Pestana insta a acelerar la documentación de los menores y Canarias alucina

Nuevo capítulo en las tensiones entre Canarias y Estado por la atención a los niños migrantes no acompañados. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, instó ayer al Ejecutivo regional a «hacer su trabajo» para que los 5.800 menores puedan salir de las Islas con su documentación. Unas declaraciones que han dejado perplejo al viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, quien se alegra de saber que en el Archipiélago hay un delegado del Gobierno central. «Lo hemos echado de menos durante toda esta crisis humanitaria. Agradecemos que aparezca para señalarnos a nosotros cuál es nuestra obligación, cuando somos los únicos que hemos asumido la responsabilidad de atender a estos niños desde el minuto uno», afirmó Candil, quien recuerda a Pestana que Canarias ha tenido que acudir al Tribunal Supremo para que el Estado sepa y asuma su responsabilidad con los menores solicitantes de asilo.

El viceconsejero de Bienestar Social reclama al Ejecutivo de Sánchez que cumpla con los solicitantes de asilo

El delegado del Gobierno, antes de participar en una reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en las Islas, expuso que uno de los requisitos fundamentales para que estos jóvenes extranjeros puedan salir de Canarias es que estén documentados. Ante esta afirmación Candil teme que el Estado pretenda poner nuevas trabas para ralentizar el traslado de los menores a otras comunidades autónomas, pues el real decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería no contempla que los chicos deban estar documentados para poder ser derivados. «Los niños tienen que salir de Canarias y los procesos de documentación, en algunos casos, se iniciarán allá donde sean acogidos».

Policía Nacional

El viceconsejero apuntó que el Gobierno de España se sigue resistiendo a dar atención a los más de mil niños refugiados. «Siguen buscando excusas y siguen haciendo declaraciones como estas», lamentó el viceconsejero canario. Documentar a los menores es una labor meticulosa que inicia la Dirección General de Infancia, poniéndose en contacto con las embajadas y consulados en los países de origen de los niños para recabar la información necesaria, para después ponerla en manos de la Policía Nacional. Si los contactos diplomáticos fracasan, se inicia la tramitación de una cédula con la Policía.

El delegado del Gobierno en las Islas sostiene que la comunidad autónoma tiene expedientes parados

«Nosotros mantenemos reuniones constantes con los subdelegados para abordar los casos concretos y complejos de los chicos que no tienen ningún papel que nos dé algún dato del que tirar para poder tramitar su documentación», explica Candil, quien advierte de las dificultades que conllevan las gestiones burocráticas en organismos del continente africano.

Pestana insistió en que Canarias tiene que «hacer un esfuerzo mucho mayor». Así, aseguró haber hablado «hace poco» con el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, y «en multitud de ocasiones» con la Consejería de Bienestar Social, «para que eso se ponga en marcha y podamos resolver en la Delegación los expedientes en los que necesitamos que la comunidad autónoma de algunos pasos porque su responsabilidad en esto es mayúscula».

Según Pestana, la Delegación del Gobierno ha abierto «muchísimos expedientes» que se han quedado paralizados porque se necesita una actuación de la comunidad autónoma «que no se ha producido a pesar de los requerimientos por parte de la Delegación».

Candil celebró que ahora el delegado del Gobierno en las Islas, «que nunca ha dado la cara por los niños y por Canarias», se muestre dispuesto a «ayudar ahora» para que la documentación de los menores se gestione con «más rapidez». Si bien insiste en que en lo que realmente necesita colaboración el Gobierno Canarias es que presione para que «el Estado entienda que se tiene que llevar a los más de mil niños que han solicitado protección internacional», la mayoría procedentes de Malí, que ya cuentan con toda su documentación y cuyo listado nominativo está en manos del Gobierno de España desde hace ya más de dos semanas. 

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