El Estado ultima el encaje de los datos sobre menores y una propuesta de reparto

Las comunidades autónomas de Madrid y Aragón todavía no habían remitido en la tarde de este lunes al Ministerio de Juventud e Infancia sus datos sobre los menores migrantes no acompañados que tienen a su cargo, ni sobre las plazas de acogida disponibles, según distintas fuentes gubernamentales. Esta información la tenían que haber aportado antes del 31 de marzo todas las administraciones autonómicas en cumplimiento del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre la reforma de la ley de extranjería y el reparto de 4.400 niños y niñas que han migrado sin familiares y colapsan desde hace meses los centros de acogida de Canarias y Ceuta, y cuya convalidación el Gobierno central espera superar el próximo jueves en el Congreso.

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Sin embargo, Aragón se negó a remitir cualquier tipo de información al respecto, mientras la Comunidad de Madrid se limitó a ofrecer al Ministerio la cifra global de niños extranjeros que ha atendido en su sistema de acogida durante todo el 2024, en concreto 2.442, pero sin concretar cuantos atiende en estos momentos, y de cuantas plazas dispone. Sí señala el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ha superado en un 136 % su capacidad de acogida. Ambas comunidades han acordado recurrir la medida al Tribunal Constitucional, como también han anunciado que harán varios gobiernos más que, como los de estos dos territorios, están en manos del PP.

Por su lado, Extremadura ha advertido también este lunes que no podrá acoger a más niños porque, con 126 acogidos en este momento, y 169 a lo largo de todo 2024, dice estar al 111% de su capacidad.

El Ministerio de Rego seguía esperando este lunes los datos no solo de Madrid y Aragón, sino también las aclaraciones de varias regiones más cuyas cifras aportadas el pasado 31 de marzo dejaba algunas dudas sobre el número de niños migrantes acogidos, su metodología de cálculo, o la cifra de plazas de que disponían. La ministra dio unos días más para cerrar toda esta información, que en todo caso espera tener antes de la convalidación de la reforma legal en el Congreso, para hacer una propuesta de distribución territorial de esos 4.400 menores. Rego y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha negociado con el Gobierno de Canarias los pormenores de todo este proceso, han advertido a todas las comunidades, en especial a Madrid y Aragón, que si sus datos no son precisos o fiables, se tendrán en cuenta los que obran en manos del Estado, que datan de diciembre de 2023.

Según los datos oficiosos que se han ido publicando en las últimas semanas sobre el número de menores que deberá asumir cada comunidad en función de los criterios utilizados (población, PIB, tasa de paro, dispersión y esfuerzo de acogida en el pasado), Madrid sería, junto con Andalucía, la comunidad que más niños y niñas acogería ahora, más de 700, en tanto que Cataluña asumiría apenas unos de 30 por ser una de las comunidades, junto al País Vasco, que más esfuerzo ha realizado en los últimos años en número de plazas disponibles y de acogidas. El Gobierno central confía en tener en los próximos días todos los datos que necesita, incluidos los de Madrid y Aragón, apelando a la garantía que había dado la dirección del PP de que todas sus comunidades autonómicas cumplirían con la ley aunque no estén de acuerdo con ella.

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El cruce de pareceres y de información con el conjunto de regiones se alargará, sin embargo, algún día más, por lo que no es probable que la titular de Juventud e Infancia haga ya una propuesta de distribución en la Conferencia Interministerial de Inmigración de este martes. Según fuentes gubernamentales, en ella se acabará de conformar el equipo que tendrá que elaborar el reglamento de desarrollo del decreto, diseñando el formato de distribución de los niños y niñas entre todos los territorios antes de que Sira Rego convoque a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para trasladar a las comunidades autónomas la propuesta. En todo caso, todo pasa por la convalidación del decreto-ley que contiene la reforma de la ley de extranjería y que regula todo el proceso. También han surgido dudas y temores sobre el efecto que tendrán sobre algunos grupos parlamentarios, especialmente Junts, el caos en la información otorgada por algunos gobiernos regionales, y sobre todo por la catarata de recursos de inconstitucionalidad que han avanzado las comunidades gobernadas por el PP. El propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se pronunció hace unos días en este sentido.

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Canarias declaraba la semana pasada la situación de contingencia migratoria extraordinaria y envió el listado nominal de los 5.485 menores migrantes no acompañados que hay en la comunidad autónoma. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, reclamaba este lunes tras el Consejo de Gobierno que “esto debería de ser un asunto que tuviera un gran consenso en el ámbito del Congreso de los Diputados porque al final se debe tratar de una respuesta estructural”. “Creemos que va a salir adelante. Somos optimistas con respecto a cómo va a salir, pero la realidad es que es un optimismo moderado en la medida en la que las posturas están cambiando muy rápidamente”, afirmó el portavoz.

Sobre el caso de Extremadura, recordó que Canarias asumió todos los menores que llegaron y nunca hizo “este tipo de declaraciones” cuando, con 20 centros, llegaron a las Islas 2.000 niños y niñas migrantes sin tutela. “Canarias no se ha quedado quieta. Diecisiete meses después tenemos 86 centros de menores, con esos casi 6.000 menores en la comunidad autónoma de Canarias”, afirmó recordando que el coste de todos los servicios a este colectivo alcanza los 180 millones al año.

Sobre el conflicto con el Estado sobre los 1.008 solicitantes de asilo y el recurso presentado y luego retirado por el Estado contra el auto del Tribunal Supremo, Cabello resaltó que “en esto no caben interpretaciones”. “Aquí hay dictada una cautelar por parte del Supremo, Canarias va a colaborar en todo lo posible, pero quien tiene la responsabilidad, quien tiene la obligación y quien tiene que registrar a esos menores ya es el gobierno del Estado, por lo tanto, es a quien le corresponde dar una respuesta antes de este próximo miércoles día 9 como fecha improbable”, remachó el portavoz del Ejecutivo regional.

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