El decreto de residencialización se enmendará a través de la Ley de Alquiler Vacacional

Poca vida le queda al texto del urgente decreto ley que aprobó hace solo dos semanas el Gobierno canario para paralizar de forma temporal las multas de aquellos propietarios que residen en pisos turísticos y, a la vez, los ayuntamientos llevar a cabo la reclasificación del uso de esas viviendas para que sean residenciales y no puedan ser utilizadas nunca más como turísticas.

La totalidad de los grupos parlamentarios, más los cabildos de La Gomera y La Palma, anunciaron este martes en el Parlamento que este decreto será enmendado para incrementar la seguridad jurídica de los propietarios, facilitar la labor administrativa de los consistorios e incluir la posibilidad de que en las llamadas ‘Islas Verdes’ esa residencialización no sea permanente y se pueda revertir para permitir que en el futuro las casas afectadas puedan de nuevo usarse para fines turísticos.

La novedad es que esas modificaciones no se harán dentro del mismo decreto, mediante su transformación en ley, sino que, como anunciaron los portavoces de CC, José Miguel Barragán; el PP, Luz Reverón; y ASG, Melodie Mendoza, los cambios se introducirán como enmiendas a la Ley de Alquiler Vacacional que está previsto aprobarse, como muy tarde, en junio.

Una tesis que no comparte el PSOE, al considerar que, como sucede con el resto de decretos ley, las modificaciones de los mismos deben hacerse tramitándolo como proyecto legislativo independiente del relativo al Alquiler Vacacional. Con todo, el socialista Gustavo Santana aseguró que el hecho de que los grupos que apoyan al Gobierno adelanten que el decreto va a ser modificado demuestra que "nace muerto".

"No resuelve los problemas de los afectados, genera inseguridad jurídica y carga la responsabilidad a los ayuntamientos", defendió Santana.

Los portavoces de los grupos gubernamentales insistieron en que las modificaciones tendrán en cuenta los muchos reparos que el Consejo Consultivo hizo al decreto ley, entre los que se encuentra que solo "se atribuye el derecho a los propietarios del edificio, y no a otros titulares de derechos reales de uso sobre el mismo que pudieran ser los titulares del establecimiento y, por tanto, quienes efectivamente desarrollan el uso turístico del mismo".

Según el informe, dado que el cambio de residencial a turístico solicitado para un edificio "se extenderá a toda la parcela que le da soporte, la solicitud de cambio de uno o de sólo algunos de los propietarios de un edificio compromete a todos los demás que, es posible, no quieran cambiar el uso". Es decir, el Consultivo cree que el texto "no aporta precisión acerca de si la solicitud de cambio ha de ser suscrita por todos o sólo por algunos de los propietarios".

Este punto lo resaltó Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo de La Gomera, cuando alertó de que "no se especifica cuántos propietarios de un inmueble son necesarios para pedir a su ayuntamiento el cambio en el planeamiento y puede acabar en los tribunales si no se permite que el uso preexistente de alquileres vacacionales pueda mantenerse en el caso de que se determine que un inmueble es de uso residencial".

El Consejo Consultivo cuestiona que un mismo decreto regule dos cuestiones diferentes: la moratoria de las multas y el cambio de uso de la vivienda

Otro punto cuestionado por el Consultivo es el hecho de que se vincule la suspensión temporal de las multas al cambio municipal de las licencias de uso, ya que son dos procedimientos diferentes: "La suspensión del otorgamiento de licencias motivada por la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística no puede servir de parámetro para el procedimiento sancionador, dada la diferente naturaleza de uno y otro".

Estos argumentos fueron usados por Luis Campos (NC-Bc) para asegurar que "no es verdad que con este decreto el Gobierno actúe, es un ejemplo más de inacción que no resuelve el problema de fondo que será aún mayor cuando acaben los tres años de moratoria de las sanciones".

Una tesis a la que se apuntó Paula Jover (Vox) al recordar que "el decreto no suspende las sanciones, solo las aplaza y obliga a los propietarios a presentar las solicitudes contra los procedimientos sancionadores sin garantizarles lo que pasará tres años después".

Pese a las críticas, el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, insistió en que otro de los objetivos es derogar de forma explícita la sustitución del propietario que incumple atenerse al uso turístico y que directamente está infringiendo el principio de unidad de explotación, al considerarlo un mecanismo inviable tanto por su complejidad procedimental como por el hecho de que, además, es desproporcionado.

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