Bendición de CC para batallar por la ley de residencia en Madrid y Bruselas

Coalición Canaria (CC) defiende que la sostenibilidad del Archipiélago no es solo ambiental o económica, sino también social. Sobre esta base, su VIII Congreso -que se celebra el 5 y el 6 de abril- se centrará en gran medida en debatir "sobre el exceso o no de población en Canarias", pues es un «elemento fundamental» que de forma inevitable desembocará en "una Ley de Residencia propia para las islas". La idea no es nueva -se remonta a principios del siglo con Paulino Rivero como secretario general y Adán Martín como presidente de Canarias- pero vuelve de manera reforzada y renovada veinte años después bendecida por la ponencia sobre Impulsar la sostenibilidad en Canarias que será refrendada en el cónclave de los nacionalistas.

Ese será el colofón de una estrategia política iniciada en las pasadas elecciones autonómicas por el candidato de CC, Carlos Alonso, y que el presidente Fernando Clavijo convirtió en uno de los objetivos fundamentales de su gabinete -y, por extensión, de la Comunidad Autónoma- en el pasado debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Hasta el punto de que se aprobó una resolución en tal sentido que apoyó, incluso, el PP.

Una ley de residencia que, tras lograr el aval congresual de CC, el propio Clavijo pondrá encima de la mesa como uno de los puntos a debatir en la reunión que la próxima semana celebrará la Asamblea de las RUP para hacer un frente común ultraperiférico al entender que "es el crecimiento poblacional, y no el turismo, lo que amenaza la sostenibilidad de nuestro territorio".

Tal y como reconoce la ponencia, se puede lograr "un marco jurídico definido a nivel europeo, te­niendo en cuenta las circunstancias particulares de las islas consagradas en el Tratado de Funcionamiento de la UE". Y en paralelo a la ofensiva ante Bruselas, los nacionalistas creen que "debemos introducir en la agenda canaria la legislación específica sobre residencia en las islas" con la inclusión de "medidas fiscales proporcionales, que graven el impacto ecológico de los nuevos residentes en las islas, sean comunitarios o no".

El otro gran debate del cónclave nacionalista -además de "ampliar la base" para lograr tener cuatro o cinco diputados en las Cortes y ser tan imprescindibles como Junts en la política nacional- es modificar la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española para incorporar de manera explícita las políticas diferenciadas aplicables a Canarias en su calidad de RUP, al igual que la UE lo plasma en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento para constitucionalizar el régimen singular como Archipiélago atlántico y asegurar un marco jurídico que contemple sus particularidades y desventajas estructurales.

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