Torres: «Domínguez tiene difícil justificar el voto en contra del reparto»

Con la resaca de una jornada histórica para Canarias, marcada por la aprobación en el Congreso de los Diputados del real decreto ley que, por primera vez, obliga a repartir a menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, arremete contra el Partido Popular. Torres reprocha que la formación haya mantenido su negativa a apoyar la reubicación de los niños, a pesar de que este asunto es prioritario para el Archipiélago, donde el PP comparte el gobierno con Coalición Canaria. «Manuel Domínguez [líder del PP en Canarias y vicepresidente del Ejecutivo regional] tiene muy difícil justificar que los diputados que forman parte de su organización, y que fueron propuestos por él para estar en el Congreso, hayan votado en contra de un asunto prioritario para el Gobierno de Canarias», afirmó Torres, quien preguntó a los populares cuál es la alternativa que plantean para los menores. 

Torres señaló directamente a los seis diputados canarios del PP, que votaron en contra del real decreto. «Fueron votados en las Islas para defender los intereses de los canarios, que piden también mayoritariamente que esos menores que están en estos momentos hacinados en centros de muchos municipios del Archipiélago estén en condiciones dignas», recalcó. El ministro defendió que este nuevo marco normativo, convalidado el jueves en la Cámara Baja, responde a una «reivindicación de 30 años» no solo por parte de Canarias, sino también de otras regiones como Ceuta, Melilla, Andalucía, Baleares o Murcia. Este real decreto es el resultado del incansable trabajo del Ejecutivo de Fernando Calvijo, que ha apostado por conseguir una solución capaz de garantizar los derechos de la infancia migrante. Durante más de 18 meses, el Gobierno canario ha estado, erre que erre, insistiendo en la necesidad de que el Estado respondiera de manera eficaz y solidaria al colapso de la red de acogida del Archipiélago.

Torres agradeció el apoyo de nueve formaciones parlamentarias y la abstención de otra más, a la vez que lamentó los votos en contra de Vox —«que pretende que se devuelva a estos menores a sus países, cosa que impide el derecho internacional»— y del PP. A su juicio, los populares, y especialmente sus representantes en Canarias, «deberían haber votado en conciencia», ya que «saben la importancia de la medida y seguro que la comparten», defendió.

Desde ahora, recordó Torres, cuando un niño llegue a cualquier lugar de España sin el respaldo de un familiar adulto, «llega a este país y todos tenemos la obligación legal de responder solidariamente a esa realidad». Así, se garantiza una implicación equitativa en el fenómeno migratorio por parte de todas las regiones del Estado y solo se carga el peso de la atención de los menores a las comunidades frontera.

Hasta ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP –Andalucía, Madrid, Valencia, Baleares, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Murcia– ya han anunciado que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que la medida invade las competencias autonómicas. Si bien estos recursos no paralizarán los traslados hasta que el TC tome una decisión, pues solo un recurso del Estado puede interrumpir inmediatamente la aplicación de una ley. Con esta amenaza sobre la mesa, Torres ha advertido que aquellas autonomías que dilaten la aceptación de menores o incumplan los plazos y criterios de distribución que se acuerden en la próxima sectorial de Infancia, el 28 de abril, podrían enfrentarse a consecuencias legales. «Espero que eso no ocurra, porque se podría incurrir, incluso, en responsabilidades penales», advirtió. El Gobierno central, ha dicho el ministro, está dispuesto a actuar con firmeza ante posibles incumplimientos, pero también ha apelado al sentido común y la solidaridad.

El PP compra las ideas de Vox

En esta línea, el secretario de Estado de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Rubén Pérez, volvió a reclamar ayer al Partido Popular que aporte las cifras de asistencia de menores migrantes no acompañados de sus comunidades autónomas, para poder «conocer cuál es la capacidad de asistencia que tienen que tener los sistemas de protección en su conjunto». Pérez lamentó lo que, a su juicio, es «una clara obstrucción» del «trabajo claro y meridiano que tiene que haber entre las diferentes administraciones de cara a crear un sistema estructural de protección».

«El PP compra el catálogo ideológico de Vox y hace unas intervenciones en el Congreso nada acordes con las cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y los derechos de los menores migrantes no acompañados, y la propia Convención de Derechos del Niño», recriminó a los populares, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, el secretario de Estado informó de que ya se ha configurado el grupo de trabajo para hacer un desarrollo del propio real decreto, ya que este va a resolver «muchas dudas y preguntas». «Tenemos que mejorar los sistemas de protección vinculados a la infancia migrante no acompañada y vehicularlo, a través de mecanismos permanentes y estructurales, que impliquen una colaboración entre administraciones, ya que la materia de protección a la infancia es un factor determinante», concluyó.

Con respecto al auto del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Estado a integrar en el Sistema de Protección Internacional a más de un millar de menores no acompañados que han solicitado el asilo en Canarias, Torres insistió en la idea de que este fallo se basa en el hacinamiento de los niños en los centros del Archipiélago, por lo que las derivaciones a otras comunidades darán respuesta a esta orden. «Estamos hablando de menores que llevan años en las Islas, que están escolarizados y que tienen su núcleo familiar y amigos», señaló, subrayando la necesidad de abordar cada caso de forma individual y siempre desde el respeto a los derechos del menor. Además, recalcó que el auto no debate sobre la tutela de estos menores que, aunque pasen al sistema nacional de protección, seguirán bajo la tutela de Canarias.

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