El Gobierno canario pide al Estado la financiación de la Policía Canaria

El Gobierno de Canarias quiere avanzar hacia una policía autonómica con mayor capacidad operativa. Con esa intención la consejera de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, acompañada por la diputada de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, anunció este lunes que va a solicitar la convocatoria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado con el objetivo de que se incremente la financiación para el Cuerpo General de la Policía Canaria. Un anuncio que se une al acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno en el día de ayer para que el Consejo Consultivo de Canarias vise el proyecto de decreto con el que se busca modificar el reglamento del Cuerpo adaptado a los objetivos de crecimiento y actualizar la dotación de medios defensivos y armamento de los agentes.

Barreto explicó en rueda de prensa que la última reunión de la Junta de Seguridad para tratar la situación de la Policía Canaria fue en 2019, una legislatura atrás, cuando ella ostentaba también la titularidad de dicha Consejería. No detalló cuánta financiación sería necesaria el fin que se persigue pero sí explicó que "el Estado sufraga la financiación de las policías autonómicas una vez pasen de 300 agentes. A día de hoy en las calles canarias hay 282 agentes autonómicos y en septiembre se sumarán 141 que están en la academia. A final de la legislatura, en 2027, Canarias dispondrá de más de 600 operativos". Aclaró que "no se va a pedir nada nuevo pero sí que se equipare a las condiciones de otras policías autonómicas como Los Mossos d'Esquadra, en Cataluña, o la Ertzaintza, en el País Vasco donde el Estado asume su financiación". 

En la actualidad la Policía Canaria se sufraga con los 21 millones de euros consignados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el pago de nóminas, gastos de material y mantenimiento de infraestructuras.

"La Policía Canaria hoy no ejerce todas las competencias que tiene en el Estatuto de Autonomía porque no tenemos efectivos suficientes para poder hacerlo", lamentó Barreto, que destacó que el papel de los agentes en la actualidad es de "una policía colaborativa con otros cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y, en determinados momentos, judicial cuando se lo requiera las fiscalías o los juzgados". Sin embargo, el objetivo es que se les reconozca orgánicamente para "reforzar la capacidad de disuasión y respuesta ante situaciones de riesgo, así como mejorar la protección tanto del personal como de la ciudadanía".

Barreto recordó el plan de choque activado en municipios de Fuerteventura, La Gomera y La Palma, ante la falta de efectivos de los cuerpos nacionales y el alza de situaciones complicadas por el aumento de población". Además, añadió que, previsiblemente, a final de 2026, todas las Islas contarán con una comisaría insular. Lanzarote, La Palma y La Gomera tienen ya disponibles locales "que serán reformados para adaptarlos a las especificidades de una instalación para un cuerpo de seguridad". Una vez tengan las insulares, la Consejería estudia establecer comisarías municipales en aquellas zonas que lo requieran, como por ejemplo citó, el de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de Los Diputados, Cristina Valido, recordó que "las competencias de la Policía Canaria están recogidas en el Estatuto de Autonomía y el Estado debe cumplirlo porque la agenda canaria recoge el completo desarrollo del documento". Unas competencias que irían desde las relativas al orden público hasta las de investigación penal. "No vamos a renunciar a nuestros derechos por más dificultades que tenga el Gobierno de Sánchez en cuanto a falta de presupuesto o a falta de mayoría", resaltó la nacionalista.