Sira Rego: "El mensaje al mundo con el acuerdo sobre menores tiene sello canario"

Sira Rego (Valencia, 1973) valora en esta entrevista la importancia de la reciente aprobación del real decreto ley que reforma la ley de extranjería y regula la distribución territorial de menores migrantes no acompañados que llegan a las costas Canarias, y explica los planes del Gobierno central para los más de 1.000 niños o niñas solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo le ordena que acoja en el sistema nacional de protección.

Ministra, desde Canarias se tiene la certeza de que la aprobación de un mecanismo de distribución de menores migrantes no acompañados se podría haber realizado hace muchos meses, que se ha perdido mucho tiempo por falta de voluntad política del Gobierno, por ejemplo negándose durante mucho tiempo a hacerlo por decreto-ley como pedía el Gobierno de Canarias.

Entiendo que ante una crisis migratoria y de acogida se puede generar esta sensación, pero nadie puede negar que este Gobierno ha estado trabajando desde el principio con mucha dedicación, y de una forma en la que buscábamos por encima de todo una solución estructural, no un parche. La fórmula sobre la que sostener una medida de esta naturaleza no ha sido nunca el problema ni la causa de que se haya tardado más. El problema ha sido el bloqueo de algunas fuerzas parlamentarias y el papel que ha jugado el PP en todo el proceso, que como miembro del Gobierno de Canarias y de Ceuta tiene un planteamiento, pero que en el Congreso es rehén de Vox. El Gobierno ha hecho un trabajo en el que siempre ha puesto por delante el interés de los niños y de las niñas, y la necesidad de que ningún territorio se quedara atrás, que Canarias no se quedará atrás haciéndose cargo de una situación que requería una solución solidaria. Nos enfrentábamos a un dilema por la concurrencia de competencias en materia migratoria, en manos del Estado, y en protección de la infancia, que es de las comunidades autónomas, y buscar una solución respetando ese marco no ha sido fácil.

Justamente lo que planteaba Canarias es que el Estado debía asumir desde el principio la acogida de este colectivo porque es una emergencia migratoria de país, o al menos decretar de inmediato el traslado a otros territorios.

El Estado no puede asumir como propia esa competencia. Nosotros planteamos la solución jurídica que entendemos más viable para adaptar esta situación y hacernos cargo de ella precisamente porque no hay una posición discriminatoria respecto a estos niños y niñas. Lo que se reconoce de manera universal es el derecho de cualquier niño o niña, independientemente de su origen, a recibir acogida. La tutela en el ordenamiento jurídico español de los menores en situación de desamparo está en las comunidades autónomas. El escollo es que la tutela es de las comunidades autónomas y por eso proponemos la reforma de la ley de extranjería, que crea un mecanismo coordinado y plantea un sistema de acogida dimensionado, estructurado y suficientemente financiado.

“El PP es rehén de Vox, con quien ha decidido una relación preferente. El único motivo que se me ocurre para que rechace la distribución de menores en un motivo racista”

También se considera desde las Islas que el Gobierno central y el PP han estado usando políticamente el problema de estos niños y niñas durante mucho tiempo, enfrascados en diversas estrategias políticas sin voluntad real de intentar consensuar una solución.

Creo que el trabajo del Gobierno acredita el lugar desde el que hemos ido aportando propuestas en todo este problema. Ha habido una clara instrumentalización de la infancia por parte del PP y de la extrema derecha, eso es evidente, bloqueando el real decreto y situándose en un plano puramente ideológico. El PP no ha tenido problema cuando se acogió a más de 62.000 de niños y niñas por la guerra en Ucrania, como país dimos respuesta y estuvimos a la altura. No hay ningún motivo para que los 4.400 menores que se van a distribuir desde Canarias y Ceuta sean un problema. El único motivo que se me ocurre es un motivo que se llama racismo. El Gobierno nunca ha instrumentalizado políticamente a los niños migrantes, al contrario, nos hemos sentado en todos los ámbitos donde podía negociarse una salida, hemos propuesto siempre planes de trabajo. Quiero recordar que durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebró en Canarias, organizamos una visita de los consejeros autonómicos a los centros de acogida para que los conocieran de primera mano, y ningún representante del PP vino a la visita. Nos hemos sentado con el PP en varias ocasiones y siempre se han levantado de la mesa tras presentar una propuesta absolutamente maximalista que hablaba más de política migratoria que de dar acogida a los menores, que era la urgencia que nos ha estado ocupando. Ahora lo que tenemos que hacer es dar respuesta a una crisis de acogida, y tenemos que dar soluciones, y si un partido se niega a trabajar en ese sentido, como ha hecho el PP, está instrumentalizando políticamente los derechos de la infancia.

¿Cree que el PP tenía decidido desde el principio su rechazo a cualquier medida de distribución a pesar de que por momentos se sentó a negociar, o es algo decidido a posteriori por sus relaciones con Vox?

Vox dicta la agenda del PP y eso lo que está ocurriendo. La exigencia de Vox por ejemplo en Aragón ha sido que el presidente de la comunidad (Jorge Azcón) explicitara su rechazo a la política de acogida de niños y niñas en situación en desamparo. El PP ha decidido tener una alianza preferente con el partido ultra y racista Vox frente a hacer política de Estado y de país. Es, lamentablemente, su prioridad política.

¿Y le sorprende que el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, mantenga su acuerdo de gobierno con el PP?

A mí me parece una contradicción, pero yo no soy la presidenta de Canarias ni soy quien para hacer ese juicio. Un elemento sorprendente es que el PP tenga dos posiciones, porque nosotros hemos trabajado muy bien con el Gobierno de Ceuta (presidido por el popular Juan Jesús Vivas) que ha tenido una visión de Estado y han apoyado desde el primer momento la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Lo sorprendente es que el PP de Génova se posicione en contra de los intereses de los territorios donde sufren la crisis migratoria y en los que está gobernando. 

“Cataluña y el País Vasco son frontera con la UE, tienen movimientos secundarios y han hecho en el pasado un esfuerzo superior que el resto de la mayoría de territorios”

¿Cómo cree que debe asumir la sociedad canaria esta respuesta política que por fin ha dado el Congreso a la situación de los menores tras años de crisis migratoria y que con frecuencia se ve abandonada por el resto del país?

Este real decreto es muy importante para Canarias en primer lugar porque está viviendo de manera directa y desde su propia piel lo que supone esta crisis de acogida. Pero también es importante para el conjunto del país por el mensaje que lanza al mundo. Yo creo que hay dos niveles sustanciales en los que opera este real decreto. En primer lugar, porque va a permitir descongestionar el sistema de acogida canario y el esfuerzo que supone hacerse cargo, y que esta situación se resuelva de forma colectiva. Va a resultar un alivio en la situación de la crisis de acogida que vive directamente la población canaria. Pero más allá de eso es relevante lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los niños y niñas. La sociedad canaria se ha comportado de manera absolutamente generosa y con una sensibilidad increíble, es un ejemplo de sociedad de acogida, y ha demostrado que apuesta por una sociedad de derechos. Con este real decreto, en contra de la tendencia de la mayoría resto de países europeos, y otros muchos del resto del mundo, estamos lanzando una voz firme a favor del reconocimiento y protección de los derechos humanos y diciendo alto y claro que España es un país que pone los derechos humanos en el centro, y ese mensaje, en este caso, tiene sello canario.

Ahora queda todo el operativo para poner en marcha la reubicación de esos 4.400 menores. ¿Tiene ya la propuesta para llevar a la Conferencia Sectorial que ha convocado para el 28 de abril?

Queremos ser muy garantistas en la aplicación del real decreto. Las comunidades autónomas tienen que facilitarnos las plazas ocupadas, que es el dato importante, no el número de menores atendidos como nos han pasado Madrid y Extremadura, y estamos teniendo dificultades para homologar toda información que nos han dado porque hay mucha asimetría. Aragón lleva desde que allí gobierna el PP sin actualizar las plazas de su sistema de acogida. Necesitamos saber cuantos niños y niñas hay acogidos en todos los territorios para hacer una propuesta equilibrada. Planteamos en este decreto utilizar un indicador casi académico que establezca, con la ratio de población y atendiendo también al esfuerzo que se haya hecho previamente, un número de plazas estructurales por cada territorio. Lo que vamos a hacer es cruzar los datos que nos han aportado con los del Registro de Menores no Acompañados del Ministerio del Interior, vamos a llevar una propuesta de distribución atendiendo a estos datos preliminares.

¿Qué espera de las comunidades del PP? ¿Hay posibilidad de que un boicot y los recursos al Tribunal Constitucional de estas regiones haga inviable el proceso?

Todavía no quiero ser pesimista. Me queda un aliento de optimismo para pensar que las comunidades autónomas van a colaborar y a facilitar un reparto que es justo y objetivo. Tenemos mecanismos que nos permiten garantizar el cumplimiento del real decreto. Si quieren cooperar, fenomenal, pero si parte de ellas deciden rebelarse, nosotros seguiremos trabajando en el marco de la ley. Hago un llamamiento a que colaboren porque estamos hablando de niños y niñas. Si hay una oportunidad para demostrar que se es un partido de Estado que se pone al frente de la solución y que no instrumentaliza a la infancia, es precisamente colaborando en aplicar este real decreto. Además, hay obligación constitucional de esa colaboración entre administraciones, y tenemos también un deber de transparencia. 

“Me parece una contradicción que (Clavijo) mantenga el pacto con el PP, pero no soy quien para juzgarle”

El PP insiste en que es un «reparto político» por el acuerdo con Junts.

El problema es que igual que sabemos que en Canarias hay cerca de 5.400 niños y niñas, porque están registrados y hay plazas ocupadas, sabemos que en Cataluña están el 25 % de las plazas de acogida de todo el país. Esto es así, es un dato, es una evidencia, no una valoración subjetiva. No tiene sentido honestamente si queremos proteger los derechos de la infancia hacer un trabajo para aliviar a un territorio con emergencia como es Canarias, y situar el problema en otro lugar con el 25 % de las plazas de todo el país como Cataluña. Yo no puedo negar la evidencia de que Euskadi y Cataluña son territorios que tienen mayor presión de movimientos secundarios por ser fronteras con la UE. Ambas comunidades han hecho un esfuerzo mayor en el pasado y están mejor dotadas que la mayoría de los demás territorios. Cuando planteas un mecanismo de equilibrio no puedes pasar por alto esta situación, lugares donde se ha trabajo de mejor manera de cara al interés superior del menor.

¿Qué planificación temporal de salida hay para los 4.400 que serán reubicados?

El real decreto establece que sea en el plazo de un año. Nosotros también estamos ya elaborando el real decreto de desarrollo y en el que se concretan los pasos que hay que ir dando. Paralelamente, el decreto señala que los menores que vayan llegando a Canarias u otro territorio declarado de contingencia migratoria, portanto, superando su capacidad de acogida multiplicada por tres, deberán ser trasladados a otro territorio en un plazo de quince días, pero es cierto que para aplicar esta medida necesitamos de un periodo transitorio de tres o cuatro meses para poner en marcha todo el mecanismo y cerrar el cupo que le corresponde a cada comunidad.

¿Cómo se va a calcular la financiación que le corresponde a cada comunidad autónoma?

A partir de que determinemos el número de plazas estructurales, la sobreocupación es la que irá con financiación del Estado. Hay 100 millones asignados, pero vamos a ir resolviendo la cuestión y dando cumplimiento a los traslados para dar respuesta a las necesidades de los distintos territorios en función de la sobreocupación.

¿Cuándo espera que se pueda trasladar al ámbito europeo este paso que se ha dado a nivel nacional?

Yo he estado varias veces en Bruselas reunida con varios comisarios, con la Agencia de Asilo Europea y debo decir que en el marco del Pacto de Migración y Asilo, con el que soy bastante crítica, hay dotación de recursos y ya nos hemos dirigido a las instituciones comunitarias para solicitar las dotaciones oportunas para acoger a menores en situación de desamparo y para hacer frente también a los casos de solicitantes de asilo. Los cambios en el colegio de comisarios está ralentizando las cosas y ahora la UE está inmersa en otros debates, pero vamos a seguir insistiendo y trabajando en ese campo.

“Vamos a cumplir el auto del TS sobre solicitantes de asilo, pero garantizando que no ven mermado su derecho a la acogida”

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Acabamos de dar traslado al Tribunal Supremo de todas las gestiones hechas y que se ha convalidado el real decreto de reubicación de 4.000 menores acogidos en Canarias, que viene a ser una parte de la solución al auto de la jueza, y que nos hacemos cargo para cumplir el auto. Ya hemos tenido reuniones con el Gobierno de Canarias y nuestra voluntad es hacernos cargos de ellos.

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Lo que plantea el TS es que el Gobierno se tiene que hacer cargo de esos menores solicitantes de asilo, pero no entra en la cuestión de la tutela. Es el sistema de acogida que tenemos diseñado en nuestros país en el que la competencias están en manos de las comunidades autónomas. El sistema universal, que tiene que hacerse cargo de situaciones específicas como la infancia con protección internacional tiene que dimensionarse para cuidar a estos niños y garantizar sus derechos. Nosotros hemos trabajado desde el principio con el hecho de que había más de 1.000 niños solicitantes de asilo dentro de esos 4.000, que tienen que contar con una garantía de derechos específica por su situación, pero que además no pueden ver mermado su derecho a la acogida, lógicamente, y eso es lo que se hacemos.

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Insisto, es uno de los asuntos en los que estamos trabajando porque el real decreto también nos abre la puerta para ello, es decir, que formen parte de los 4.000 que van a ser trasladados no significa que vayamos a hacer un paquete global con todos los niños. Hemos dicho desde el principio que por esta dificultad vamos a tener que ir caso a caso porque hay garantizar sus derechos y en algunos casos cuando son solicitantes de protección internacional habrá que dimensionar los procedimientos de acogida. Hemos hecho un trabajo con la Oficina Europea de Asilo para dar acompañamiento a estos niños y niñas antes de que se produjera el auto del Supremo. No podemos enzarzarnos en una cuestión técnica, sino ser capaces de dar cumplimiento al auto con garantías de cumplimiento de derechos para esos niños.

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Nosotros creemos que sí. Estamos viendo eso específicamente y este fue uno de los aspectos que se abordó. El Gobierno de Canarias explica que hay un cierto número de estos niños y niñas que tienen arraigo en su situación actual, que habrá que estudiar caso a caso, eso es mostrar una sensibilidad con la realidad cotidiana de cada niño o niña, es importante que lo dotemos económicamente, pero insisto, desde el Gobierno nos vamos a hacer cargo de este auto.