El Estado “avanza” en el protocolo con Canarias sobre los menores con asilo

El Gobierno central sigue apelando a la cooperación puesta en marcha con el Gobierno de Canarias para tratar de dar ejecución a la resolución del Tribunal Supremo que le ordena hacerse cargo de 1.008 menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional, y asegura que está “trabajando en ello con la máxima celeridad”. Es el mensaje que trasladó este martes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, pero en la que no fue capaz de concretar los “criterios temporales o geográficos” con los que piensa actuar el Ejecutivo para dar cumplimiento a la sentencia.

Esa era la información que le requería a la ministra el senador por La Gomera, Fabián Chinea (ASG), para tener “concreción, certeza y claridad” sobre cómo piensa el Gobierno asumir la atención de ese colectivo solicitante de asilo, cuando señala, por otro lado, que el Sistema Nacional de Protección Internacional y Asilo no está concebido apara acoger menores que han migrado solo, y que no hay plazas para ellos. La ministra no especificó ningún plan concreto en este sentido más allá de comentar la mencionada colaboración emprendida con Canarias, y la inclusión de este grupo de menores migrantes en el grupo más amplio de 4.400 que se distribuirán desde las Islas y Ceuta por todo el resto del territorio nacional tras la “previsible” convalidación este jueves por el Congreso del decreto-ley que la contempla.

“Nos vamos a hacer cargo de esta situación. Dentro del decreto sobre el dimensionamiento que estamos haciendo del sistema de acogida están incluidas las particularidades que tienen que ver con la infancia solicitante de asilo. Ese compromiso del Gobierno está”, afirmó la ministra, quien destacó que la importancia de la “salida vinculante, solidaria y estructural para la infancia migrante no acompañada” que supone dicha distribución por considerarla una “propuesta de Estado que garantiza la acogida en condiciones dignas, vinculante entre todas las comunidades y basadas en principios de solidaridad, corresponsabilidad y equidad”. “No podemos dejar sola a la infancia migrante no acompañada y a la solicitante de asilo tampoco, pero tampoco a ningún territorio, como a Canarias o Ceuta en este caso”, subrayó.

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Rego insistió en que el Gobierno está “trabajando con el Gobierno de Canarias para avanzar en un protocolo marco para la atención de menores solicitantes de protección internacional”, y destacó también que también lo hace “desde hace meses” junto a la Agencia Europea de Asilo “para reforzar la formación de los profesionales que trabajan en los sistemas de protección de menores, especialmente en materia de asilo y protección internacional”. “Nuestro compromiso va más allá de cumplir con el TS, que por supuesto lo haremos, sino cumplir con el interés superior del menor y con los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañadas porque es un imperativo ético y legal para España”, recalcó. Insistió en que los criterios para dar cumplimiento a la sentencia serán “los que pongan en el centro los derechos de la infancia solicitante de asilo”.

El senador Chinea afirmó que “la certeza, la transparencia y la información respecto a estos planes son fundamentales” para la atención adecuada a este colectivo, que recordó que es competencia estatal. “Le pedimos claridad y agilidad porque estamos en un momento culminante para abordar la acogida de los menores migrantes de un modo más eficaz y justo”, traslado el Chinea la ministra.

Rego había participado por la mañana en la Comisión Interministerial de Inmigración donde precisamente se aprobó la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento y coordinación de la ejecución real decreto ley que se espera convalidar el jueves, y que será el órgano el que coordine los trabajos para solicitar a las comunidades autónomas la presentación de los datos sobre los recursos autonómicos de acogida, capacidad y ocupación de plazas por parte de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, o la aclaración de los datos que ya hayan sido presentados.

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Esperado aval del Congreso

Toda esta información ya está siendo solicitada y gestionada por el departamento de Rego con el objeto de crear una propuesta de distribución de los 4.400 niños desde Canarias y Ceuta, pero dado que aún hay una región sin responder (Aragón) y otras con datos incompletos o que no se corresponden con los que maneja el Gobierno de manera previa, se busca una coordinación más efectiva entre los propios ministerios implicados en la ejecución de este proceso, y de estos con las comunidades autónomas. Rego no aportó en la reunión interministerial de este martes información mucho más detallada de la que ya se disponía en la de la semana pasada, justo el día en que se cumplía el plazo para que los gobiernos regionales presentaran sus datos sobre número de niños acogidos y plazas disponibles con los que el Estado pudiera dimensionar la situación, hacer un reparto equitativo, y determinar el incremento de centros que debe contemplar cada territorio en función de las acogidas totales que debe asumir.

El Gobierno trata de impulsar todo este proceso en tanto espera tener todos los apoyos necesarios para que el Congreso avale la convalidación del decreto, algo que aunque estaba pactado con Junts desde hace semanas, todavía despertaba algún temor en el Gobierno de Canarias. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se mostró con todo optimista y aseguró que “en el inicio del pleno, tenemos garantías de que el decreto puede salir adelante”, dando a entender así que las complejidades de la vida política y parlamentaria en torno al Gobierno pudieran provocar algunos nervios en las horas previas de la votación. Aunque el Gobierno tiene este asunto pactado con todos los grupos de la investidura, la imposibilidad de poder articular una propuesta de reparto sin que las comunidades del PP anunciaran un rechazo del mismo, así como recursos ante el Tribunal Constitucional, ha puesto en riesgo ese respaldo catalán.

Si todo sigue su curso, el decreto-ley que regula los repartos saldrá adelante con los votos de PSOE, Sumar, Bildu, ERC, PNV, Junts, Podemos, BNG, CC y José Luis Ábalos (Mixto), frente al rechazo de PP y Vox, y la probable abstención de UPN. Junts es el único grupo que cambia de bando respecto a la votación de la proposición de ley de reforma de le ley de extranjería que se votó en julio pasado, cuando los catalanes, junto a populares y ultraderechistas, evitaron la reforma legal que hubiera dado alivio a la situación de los menores en Canarias hace ya nueve meses. En teoría, el cambio de posición del Gobierno es consecuencia del pacto con el Gobierno central para ceder a Cataluña la delegación de determinadas competencias en materia de migración, pero también porque los criterios de reparto acordados entre Canarias y el Estado, y la ponderación de los mismos, garantiza que esa comunidad autónoma solo asumiría unas 30 nuevas acogidas por ser una de las que más niños atiende en la actualidad.