Román Rodríguez y Blas Trujillo se lavan las manos en los contratos fallidos durante la pandemia

Distintos protagonistas, pero el mismo mensaje. Los "dolorosos contratos fallidos" -que afectan a 22 millones de euros de dinero público- del Gobierno del ‘pacto de las flores’ durante la pandemia son directamente imputables a las personas que dirigían entonces el Servicio Canario de Salud (SCS) y el departamento de Recursos Económicos: Conrado Domínguez y Ana María Pérez, respectivamente.

Ese es el resumen de las comparecencias de este viernes del exvicepresidente y exconsejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el que fuera titular de Sanidad desde junio de 2020 hasta el final de esa legislatura, Blas Trujillo, ante la comisión del Parlamento que investiga las comparas irregularidades durante la pandemia, si bien este último insistió en que “no se trata de poner un cortafuegos ni señalar a personas concretas con nombres concretos, sino porque ese es el esquema organizativo”.

Sin embargo, puso sobre la mesa un hecho hasta ahora desconocido, ya que Domínguez no dimitió, como hasta ahora se sostuvo por parte de varios miembros de aquel Ejecutivo, sino que Trujillo afirmó que "fue cesado por pérdida de confianza" tras el inicio de las investigaciones de la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. E incluso, hizo un tímido ejercicio de ‘mea culpa’: “Debería haber leído el Informe de la Intervención General de dación de cuentas que alertaba sobre ciertos contratos, pero no lo hice y tampoco ningún miembro del Gobierno, y a lo mejor no se debería haber hecho el segundo contrato a RR7 después de la primera entrega fallida de las mascarillas”.

El exconsejero de Sanidad afirma que "cesé por pérdida de confianza" al director del SCS al ser investigado

Ambos tuvieron que hacer frente al 'eco' de las declaraciones de la exconsejera Teresa Cruz, que en su comparecencia en la comisión el 31 de marzo insistió en que en su etapa en Sanidad ella se responsabilizaba de las decisiones de sus cargos intermedios -"si ellos caen, yo caigo"- y que tenía perfectamente informado al presidente Torres de todo lo que se hizo para afrontar los primeros meses de la pandemia.

"La responsabilidad de las contrataciones y de centralizarlas era de Recursos Económicos y yo era quien tomaba las decisiones en mi época como primer director del SCS; ahora bien, si mis subordinados hacen cosas irregulares a mis espaldas sin yo enterarme, las responsabilidades son suyas", respondió quien fue el ‘número dos’ del gabinete que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres para exonerar a Trujillo, que a su juicio "fue un buen consejero de Sanidad y ejerció bien su trabajo".

Pero pese a las intensas y reiteradas ‘interrogaciones’ de José Alberto Díaz Estébanez (CC) y Fernando Enseñat (PP), las contestaciones de ambos comparecientes siempre giraron en torno a que ningún miembro del Ejecutivo decidió con qué empresas contratar la adquisición del material sanitario y que de todas las irregularidades se enteraron cuando se publicaron en la prensa.

"Les importa un carajo la verdad"

"Tengo plena confianza en todos los miembros del gobierno y en Ángel Víctor Torres, que es una persona honesta", dijo Rodríguez.

La intensidad y dureza de las preguntas de los portavoces nacionalista y conservador exasperó a la socialista Nira Fierro, que olvidó las normas de la cortesía parlamentaria y aseguró que a los grupos que sostienen al gabinete que preside Fernando Clavijo "les importa un carajo" la verdad, pues "esta no es una comisión de investigación, sino de suposición» y el ‘cuatripartito’ "ya tiene sus conclusiones" pese a las manifestaciones de los distintos comparecientes durante el casi un año de vida que tiene la comisión.

"Ni siquiera la actual consejera Esther Monzón sabe las contrataciones que decide el director del SCS”, dijo Trujillo; "es imposible conocer lo que hacen 102 miembros del gobierno, incluyendo viceconsejeros y directores generales, y 90.000 trabajadores públicos", remachó Rodríguez.

El que fue ‘número dos’ del gabinete dijo tener "plena confianza en Torres y en todos los consejeros"

"Es lamentable que todos los miembros del anterior Gobierno se sienten en esta comisión y no se avergüencen de asegurar que ni se ocupaban, ni se preocupaban ni se responsabilizan de 90 millones en contratos y que toda la culpa es de una funcionaria", concluyó el conservador Enseñat.

"No sé si ella es la única responsable", contestó Rodríguez, mientras que Trujillo espetó al diputado conservador que "no sabe lo que es el SCS" y que su labor como consejero era garantizar que hubiera stock de material suficiente, hacer seguimiento de los indicadores de salud pública y evaluar los datos de presión asistencial para evitar el colapso de los hospitales.

Ambos exdirigentes insistieron en que cuatro contratos no pueden poner en cuestión el legado de la totalidad de las gestión durante la pandemia y si se mostraron revisar los procedimientos excepcionales de contratación cuando se aplican durante un largo perído de tiempo y no de forma puntual.

Suscríbete para seguir leyendo