6.067 firmas, 685 escritos de empresarios y 990 quejas ciudadanas para cambiar en el Parlamento la ley de alquiler vacacional

Los afectados por la ley de alquiler vacacional que se tramita en el Parlamento presentaron este lunes sus poderes: 6.067 firmas en el Registro, 685 escritos de asociaciones empresariales y un total de 990 alegaciones ciudadanas en la página web de la Cámara regional para exigir "una moratoria urgente de un año" y negociar un nuevo texto legislativo o modificar "en su totalidad, vía enmiendas", el que está ya en manos de los grupos parlamentarios.

La presidenta de Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, considera necesario "paralizar nuevas altas de viviendas vacacionales y consolidar las ya existentes" para evitar el efecto llamada "de aquellas que se han dado de alta pero ni siquiera están abiertas".

El escrito incluye la petición formal de crear una mesa de trabajo con todas las administraciones y agentes sociales para sacar adelante "un nuevo marco normativo" que sea totalmente distinto y "más justo" al que está en trámite parlamentario desde el pasado 14 de marzo, cuando la Cámara lo tomó en consideración.

6.000 firmas contra la ley de Vivienda Vacacional

Ver galería

La ley que se tramita impide dar nuevas autorizaciones durante cinco años para que los ayuntamientos "definan dónde y cuántas caben" en cada uno de los 88 municipios canarios en un momento en el que hay 1,1 millones de viviendas susceptibles de convertirse en turísticas, por lo que el texto reserva un 90% del suelo a uso residencial, que será el 80% en las islas verdes. 

Sin embargo, para los damnificados aún se está a tiempo de enmendar lo que son errores del texto legislativo, ya que si bien el anteproyecto se aprobó en diciembre y pese a que desde el Gobierno se solicitó que se tramitara por la vía de urgencia, lo cierto es que hasta el pasado 14 de marzo el pleno parlamentario no hizo suyo el texto y, desde entonces, tanto Vox como NC-Bc solicitaron sendas prórrogas en los plazos para presentar enmiendas parciales, y el PSOE hará lo propio a final de mes, por lo que los trabajos en ponencia y comisión no se iniciarán hasta bien entrado el mes de mayo y la ley no tiene visos de ser refrendada por la Cámara hasta finales de junio.

"Si se tramita el anteproyecto en los términos actuales se impedirá a las familias canarias continuar en esta actividad, y los canarios tienen el derecho a continuar beneficiándose de este pastel turístico, que es patrimonio de todos y no sólo de unos pocos", incide Borrego.

La máxima dirigente de Ascav insistió en que la recogida de firmas estuvo motivada por el "procedimiento engorroso y difícil" que supone presentar alegaciones ciudadanas en la página oficial del Parlamento, aunque aun así en la misma se han registrado 990, lo que a su juicio demuestra que "prácticamente nadie está de acuerdo, ni las familias afectadas ni los cabildos ni los municipios ni las federaciones de empresarios".

Como 'botón de muestra', la 'enmienda ciudadana' 990 que puso el colofón a las alegaciones pide que "no se excluyan las viviendas vacacionales fuera de ordenación ni en asentamientos agrícolas, se elimine la definición sobre vivienda unifamiliar aislada, se permita la transmisión mortis causa de la Declaración Responsable y se diferencie claramente entre las viviendas vacacionales de pequeños propietarios y las de grandes tenedores".

Un "mantra interesado"

La dirigente de Ascav reiteró que el sector del alquiler vacacional "en ningún caso es el causante de la falta de vivienda en Canarias y ese es un mantra muy interesado para dañar una actividad que tiene unas 67.000 viviendas, pero que un 20% no están operativas y solo se han dado de alta por si acaso".

Los datos aportados por la consejera de Turismo, Jéssica de León, durante el debate de toma en consideración de la ley en marzo muestran que el crecimiento de la vivienda vacacional en el archipiélago desde 2021 ha sido de un 57% y los precios de esta modalidad se han incrementado un 52%. Es más, en el año 2015 el alquiler vacacional comenzó su andadura con 2.634 viviendas y ahora son 66.843, lo que supone el 37% de la oferta alojativa del Archipiélago.

"Una ley que no ofrece seguridad jurídica a los propietarios es la causante de que, con 211.000 viviendas vacías, haya casas que han salido del mercado del alquiler", concluyó Borrego. 

Suscríbete para seguir leyendo