La ciudadanía canaria propone castigar la poca transparencia de las instituciones

La ciudadanía no está conforme con el nivel de transparencia de las administraciones canarias y así se lo ha hecho saber a la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, durante el proceso de participación para modificar las vigentes leyes sobre este asunto. ¿Sus propuestas?: Un observatorio independiente de transparencia y un "régimen disciplinario" para los ‘opacos’, entre otras.

En 2010 se aprobó en Canarias la ley de fomento a la participación ciudadana -que sirvió para activar la consulta de 2014 contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote- y cuatro años más tarde vio la luz la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública que, entre otras cuestiones, creó la institución del Comisionado de Transparencia que en estos momentos dirige Noelia García. Ambas fueron hitos del Gobierno del pacto entre CC y el PSOE que presidió Paulino Rivero pero que 15 años después, en palabras de la consejera Barreto, "han quedado desactualizadas".

También es cierto que pese a los avances, sobre todo gracias a las nuevas herramientas tecnológicas que han revolucionado la forma de acceder a la información y a la participación, no se ha terminado de lograr que la ciudadanía entienda de manera mayoritaria qué es la participación ciudadana y cómo se utiliza y qué mecanismos de transparencia tiene a su alcance.

Por ello, el actual gabinete que preside Fernando Clavijo decidió unificar ambas leyes en una sola, cuyo período de exposición pública concluyó el 10 de abril, con el fin de actualizar el marco normativo de la transparencia y la participación ciudadana en Canarias en el ámbito del sector público y propiciar una mayor implicación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

¿Y qué mejor manera para conseguir que a la gente la transparencia y la participación ciudadana les resulten interesantes? Pues con un proceso de reuniones impulsado por la Consejería de Presidencia que se celebraron en febrero y marzo y en el que 400 personas han contribuido, a través de varios tirones de oreja a la Administración que han resaltado los fallos del sistema, al contenido de la futura ley.

Representantes de las administraciones públicas, empresas privadas, organizaciones empresariales y sindicales, entidades del Tercer Sector y ciudadanos particulares participaron en foros para poner negro sobre blanco las carencias e incumplimientos de la legislación y proponer soluciones.

Entre ellas, la ciudadanía demanda que la institución del Comisionado de Transparencia "tenga capacidad sancionadora" y que sus "resoluciones sean ejecutables" sobre la base de crear "un régimen disciplinario para responsables políticos, funcionarios y órganos administrativos que incumplan de forma reiterada sus obligaciones". Una idea que no es nueva y que ya adelantó el pasado año el anterior comisionado, Daniel Cerdán, cuando fue relevado por su sucesora, Noelia García.

Pero, además, la ciudadanía exige ampliar ese control a la propia institución del Comisionado mediante "auditorías externas para garantizar la imparcialidad y la mejora continua" y "vincular el cumplimiento de la transparencia al acceso a los fondos públicos en subvenciones o convenios" para que queden excluidos de los mismos las administraciones, entidades y empresas que no cumplan los objetivos de transparencia.

La gente pide auditorías externas a la institución del Comisionado de Transparencia

Para ello, se propone crear un observatorio independiente de transparencia y participación, "con funciones de vigilancia, análisis y generación de recomendaciones" y publicar de forma periódica "los silencios administrativos desglosados por materia o entidad" para visibilizar el grado de cumplimiento y rendición de cuentas, toda vez que una de las quejas más recurrentes de quienes participaron en este foro de participación es que el "silencio administrativo es una barrera estructural". Es decir, los participantes critican que las solicitudes de información no respondidas no tengan consecuencias para la Administración y que el silencio negativo limite los derechos ciudadanos, por lo que se propone "su revisión en favor de una obligación reforzada de respuesta".

Ya que el objetivo de fusionar las dos leyes vigentes es avanzar hacia un modelo más accesible, equitativo y colaborativo de gobernanza pública, pues sin transparencia efectiva no hay participación real, las propuestas más recurrentes giran en torno a crear "un portal único e integrado" que facilite el acceso a información pública estructurada, actualizada y clara, por ser la "base indispensable para la participación ciudadana consciente".

Además, se exige "la homogeneización de portales de transparencia con estructura común, especialmente útil para municipios pequeños".

Para la consejera Barreto, estas aportaciones de los 400 participantes en los foros demuestran "el verdadero interés de los ciudadanos en formar parte no solo de las decisiones de las administraciones sino también de por qué se toman esas decisiones". 

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