El Gobierno «está preparado» para agilizar la dependencia

La consejera de Bienestar Social despeja las dudas sobre la eficacia del nuevo decreto que pretende reducir los plazos

Archivo - La consejera de Bienestra Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado

Archivo - La consejera de Bienestra Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado / GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, asegura que el departamento que dirige «está preparado» para poner en marcha el decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, tras su aprobación ayer por el Consejo de Gobierno. Delgado afirma que la Dirección General de Dependencia cuenta con el personal que se ha ido incorporando a través del plan de choque iniciado este año para hacer frente a los cambios en la tramitación de los informes, cuenta con los aplicativos informáticos necesarios y se ha formado a los empleados paralelamente a la confección del decreto.

Delgado despejó las dudas y críticas surgidas desde los trabajadores sociales y el comité de empresa de la Consejería para confirmar que el decreto tendrá un periodo transitorio de tres meses desde que se publique en el BOC y hasta que entre en vigor, tiempo durante el cual «convivirán» los dos procedimientos para culminar los del sistema actual bifásico e iniciar el nuevo sistema. «Todo está preparado para poner en marcha el decreto», aseguró la consejera.

El decreto implanta el llamado sistema monofásico por el cual se establece que con una sola visita de los técnicos al dependiente se podrá determinar el grado de dependencia del solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), lo que supondrá una reducción de los plazos para tramitar el expediente. La consejera admitió ayer que las medidas aprobadas hasta ahora para disminuir el tiempo de tramitación del reconocimiento de la dependencia «no han suficientes», por lo se debía actuar con urgencia ante la evidencia de que Canarias no consigue acelerar los procesos. La disminución lograda ha sido del 30% y con este decreto se busca que los tiempos se acerquen cada vez más a lo que estipula la ley y es que se concluyan los expedientes en seis meses.

El procedimiento monofásico ha sido implementado en otras comunidades como Madrid y Cantabria, que se han acercado cada vez más al plazo legal, mientras que otras comunidades como País Vasco y Castilla y León son las más ágiles en este tipo de procedimientos. Delgado recordó que hasta ahora cada procedimiento llevaba un trámite e informes distintos y los plazos son «muy largos» a tenor de las listas de espera con las que cuenta Canarias. Además, el Imserso recomienda que los profesionales que integran los equipos de valoración deben tener «perfil sociosanitario» con el fin de aunar el informe.

Tarjeta de discapacidad

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula la nueva tarjeta acreditativa de la discapacidad, que beneficiará a 137.000 personas en Canarias y podrán obtenerla las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

La tarjeta acreditativa del grado de discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación del grado de discapacidad de la persona titular. Este nuevo sistema podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil, con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución del grado de discapacidad.

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer la distribución de los 38 millones de euros que les corresponden a los ayuntamientos para la financiación de los programas de atención a los servicios sociales. Mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, la prestación canaria de inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en el Archipiélago. 

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