Los trámites de las licencias urbanísticas se reducirán de dos años a seis meses

Los plazos para conceder las licencias urbanísticas que otorgan los ayuntamientos se podrán reducir de los dos o más años que tardan ahora los trámites hasta un máximo de seis meses cuando se aplique el decreto que ultima el Gobierno regional para agilizar las licencias. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de decreto ley en el que también se incluyen nuevas medidas e instrumentos para impulsar la construcción de viviendas protegidas, entre ellas el desarrollo de la figura de las viviendas asequibles incentivadas, cambios de uso en el suelo para facilitar nuevas viviendas en terrenos originalmente destinados a uso comercial, industrial o terciario. Asimismo, se facilita la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelo privado urbanizable ordenado aunque la urbanización no esté finalizada.

El decreto, elaborado en común por las consejerías de Política Territorial y de Obras Públicas, permite que los informes técnicos preceptivos para la edificación no tengan que ser emitidos necesariamente por los técnicos de los ayuntamientos, sino también por colegios profesionales, empresas públicas o entidades urbanísticas colaboradoras. Los informes podrán ser solicitados tanto por los ayuntamientos como por los propios promotores, que podrán aportarlos directamente y así acortar los plazos de tramitación de los expedientes, ha explicado el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.

Informe jurídico

Ha aclarado que no obstante, el informe jurídico y por tanto la última palabra sí corresponderá a los técnicos de los ayuntamientos, para garantizar la seguridad jurídica de todo el procedimiento. "Si se aplica correctamente este decreto, los ayuntamientos podrán reducir el tiempo para otorgar una licencia de los actuales dos años a aproximadamente seis meses", ha indicado.

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha subrayado que este decreto es un instrumento más de los que desarrolla el Gobierno para dar respuesta a la emergencia habitacional, y no será el último. El decreto "evita el colapso administrativo, incrementa la oferta de vivienda y acelera la construcción, incentivando especialmente la vivienda protegida y la vivienda asequible incentivada", ha resumido Pablo Rodríguez, quien ha destacado que en los últimos 18 meses se han iniciado o se está a punto de hacerlo cerca de 2.000 viviendas públicas repartidas en todas las islas.

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