Montero duda de que Canarias tenga motivos de queja por la quita de la deuda

Canarias no tiene por qué quejarse de la propuesta estatal sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas, que supera los 83.000 millones. Al contrario, debería aplaudirla porque “saldrá muy beneficiada”. Esta es al menos la versión de la vicepresidenta del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según ha confirmado ella misma en una comparecencia en el Senado. “Canarias sale muy beneficiada y no va a haber ningún problema con los grupos de las Islas en poder acordarlo ”, afirmó Montero tras haber considerado “lógico” que el Archipiélago “se tope con el máximo permitido de condenación” para que la mitad de la deuda de una región no la tenga que asumir el Estado y se quede en el ámbito autonómico.

La ministra recordó que la quita de la deuda para las Islas es de 3.259 millones, la mitad de la deuda total canaria, que alcanza los 6.467 millones, pero esa cifra no se ajusta a la realidad, porque de ella hay que restar 526 millones correspondientes a superávits anteriores, de forma que la quita real se quedaría en los 2.733. Canarias es la única comunidad a la que se aplica el criterio corrector de que la condonación no supere el 50 % de la deuda total, algo que el Gobierno regional ha considerado totalmente injusto porque le perjudica como territorio que no ha necesitado endeudarse durante una etapa en la que la mayoría de comunidades autónomas acudieron a los préstamos estatales del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tras la crisis financiera de 2010. Según ella, Canarias “se encuentra en situación de superávit, no solo por las ayudas del Estado, sino por su régimen fiscal y otros tipos de comportamiento de la insularidad”.

Montero, que comparecía en la comisión de Hacienda del Senado para explicar el acuerdo entre el Gobierno y ERC para la condenación de la deuda a Cataluña y que el Ejecutivo ha extendido a todas las comunidades del régimen común, aseguró que “no hay nada de cesión bilateral o chantaje”, y que “lo importante no es quien lo impulsa, sino si es positiva para el conjunto de los territorios”. “La respuesta es, se mire por donde se mire, sí, es positiva”, sentenció la ministra. Montero no aclaró muchas de las dudas que sobre la quita de la deuda a Canarias le planteó el senador de ASG, Fabián Chinea, y se limitó a dar por buena para las Islas la propuesta que se ha presentado y para la que se requiere reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

“Estas cifras relacionadas con Canarias nos parecen claramente mejorables porque parecen establecer prioridades contraproducentes y hay una especie de castigo para un territorio como Canarias que ha sido cumplidora y responsable”, esgrimió Chinea. “Puede ser un camino mal entendido o peligroso en la medida porque si faltan equidad y la solvencia técnica se pueden promover el enfrentamiento entre los distintos territorios”, recalcó tras haber pedido a la ministra garantías de una “financiación equivalente para los territorios en función de sus respectivas poblaciones y el coste real de los servicios esenciales, que en Canarias es mayor”. La ministra pasó por alto en su valoración de la condonación de deuda a las Islas que el debe público de los canarios se eleva en 394 euros por habitante al asumir el Estado los más de 83.000 millones que se han mutualizado del conjunto de territorios, frente a la deuda de la comunidad canaria. Esa deuda per cápita ha pasado en el caso de los isleños de 2.973 euros, a 3.667, circunstancia que no mereció ningún comentario por parte de la ministra en su comparecencia.

Montero pidió a las comunidades autónomas, en especial a las del PP, que acudan con ´”ánimo constructivo” a las reuniones bilaterales para abordar el proceso, porque, aunque el plan parte de un acuerdo con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, “beneficiará a todas” las autonomías del régimen común. Dijo que “hay que poner el microscopio sobre cada caso para ver de qué manera se puede llegar a un alivio para cada una de las comunidades autónomas”, y recordó que los territorios que no quieren suscribir el convenio para llevar a cabo esa quita no tienen por qué hacerlo porque es algo “voluntario”. “Quienes creen que este instrumento le va a beneficiar, ojalá cuente con una ley que se lo permita, y quien piense que no, que deje que la ley se tramite y que luego no suscriba el convenio”, resaltó. Aseguró que las reuniones técnicas entre el ministerio y las comunidades autónomas para la firma de esos convenios “beneficiarán” a las “que sean capaces de trasladar su singularidad a la ley orgánica” y que esta contemple los elementos que mejor se adecúen a cada territorio.

Financiación sin nacionalistas

Montero recalcó que en la propuesta “no se premia a los incumplidores” con el gasto público y la estabilidad financiera y presupuestaria, como se denuncia desde Canarias, “porque hemos huido de una fórmula basada en la condonación de un determinado porcentaje de deuda”, metodología que, según ella, “sí beneficiaba” a los más endeudados. “Se ha utilizado un mecanismo que nada tiene que ver. Se trata de reconocer y corregir una situación injusta en una etapa concreta”, resaltó.

La vicepresidenta aseguró que este proceso “ni sustituye ni paraliza” el estudio de la reforma del sistema de financiación autonómica, pero que hasta ahora “está siendo imposible que las comunidades autónomas abandonen las posiciones de máximos” que, resaltó, “muchas veces vienen mandatadas por los propios parlamentos autonómicos pero que impiden avanzar en el consenso”. “Si todos y cada uno están maniatados es imposible que podamos ceder posiciones en aras a establecer un sistema global”, recalcó antes de apostar por un gran acuerdo entre el PSOE y el PP “donde podamos aunar el interés de cada comunidad con la mejora de la situación de conjunto”.

Montero deja claro que prefiere el acuerdo político entre los dos grandes partidos y prescindir de los partidos de carácter nacionalista o de ámbito territorial, lo que en el caso de Canarias sería dejar fuera a CC, principal partido del Gobierno, y dejar que el PP marcara la defensa de los intereses isleños. “Si alguien pretende un documento que dé 100 % de satisfacción a la aspiración de su territorio, esto no va a ocurrir. No hay ninguna comunidad autónoma estándar, todas tienen singularidades. No hay un traje a medida para ninguna comunidad”, recalcó.

Suscríbete para seguir leyendo