Desajustes en el Gobierno ponen en jaque el acuerdo sobre menores

La estrategia pactada entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias para afrontar y dar solución a la situación de los menores migrantes no acompañados acogidos en estos momentos en las Islas ha sufrido en las últimas horas momentos de incertidumbre y tensión que podrían haber afectado al conjunto del plan para la distribución de 4.000 de ellos entre todas las comunidades autónomas. Las diferencias de criterios entre algunos de los ministerios implicados, los desajustes entre distintos ámbitos de la administración estatal y la torpeza con la que se han manejado algunas decisiones ha estado a punto de provocar un terremoto justo en los días previos en que el Congreso deberá convalidar, el próximo jueves, el real decreto-ley que modifica la ley de extranjería y regula el reparto.

El Ejecutivo de Pedro Sánchezse ha visto obligado este viernes a retirar el recurso que interpuso el día anterior contra la cautelar del Tribunal Supremo (TS) que obligaba a que más de 1.000 menores solicitantes de asilo pasen al sistema nacional de acogida en el plazo de diez días a contar desde el 26 de marzo. Ese recurso lo registraba la Abogacía del Estado en el alto tribunal mientras paralelamente tres miembros del Consejo de Ministros, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y las titulares de Migraciones, Elma Saiz, y de Juventud e Infancia, Sira Rego (estas dos últimas por videoconferencia), negociaban con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una respuesta coordinada al mandato judicial. En la reunión se acordó que el Estado asumirá esas acogidas pero que se harán “caso a caso” y no “de un día para otro”.

“Estamos trabajando con el Gobierno de Canarias en dar cumplimiento a ese auto del TS. Ayer (por el jueves) hubo una reunión muy productiva y como consecuencia de ella y de los avances que se produjeron, y como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación hemos retirado ya ese recurso”, afirmó este viernes el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que apeló a la “buena fe negociadora” por parte del Gobierno central. “Creo que podemos llegar a un acuerdo las dos partes en dar cumplimiento de ese auto y desistimos de presentar ese recurso para poder trabajar en el acuerdo y no tanto en el procedimiento judicial”, resaltó ante lo que consideró “un ejemplo de una medida adecuada de solución de conflictos, que las partes puedan hablar, se sienten y busquen soluciones, pactos y eso evita litigios y en este caso la tramitación de un recurso”.

También Torres trato de justificar la decisión del Gobierno asegurando que el recurso ante el Supremo contra la cautelar estaba decidido de manera previa a la reunión porque era el último día de plazo para ello, pero fuentes del Ejecutivo regional señalan que sus tres interlocutores les trasladaron la idea de que, tras el acuerdo alcanzado, ese paso contra el requerimiento de alto tribunal no se llegaría a dar. Sí reconocían que esa vía estaba prevista y que el documento preparado para el caso de que no hubiera acuerdo en la reunión entre ambas administraciones. Sin embargo, desde el ministerio de Justicia que lidera Félix Bolaños y del que depende la Abogacía del Estado, dieron el visto bueno a la presentación del recurso en previsión de que concluyera el plazo para hacerlo.

Torres arguye en este sentido que “teníamos cinco días para recurrir el auto”, que “por norma” el Estado siempre toma esa iniciativa cuando un auto judicial le afecta, pero que en este caso “se ha retirado porque preferimos los acuerdos” y porque había “voluntad de llegar a posiciones comunes” y aplicar la resolución judicial “desde la cooperación”. “Entiendo que también el Gobierno de Canarias haya valorado que hayamos retirado ese recurso para que podamos caminar y antes del día 10 poder trasladar al TS ese trabajo que vamos a hacer en colaboración entre ambas administraciones”, insistió el ministro. Torres aseguró que el recurso “se interpuso antes” de la reunión en aplicación de la costumbre de la Abogacía del Estado y del plazo para hacerlo y aseguró que “lo anormal no es que se presente, sino que se retire porque hay voluntad de buscar una solución”, como en este caso ha hecho el Gobierno tras el acuerdo de respuesta al auto del Supremo pactada con Canarias.

Fallo “inejecutable”

Lo cierto es que desde la difusión del auto del Supremo, una mayoría dentro del Ejecutivo central era partidaria de recurrir la cautelar al considerarla “inejecutable” y de imposible cumplimiento en sus estrictos términos al no disponer de plazas para menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, y porque de facto el decreto de reparto ya ponía remedio al hacinamiento de este colectivo al que se refería el auto. También porque contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional sobre cómo preservar el interés superior del menor, o sobre las conclusiones en torno al cruce de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre estos menores solicitantes de asilo. En definitiva, que aplicar el fallo sería perjudicial para este grupo de menores solicitantes de asilo.

No solo el ministerio de Bolaños era partidario de presentar el recurso, sino también los servicios jurídicos de los departamentos que lideran las ministras Rego y Saiz. El único que era más reacio a este mecanismo era el propio Torres, confiando siempre en que un acuerdo con Canarias daría salida al problema, pero también asumiendo que acataría la decisión técnica de la Abogacía del Estado. En todo caso, el ministro canario se movió con rapidez la tarde del miércoles tras la reunión con Clavijo para ordenar la retirada del recurso a la vista de la solución coordinada que pactó. Desde el Gobierno se asegura que independientemente de los argumentos jurídicos contra la cautelar de Supremo, la voluntad política era la de alcanzar un cuerdo con la comunidad autónoma y retirar el recurso, y que eso le quedó patente al presidente de Canarias y a su consejera de Asuntos Sociales tras la reunión cuando estos preguntaron al respecto. “Creo que tenemos claro las dos administraciones cuál es el objetivo tenemos que buscar y el mecanismo para llegar a ese objetivo que satisfaga a ambas partes y ha sido una señal muy importante retirar ese recurso para llegar a buen fin”, resaltó el ministro.

En todo caso, el recurso fue retirado en la mañana de este viernes tras las indicaciones de Torres, pero después haber provocado estupor y cabreo en el Gobierno de Canarias, que interpreta este episodio como una torpeza importante por parte del Ejecutivo central, además de demostrar una total falta de coordinación interna, y de una cierta división entre algunos departamentos en relación con cómo afrontar el cumplimiento de la resolución del Supremo. También se considera que esta doble decisión de presentar el recurso y retirarlo en menos de 24 horas va a perjudicar el proceso de reparto, pues condicionará el debate del próximo jueves en el Congreso, donde deberá convalidarse el decreto-ley de reparto de menores entre los distintos territorios del Estado, así como las conversaciones con las comunidades autónomas cuando haya que proceder a la distribución.

Los contrarios al reparto de menores migrantes, PP y Vox, utilizarán este episodio para tratar de desprestigiar todo el proceso y justificar su voto, así como para defender los recursos ante el Tribunal Constitucional de las comunidades gobernadas por los populares que ya lo han anunciado.

Será ahora la propia Abogacía del Estado la que responderá al Supremo antes del día 9 sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno central, en coordinación con Canarias como establece el requerimiento judicial, dando cuenta precisamente de lo acordado entre ambas administraciones en la reunión del jueves.

Acuerdo para sacar los cayucos de La Restinga

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, confía en que en un plazo «muy breve» se sacará del puerto de La Restinga el desguace de los cayucos y pateras que llegan a la isla desde la costa africana con migrantes. Al menos ese fue ayer el compromiso del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, con quienes se reunió en El Pinar. «A partir de ahora no se va a destruir ningún cayuco en las instalaciones portuarias», una de las principales reivindicaciones del pueblo de La Restinga.

«Están buscando la fórmula» y ese es el compromiso, «se hará a la mayor brevedad», es decir, en unos días o unas semanas, «pero en todo caso será un plazo muy breve», apuntó el presidente cabildicio.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres garantizó que el Estado seguirá apoyando el desguace de cayucos y pateras que llegan a la Isla, para lo que se han invertido 6,5 millones, un crédito que es ampliable y dijo comprender y compartir las reivindicaciones de los vecinos de La Restinga en cuanto a que ese trabajo se realice fuera del recinto portuario y no interfiera en la actividad pesquera y de buceo, motivo por el cual se trabaja en la búsqueda de una ubicación alternativa.

Indicó al respecto que ante las dificultades jurídicas encontradas se baraja la alternativa de ir a la ocupación por urgencia de un espacio de unos 11.000 metros cuadrados en el pueblo, y se mantendrá «contacto directo» con sus propietarios.  

Suscríbete para seguir leyendo