El Estado blinda el reparto de los menores ante las regiones ‘remolonas’

El Gobierno central busca una estrategia de acción política y legal en los sistemas de acogida de menores de las comunidades autónomas con el doble objetivo de intentar garantizar la distribución de los que llegan a las costas canarias, según lo dispuesto en el real decreto convalidado el pasado día 10 en el Congreso, y de homologar las condiciones en que se les recibirán y atenderán en cada uno de los sistemas regionales. 

Es la tarea en la que están los ministerios implicados en el desarrollo reglamentario de la reforma de la ley de extranjería y especialmente el departamento de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, que además de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para el 28 de abril y abordar el reparto con todas las comunidades autónomas, prepara un nuevo decreto para elevar la calidad de la acogida con unos estándares mínimos para proteger los derechos de los menores, que contempla el cierre de los macrocentros.

El proceso en el que los gobiernos central y canario han estado trabajando durante los últimos meses se topa ahora con la complicada puesta en marcha de la medida sustancial contenida en la nueva norma, la distribución real y efectiva por todo el territorio nacional de los 4.400 menores que ahora acogen en centros saturados de Canarias y Ceuta, así como de los que vayan desembarcando desde ahora en cualquiera de los territorios que se declare en situación de ‘contingencia migratoria grave’ –que supere por tres veces el número de plazas estructurales que se le hayan asignado–. También que ese traslado y esa nueva acogida se haga con todas las garantías de bienestar para los niños. 

El Gobierno estatal cuenta de antemano con la oposición efectiva de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y lo que busca con su plan de revisión del sistema de acogida es sortear ese posible intento de boicot o la falta de colaboración.

Rego intentará primero una entente cordiale con las regiones populares en su cumbre con los responsables autonómicos en la materia del día 28, pero el escepticismo a este respecto es máximo teniendo en cuenta que muchos de ellos no están aportando los datos necesarios para establecer un reparto objetivo y equitativo, y que hasta seis regiones (las populares Madrid, Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla-León y Cantabria) han avanzado que recurrirán el decreto ley al Tribunal Constitucional, y que la socialista Castilla-La Mancha estudiará hacerlo. 

El reglamento de desarrollo que prepara el Ejecutivo central busca, en este sentido, blindar la operatividad de la distribución contra eventuales acciones de las regiones beligerantes más allá de que formalmente estas puedan demostrar que están cumpliendo la ley, según la consigna oficial de la dirección del PP. Ese reglamento, por ahora aún en estado embrionario, detallará por escrito todo lo que obligatoriamente tendrán que hacer las comunidades, así como la posibilidad de que la Administración central pueda interponer contenciosos contra las que se niegue a asumir el cupo que le corresponda. 

Implicación de la Fiscalía de Menores

Según fuentes gubernamentales, una de las herramientas que se barajan es implicar a la Fiscalía de Menores en todo el proceso, de forma que sea esta figura la que vele por los derechos de los niños y pueda actuar de oficio si los ve conculcados en cualquier momento del procedimiento. El objetivo es que el Fiscal acompañe en todo momento el proceso del traslado. Además, el Gobierno pretende aclarar en este reglamento las acciones jurídico-administrativas a adoptar en el caso de que alguna comunidad autónoma rechace hacerse cargo del menor, aunque por ahora no están claras las sanciones que cabría deducir.

Según el borrador de dicho reglamento, cada nuevo menor que llegue a una de las regiones en situación de ‘cotingencia migratoria grave’ –en estos momentos sólo Canarias y Ceuta– deberá ser entrevistado en un plazo de 48 horas por esa primera comunidad de acogida, que tendrá el mismo plazo para emitir su informe y elevarlo al delegado del Gobierno central en ese territorio. Será este quien resuelva los procedimientos y proponga a qué comunidad deberá ser trasladado cada menor, en función de las plazas disponibles en el conjunto de sistemas autonómicos, y según el número de ellas que se le hayan asignado. Sin embargo, este paso no es definitivo porque tanto el propio menor como la comunidad teóricamente receptora deberán ser consultados en un plazo de tres días, quedando en manos del Fiscal la resolución final.

La otra gran herramienta con la que el Ejecutivo estatal quiere retoca el sistema de acogida es el denominado ‘real decreto de determinación de estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes’, que marcará unas exigencias de mínimos respecto al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo respecto a las ratio. Se pretende que ese nuevo decreto incluya un régimen sancionador para las comunidades que lo incumplan. El objetivo es dejar atrás el sistema de ‘macrocentros’y fomentar la acogida familiar. Huir de los centros masificados, como sucede en Madrid, hacia un modelo de centros pequeños o pisos. 

Suscríbete para seguir leyendo