El caos en los fondos extraordinarios europeos bloquea cientos de millones en Canarias

Los fondos extraordinarios habilitados por la Unión Europea (UE) para mitigar las consecuencias de la crisis de la covid y promover la sostenibilidad y digitalización de la economía comunitaria han pasado de anunciarse como una suerte de maná transformador a quedarse bloqueados, en gran medida, por una gestión pública «ineficaz». Cientos de millones permanecen ociosos en las arcas de la Comunidad Autónoma por culpa de un sistema de reparto centralizado –el dinero va de Bruselas a Madrid y de Madrid sale hacia las distintas regiones– que, como tal, muchas veces no atiende las necesidades concretas de cada territorio. Si a ello se le suma que los sucesivos gobiernos de Canarias no se han caracterizado precisamente por figurar entre los más diligentes a la hora de materializar las inversiones, se entiende mejor por qué el nivel de ejecución de las operaciones de capital –que comprenden tanto la inversión que la Administración autonómica lleva a cabo por sus propios medios como las transferencias de fondos a cabildos o ayuntamientos para que estos los empleen en obra pública– se situó en 2024 un 6,81% por debajo de la media de las restantes 16 comunidades.

El nivel de ejecución de las partidas para obra pública se sitúa en la región un 7% por debajo de la media nacional

Hay que tener en cuenta que el mayor o menor compromiso de cualquier gobierno, departamento o entidad con un determinado objetivo no se ve en sus presupuestos, sino en la ejecución de sus presupuestos. De poco sirve que en las cuentas públicas anuales se consignen 50 millones para esta o aquella política, obra o proyecto si a final de año solo se han movilizado cinco millones. En este caso, la ejecución presupuestaria sería de un bajísimo 10% –se gastaron cinco millones de los 50 previstos–. Pues bien, Canarias, esto es, el Ejecutivo regional y el resto de unidades de la Administración autonómica –aquí entran desde el Servicio Canario de Empleo hasta el Instituto de Igualdad, pasando por la radiotelevisión pública e incluso el Parlamento–, ejecutó en 2024 un 56,18% de las inversiones reales o directas y un 53,77% de las transferencias de capital. Poco más de la mitad de los dineros presupuestados. Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que se movilizaron de manera efectiva 573,6 millones de euros de los 1.021 millones consignados para inversiones reales y otros 720,1 millones de los 1.339,2 previstos para transferir a otras instituciones. Así que de los casi 2.360,3 millones de euros presupuestados para operaciones de capital, se gastaron en realidad algo menos de 1.293,7 millones, un 54,81% –54 euros y 81 céntimos de cada cien consignados–. Los niveles de ejecución se quedan así un 6,33% por debajo de la media de las demás 16 autonomías en el caso de las inversiones directas; un 4,73% por debajo en el caso de las transferencias de capital; y un 6,81% por debajo si los dos capítulos se consideran en conjunto.

De modo que es esa baja ejecución de las inversiones la que en verdad está detrás de los 1.329,6 millones que, en total –incluidas las partidas para gastos corrientes y de personal y excluidas las operaciones financieras–, se quedaron sin movilizar el año pasado –de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, ya que la cuantía se reduce hasta 1.286 millones según las cifras del Gobierno regional–. ¿Y cuál es la razón de esa baja ejecución de las inversiones? Pues fundamentalmente ese embudo en el que están atrapados cientos de millones de los fondos extraordinarios europeos, exactamente 699 millones, según avanzó la Consejería de Hacienda.

Hay margen hasta 2026 para movilizar los recursos del mecanismo de recuperación, pero se teme no llegar a tiempo

Esos prácticamente 700 millones de euros tienen su origen en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento financiero del macroprograma NextGenerationEU. 700 millones que son parte de los más de 25.000 millones de euros que a nivel nacional se quedaron sin ejecutar el año pasado, cuando solo se movilizaron 9.114 millones de un total de 34.236, un exiguo 26,6%, el porcentaje más bajo desde que el MRR echase a andar. Desde el Ejecutivo canario explican que los bajos niveles de ejecución del MRR tienen que ver con ese sistema de reparto centralizado, un sistema en el que el Ministerio de Hacienda distribuye los recursos a través de conferencias sectoriales. Los fondos salen de Madrid con un destino predefinido que las comunidades no pueden cambiar a su antojo. Es un sistema poco flexible que se modificará antes o después. Y si, además, se tienen en cuenta esas dificultades históricas de Canarias para lograr niveles de ejecución digamos considerables en las partidas para inversiones –los fondos sin movilizar del MRR no corresponden en su totalidad a 2024, sino que en parte se arrastran de anteriores ejercicios–, resulta hasta normal esa baja ejecución, al menos en términos comparativos.

El caso es que esos 700 millones se arrastran ahora en 2025, con lo que no se han perdido pero se corre el riesgo de perderlos, porque el plazo para movilizarlos expira en 2026. De momento, las empresas «no detectan que los fondos europeos estén llegando», asegura el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García. Se precisa mayor «eficiencia y eficacia presupuestarias», tanto en el Gobierno de Canarias como en el Gobierno central, agrega el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, quien puntualiza que más allá de las culpas de cada cual, «estamos empeñados en exigir una mayor cuota de inversión, y eso pasa en buena medida por la simplificación administrativa». «No hay que olvidar que no habrá diversificación económica posible sin simplificación y que no habrá diversificación económica posible sin ejecución», subraya.

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