Turismo logra convalidar 'por la mínima' el decreto de residencialización que la oposición afirma que "nace muerto"

Por un ajustado margen de 34 votos a favor y 30 en contra el Parlamento convalidó este martes el decreto ley de residencialización que suspende, durante tres años, las sanciones a los residentes en viviendas que son turísticas y abre la puerta a que las mismas puedan cambiar su uso si los ayuntamientos, a petición de los afectados, modifican su planeamiento municipal.

Un texto que no se tramitará como proyecto legislativo pero que será enmendado durante el proceso de aprobación de la Ley de Vivienda Vacacional y que para los grupos de la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox) "nace muerto". 

"Se trata de suspender las sanciones en curso para proteger a los afectados mientras los ayuntamientos adaptan sus planeamientos, es una medida de respiro para una problemática muy compleja", defendió la consejera de Turismo, Jéssica de León.

Frente a las críticas, acusó a los partidos que ahora se oponen al decreto por «mirar para otro lado en el Gobierno y votar a favor de la ley que hace 13 años desprotegió a los propietarios».

La consejera insistió en que en el Gobierno "éramos conscientes del proceso de residencialización que se estaba produciendo en zonas turísticas porque, la Ley del Suelo del año 2017 abrió la puerta a que se consolidara el uso residencial de estos apartamentos turísticos".

Y, en contra de los argumentos de la oposición, insistió en que el decreto garantiza la seguridad jurídica «porque hemos eliminado también la sustitución del propietario en caso de no atenerse al uso turístico y salir de la unidad de explotación», por lo que recalcó que "esta norma favorece al residente, al pequeño propietario, al vecino que compró un apartamento hace décadas y que ahora se ve atrapado en una normativa obsoleta". 

"Mirar para otro lado nos ha costado 3.500 millones de euros, costado 943 millones en recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo", señaló.

"Es un decreto trampa", aseguró la diputada de Vox Paula Jover, mientras que la 'canarista' Esther González afirmó que la nueva norma "condena a los propietarios, al obligarlos a declararse ilegales con un decreto perverso y lesivo".

El socialista Gustavo Santana incidió en que "los afectados tienen pruebas suficientes para decir que lo que está haciendo el Gobierno es caerles con toda su fuerza ejecutiva y normativa para hacerles ceder incluso en su dignidad personal y económica y social".

Redefinir el municipio turístico

No fue la convalidación del decreto el único asunto relativo al nuevo modelo turístico que diseña el Gobierno que preside Fernando Clavijo y que se debatió durante el pleno parlamentario.

A una pregunta concreta del diputado nacionalista y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, la consejera De León, se mostró partidaria de "redefinir el concepto de municipio turístico" y que se analicen las capacidades de carga de aquellos cuya oferta "no se limita al sol, la playa y los grandes hoteles e incluyen la Vivienda Vacacional o el turismo rural".

De esta manera, De León se alinea con las tesis defendidas por el Consejo Consultivo de Canarias, que no considera necesario aprobar una ley específica para los 13 municipios autodenominados turísticos de Canarias -que ya está en trámite en el Parlamento- por entender que los 88 núcleos municipales comparten el concepto legal de "destino turístico", tal y como lo estipula la Ley de Ordenación del Turismo (LOT) del año 1995. Un argumento usado por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para oponerse sin éxito a que la Cámara tramitara esa nueva legislación. 

El propio Linares trasladó a De León "la inquietud" que ha generado la redacción del texto impulsado por los 14 municipios turísticos, pues los 74 restantes quedan como "espectadores". Por ello, desde su punto de vista particular la consejera dijo "compartir que el turismo no se limita al clásico tridente: sol, playas y camas y que hay que analizar las capacidades de carga y a partir de ahí evaluar si hay una presión turística o no".

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