Las alegaciones advierten que la Ley del Suelo debilita el control ambiental

Plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas han presentado alegaciones al proyecto de ley que reforma la Ley del Suelo en las que denuncian el debilitamiento de los controles ambientales y urbanísticos que contiene el texto. Los cambios introducidos en la nueva norma «suponen una grave amenaza para el medio ambiente» al vulnerar principios como la protección de los espacios protegidos, el acceso a la vivienda y la participación ciudadana.

El portavoz de la plataforma que presentó ayer las alegaciones, Mario César Hernández, expuso que, bajo el argumento de agilizar los trámites administrativos, «se favorece la legalización encubierta de los usos provisionales, se elimina el silencio administrativo negativo en suelo protegido, se flexibilizan las reclasificaciones urbanísticas y se debilita gravemente la planificación territorial, lo que facilita la especulación del suelo y el deterioro ambiental».

Hernández hizo especial hincapié en la eliminación o reducción de las garantías de los informes de impacto ambiental al reducir plazos, escasa transparencia y sin independencia técnica. Asimismo, tanto la plataforma como los colectivos ecologistas se quejan del incumplimiento de la ley 27/2006 sobre los derechos de acceso a la información y participación ciudadana porque se intenta «excluir» a la ciudadanía «en decisiones clave» que afectan al territorio y a la protección ambiental.

Las alegaciones proponen alternativas a la desalación sostenible a través de energías renovables, la expansión de las fuentes limpias en suelos ya transformados y no en suelo rústico protegido, la rehabilitación de núcleos rurales abandonados como solución habitacional sin consumir nuevo suelo y construir viviendas protegidas con suficientes garantías legales, de tal forma que se priorice a los residentes locales.

Mario César Hernández advirtió que Canarias podría enfrentarse a sanciones y recursos en caso de que el contenido del texto se mantenga tanto por parte de la Unión Europea (UE) como de los tribunales. En relación con la normativa europea, los representantes de la plataforma ciudadana consideran que se vulneran normativas como la Directiva del Marco del Agua y la Directiva de Hábitats al permitir proyectos industriales en zonas protegidas como es el caso de los vertidos provocados por el proyecto hidroeléctrico Chira-Soria o la ocupación de suelos fértiles por plantas fotovoltaicas.

Suscríbete para seguir leyendo