Vía libre de la Ley del Suelo al interés general de los estudios de rodaje
Los proyectos en suelo rústico no necesitarán licencia del ayuntamiento o cabildo
Requieren una inversión mínima de 15 millones y crear 300 empleos

Rodaje de una serie en exteriores de la isla de Fuerteventura. / La Provincia
La reforma de la Ley del Suelo que impulsa el Gobierno regional introduce una nueva disposición adicional en la que se da luz verde a la declaración de interés general de los proyectos para la instalación de estudios de rodaje de películas, series y otras producciones audiovisuales en suelo rústico sin necesidad de licencias urbanísticas ni controles previos por parte de los ayuntamientos o los cabildos, con lo que la prerrogativa estará en manos del Ejecutivo. El Gobierno fundamenta esta disposición en el carácter estratégico del sector audiovisual, de tal forma que esta luz verde territorial complementa a los beneficios fiscales que tienen las productoras por rodar en el Archipiélago.
La nueva disposición introducida en la norma de ordenación territorial establece una serie de requisitos para que se declare de interés general el establecimiento de estudios de rodaje: la inversión mínima por la actividad debe ser de 15 millones de euros, contar con una superficie de al menos 50.000 metros cuadrados y crear un mínimo de 300 puestos de trabajo directos. Asimismo se establece que la actividad de rodaje se realizará utilizando instalaciones efímeras y fácilmente desmontables y que los usos accesorios del proyecto -oficinas, talleres, almacenes, vestuarios e incluso un centro de formación- no podrán ocupar más del 15% de la superficie de la parcela y no superar las dos plantas de altura.
Con el fin de facilitar al máximo la instalación de estudios de rodaje y que la autorización sea lo más rápida posible se excluye la necesidad de que este tipo de proyectos sean compatibles con los instrumentos de planificación territorial o urbanística que estén vigentes en el municipio o isla donde se ubiquen. Pese a que no es obligatorio que el ayuntamiento o cabildo den su visto bueno a la implantación del estudio, la Consejería de Política Territorial podrá remitir el proyecto a la corporación local correspondiente, fijando un plazo de un mes para que conteste a favor o en contra del expediente. Es el Ejecutivo el que tomará la decisión sobre el inicio o no de una modificación o revisión del planeamiento insular o municipal. La mera consulta o el acuerdo por parte del Gobierno regional legitimará la construcción, edificación y uso del suelo para los proyectos de instalaciones para el rodaje de películas, series y cualquier otra producción audiovisual.
La reforma de la Ley del Suelo también abre la puerta a facilitar los rodajes en suelos incluidos en espacios naturales protegidos con autorización previa del órgano gestor. La disposición puntualiza expresamente que solo se podrá denegar la actividad cuando «esté prohibida en las normas reguladoras del espacio o, en su caso, cuando sea manifiesta y patente la incompatibilidad de esta actividad con los valores protegidos».
La disposición también establece que los proyectos deben cumplir los deberes que comporta la realización de usos de interés público y social en suelo rústico de acuerdo con lo previsto en la ley y estarán sujetos al canon por actuaciones en este tipo de suelos. Si se incumplen los requisitos mínimos se podrá denegar la autorización solicitada.
Ley del Sector Eléctrico. Actuaciones para garantizar el suministro
Autorización especial para obras en instalaciones eléctricas
Los cambios en la Ley del Suelo de 2017 para introducir nuevas figuras de interés general también se extienden a las obras necesarias para el establecimiento, sustitución, reforma o ampliación de instalaciones de generación, transporte o distribución eléctrica por razones justificadas de urgencia y excepcional interés para garantizar el suministro eléctrico o por infraestructuras que se consideren estratégicas. En la disposición final primera del nuevo texto se habilita al Gobierno regional a legitimar la actuación con una autorización especial, aunque el ayuntamiento o cabildo correspondiente hayan denegado el proyecto. El periodo de consultas para que las administraciones públicas se pongan de acuerdo será de dos meses y en el caso de que sigan las discrepancias el proyecto se quedará en manos del Ejecutivo, que tendrá la última palabra. Si se autoriza tampoco se tendrá que habilitar otro instrumento de planificación territorial o urbanística aunque se encuentre en suelo rústico. De esta forma se pretende evitar dilaciones en obras de infraestructuras eléctricas para evitar ceros energéticos y ofrecer más potencia en zonas vulnerables.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias, destino final de la mayor red de tráfico de migrantes desmantelada en Mauritania
- Vía libre de la Ley del Suelo al interés general de los estudios de rodaje
- Un invento canario para rastrear cayucos vigilará el narcotráfico entre Marruecos y Andalucía
- Un fallo en los servidores del HUC deja al área norte sin acceso a los historiales clínicos de sus pacientes
- Canarias lidera la vigilancia militar del norte de África
- Concejales de NC de seis municipios ultiman su salida tras Semana Santa
- Canarias escala a la Comisión de Islas la ofensiva por la ley de residencia
- En Canarias se llega antes al polideportivo que al médico