El Estado negocia que parte de los niños con asilo se queden en las Islas

El Estado se esfuerza en trazar alternativas que le libren de cumplir el auto del Tribunal Supremo que le obliga a integrar en el Sistema de acogida de Protección Internacional a más de un millar de menores solicitantes de asilo que actualmente están alojados en centros de Canarias.

La orden daba al Gobierno de España un plazo «improrrogable» de diez días, que se agota el día 9 de abril, para asumir la atención de estos niños, en su mayoría de origen maliense.

Mal acondicionamiento

Lejos iniciar la derivación de los jóvenes a los recursos especializados, dependientes del Ministerio de Migraciones, el Ejecutivo central se planta en defender que sus centros no están acondicionados para asistir a menores no acompañados, pues están pensados para adultos y familias.

La solución que propone es incluir a esos mil niños en las derivaciones que se hará a todas las comunidades autónomas, para que sean estas las que se encarguen de ellos, pues considera que de esta manera se garantizan sus derechos.

En esta línea, el Gobierno de España planteará a Canarias que parte de esos menores que requieren protección internacional se queden en las Islas, pero con financiación estatal.

Está previsto que mañana se celebre un encuentro de coordinación en el Archipiélago entre los responsables autonómicos y de los ministerios implicados, al objeto de avanzar en un acuerdo o «convenio» entre las dos administraciones.

Reunión

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se trasladará a la capital grancanaria para reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y buscar una salida a este grupo de niños en base al auto del Supremo, pero compaginándola con la idea del Gobierno central de que sólo incluyendo a estos chicos en el reparto general se garantizarán sus derechos, primero como infancia y segundo como solicitantes de asilo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, insistió en la idea de que el Sistema de acogida de Protección Internacional no está adaptado para atender a menores no acompañados.

«Estábamos trabajando ya con estos niños solicitantes de asilo y de hecho formaban parte de estos 4.400 que estaban en Ceuta y Canarias. Tienen una especificidad y así la abordamos, y cuando decimos que el decreto pone en el centro el interés superior de la infancia y los derechos humanos es porque nos hacemos cargo de estos niños y niñas que son solicitantes de asilo», afirmó Rego.

«Por su puesto nos hacemos cargo del auto y vamos a cumplir con ello. Forman parte de esta realidad, porque la tutela es de las comunidades autónomas y por tanto hay que garantizar ambas cuestiones», aseveró la titular de Juventud e Infancia. El Gobierno de España asegura estar en contacto continuo con el Gobierno de Canarias, a quien ha manifestado «su voluntad inequívoca de cumplir con las medidas cautelares acordadas por del Tribunal Supremo», un mensaje que la propia ministra transmitió vía telefónica a Clavijo.

Cumplimiento

Desde el Gobierno central se considera que la propia distribución sería de facto un cumplimiento de lo esencial del mandato judicial. Sin embargo, el texto del Supremo es inequívoco cuando ordena al Estado que «garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores, actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias, que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla».

La idea de incluir a este grupo de menores en el proceso vinculado al decreto ley fue rechazada rotundamente por el Gobierno de Canarias desde el primer momento en la que el Estado la planteó como alternativa, pues estos niños requieren una atención especializada y tienen derecho a acceder a los servicios sistema de protección internacional, al igual que los niños que llegan de forma irregular pero acompañados por un familiar adulto.

Esta no es la primera vía que emplea el Estado para eludir su responsabilidad. El mismo día que el TS dictó el auto, la Policía de Extranjería (Udex) de la provincia tinerfeña remitió una comunicación a la Consejería de Bienestar Social contradiciendo las medidas cautelares, frenando la tramitación de los expedientes de 675 menores con la excusa de que en abril deben atender las solicitudes realizadas en las islas no capitalinas.

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