “como trampa” e “imposición”. La consejera ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad ante el real decreto ley se interpone en dos niveles, el primero en su totalidad, por su identidad de razón y su unidad de sentido, dado que el Gobierno de Aragón aprecia que se desprende la inconstitucionalidad del conjunto del texto.

En segundo término, Aragón impugna subsidiariamente la práctica totalidad los preceptos del citado texto de forma individual –el artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda y las disposiciones finales primera y segunda– al considerar que todos incurren en específicos vicios de inconstitucionalidad. Susín ha explicado que el texto impone una reubicación forzosa de menores en situación de extrema vulnerabilidad desde otros territorios sin los consensos necesarios.

También estima que interfiere en las competencias propias de la comunidad respecto a la atención social, educativa y sanitaria de menores extranjeros no acompañados y que lo hace amparándose en una norma que “dinamita” los consensos que se alcanzaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en 2022, 2023 y 2024 y que han conllevado hasta la fecha el traslado de un total de 574 menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a otras comunidades. Pero tanto Canarias como el Gobierno central destacan en este sentido que los criterios de reparto están basados precisamente en los aprobados en 2022 en ese órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, y que la Conferencia Sectorial puede establecer por unanimidad unos nuevos.

Suscríbete para seguir leyendo