Luz verde al reparto de menores después de 18 meses de tira y afloja

Día histórico para Canarias. El Congreso de los Diputados convalida el real decreto ley que hace obligatorio el reparto equitativo de los niños y jóvenes migrantes no acompañados por todo el territorio nacional. Con este paso, se materializa la solución que el Gobierno regional ha reclamado a pico y pala durante más de 18 meses y que ha conllevado una dura negociación política cargada de tira y afloja. La aplicación de esta medida aliviará el colapso de la red de acogida del Archipiélago, donde viven hacinados unos 5.800 menores llegados a las Islas a bordo de cayucos y pateras sin el respaldo de un familiar adulto. La convalidación del real decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería salió adelante con 179 votos a favor; 170 votos en contra -PP y Vox-; y 1 abstención.

El Partido Popular confirmó su ‘no’ a la medida, que calificó de «parche» y «chapuza administrativa» al considerar que no aborda la raíz del problema. La bancada popular mantuvo la disciplina de partido, pese a que se había rumoreado que los diputados canarios se planteaban una abstención para dar oxígeno al líder de su formación en las Islas, Manuel Domínguez, quien como vicepresidente del Gobierno regional ha trabajado codo con codo con el presidente canario, Fernando Clavijo, para buscar una solución. 

El Congreso da luz verde al reparto de menores migrantes con el 'no' de PP y Vox

En esta ocasión, el resultado ha sido diferente al del 23 de julio, cuando un texto similar, en forma de proposición de ley –registrada por PSOE, Sumar y CC–, no logró los suficientes apoyos para ser admitida a trámite. Ahora, los votos a favor de Junts per Catalunya, con quien el Gobierno central llegó a un acuerdo el pasado 17 de marzo tras una tensa negociación, han permitido que el decreto tenga luz verde del Congreso.

Valido: «Ningún menor solo es ilegal en ninguna parte del mundo y ningún niño solo es un delincuente en potencia»

Tras conocerse el resultado de la votación, los ministros de Política Territorial y de Infancia, Ángel Víctor Torres y Sira Rego, se dieron un emocionado abrazo entre los aplausos de los diputados de las formaciones que apoyaron la medida. Torres se giró hacia la tribuna de invitados, donde se encontraba Clavijo, y levantó el dedo en señal de celebración.

Una vez superado este trámite, el siguiente paso antes de comenzar la derivación de los menores se dará dentro de 16 días, el 28 de abril, cuando el Gobierno central tiene prevista la celebración de la Conferencia Sectorial de Adolescencia e Infancia, en la que las comunidades autónomas deberá aprobar los criterios de reparto. En caso de no llegar a un acuerdo, el Estado impondrá los parámetros que se seguirán para redistribuir a los niños. «Hay comunidades del Partido Popular que aún no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida con las que cuentan», lamentó Rego, quien aseguró que el Ejecutivo pondrá sobre la mesa una propuesta basada en la información con la que cuentan en este momento para que sirva de base sobre la que trabajar. 

Una vez consensuados -o impuestos- los criterios de reparto, empezarán a salir los primeros menores no acompañados de Canarias y de Ceuta, los dos territorios que han declarado la «contingencia migratoria». Esto es, que su capacidad de acogida se ha visto multiplicada por tres. Por un lado, se iniciarán los traslados de 4.000 niños desde las Islas y de otros 400 de Ceuta, con lo que se descongestionarán los centros. Y, por otra parte, para evitar que vuelva a darse un colapso similar, los menores que vayan llegando a partir de la conferencia sectorial saldrán en un periodo no superior a 15 días y se irán asignando a las diferentes comunidades autónomas según el volumen de carga de su red de centros. Rego sostiene que este reparto se podrá iniciar en verano, pues todavía hay que «dimensionar» el sistema de acogida.

Sobre el real decreto planea la batalla judicial con la que amenazan algunos ejecutivos autonómicos. Hasta ocho comunidades gobernadas por el PP –Andalucía, Madrid, Valencia, Baleares, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Murcia– ya han anunciado que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que la medida invade las competencias autonómicas. Si bien estos recursos no paralizarán los traslados hasta que el TC tome una decisión, pues solo un recurso del Estado puede interrumpir inmediatamente la aplicación de una ley.

Mena, una mierda de palabra

Torres, encargado de presentar ante la Cámara Baja el real decreto ley, lo calificó como «una medida histórica, para una demanda histórica». Así, instó a las formaciones a tener «altura de miras», pues «el fenómeno migratorio requiere una respuesta de Estado». El ministro destacó que los criterios de reparto están basados en datos objetivos, a pesar de que se han querido utilizar como arma política, acusando al Gobierno de cocinar los datos para beneficiar a Cataluña. En este sentido, Josep María Cervera, diputado de Junts, recordó que el número de plazas de acogida de su comunidad está muy por encima de las de otras regiones, por lo que «no tiene sentido pasar a los niños de un sistema colapsado a uno tensionado».

El camino hasta llegar a esta convalidación «no ha sido fácil» y lamentó que se hayan perdido 261 días desde que no se admitió a trámite la proposición de ley. «Hemos escuchado a presidentes autonómicos decir que están desbordados con 600 menores, en regiones con cinco millones de habitantes. ¿Cómo calificarían la situación de Canarias que tiene 5.800 niños y una población de dos millones de personas?, se preguntó el ministro, quien advirtió que las rutas migratorias cambian y que ahora la presión recae sobre el Archipiélago y Ceuta, pero la situación podría afectar a otros territorios en el futuro.

«Los niños migrantes son un asunto de Estado, no son solo responsabilidad de Canarias», explicó Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, quien recordó que el objetivo del real decreto no es hacer «un favor a Canarias», pues esta votación no hubiera sido necesaria la solidaridad interterritorial hubiera funcionado. «¡Ningún menor solo es ilegal en ninguna parte del mundo y ningún niño solo es un delincuente en potencia!», concluyó la diputada canaria. Vicenç Vidal Matas, de Sumar, subrayó que «los niños, sean migrantes o no, tienen los mismos derechos», espetó al PP que «es un partido racista» y preguntó al Gobierno balear que a quién pedirá ayuda cuando su sistema de acogida colapse. 

Clavijo confía en que el PP no use “tácticas dilatorias” contra el reparto

La intervención de María José Rodríguez de Millán, diputada de Vox, estuvo plagada de exabruptos e insultos hacia los menores migrantes. Así, Jordi Salvador, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) invitó a los diputados ultraderechistas a «ir corriendo a confesarse». Vidal Matas también tuvo palabras hacia los de Santiago Abascal: «Me he cansado de contar las veces que ha dicho la palabra mena. ¡Mena es una mierda de palabra!. Solo buscan deshumanizarlos. Les recuerdo que hablan de niños que quieren vivir, jugar y estudiar».

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