Teresa Cruz asegura que el presidente Torres conocía todas sus decisiones en Sanidad

La exconsejera de Sanidad Teresa Cruz decidió este lunes no mirar para otro lado en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias y ‘coger el toro por los cuernos’. Lejos de la ‘estrategia del avestruz’ blandida en los últimos meses por otros exconsejeros y altos cargos del ‘pacto de las flores’ que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres, fue clara y directa: "Como funcionaria, creo en la estructura jerárquica del Gobierno y en todo este proceso la jerarquía se respetó, por lo que en todo momento informé al presidente de todo lo que estaba haciendo" para afrontar la pandemia. No obstante también aclaró, para evitar suspicacias, que «jamás el presidente me pidió información de ningún contrato ni me habló de ninguna empresa ni recibí presiones».

Esa jerarquía a la que se refirió la exconsejera socialista también funcionó en esos primeros meses prepandémicos hacia la base de la pirámide y no solo hacia la cúspide presidencial: "Yo estaba informada de lo que hacía la Dirección General del Servicio Canario de Salud (SCS) y la de Recursos Económicos", que era la encargada de adquirir el material sanitario.

Por tanto, y ante las preguntas de los portavoces del cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI), la exconsejera fue clara: "Es materialmente imposible que se decidiera nada en el SCS sin yo saberlo".

Y, por si quedaba alguna duda sobre lo que quería decir, remachó: "La Dirección de Recursos Económicos es la que contrata con conocimiento de la Dirección del SCS y de quien está al frente de Consejería y si yo estuviera ahora en la piel de quienes me sucedieron si Conrado Domínguez [exdirector del SCS] y Ana María Pérez [exresponsable de Recursos Económicos] caen, yo caigo con ellos".

El 31 de enero de 2020 se creó un comité "colegiado, ejecutivo y decisorio" que en abril se sustituyó por uno asesor

Una clara asunción de responsabilidades políticas que no asumieron otras personas que están relacionadas con los contratos investigados por la Justicia a la empresa RR7 -cuatro millones por un millón de mascarillas que nunca llegaron-, Soluciones de Gestión SL- hasta 12 millones de euros a la mercantil vinculada con Koldo García, el exasesor del que fuera ministro de Obras Públicas, José Luis Ábalos- y el laboratorio Eurofins Megalab -5,36 millones de euros para llevar a cabo test de coronavirus a los residentes que querían volver a las Islas durante las fiestas navideñas-, y de los que responsabilizan en exclusiva a la exdirectora de Recursos Económicos.

La declaración de Cruz de ponerse al frente de supuestas responsabilidades de la totalidad de los departamentos de Sanidad posee aún más valor político si se tiene en cuenta que la exconsejera insiste, como hiciera ye en junio en su comparecencia en el Senado, en que Domínguez «no es un buen gestor y sus decisiones carecen de rigor». 

Cruz Oval apenas estuvo ocho meses al frente de la Consejería de Sanidad del ‘pacto de las flores’. Fue cesada el 25 de marzo de 2020, once días después de decretarse el estado de alarma nacional y el confinamiento. 

Cierre del hotel en Adeje

Antes del cese le tocó afrontar el primer caso de covid de España el 31 de enero de ese año y el primer confinamiento mundial, el 25 de febrero, de 1000 personas en un hotel para evitar que estallara "una bomba vírica" en Tenerife. También se adelantó al propio Gobierno de España y al del resto de comunidades autónomas al establecer un "protocolo" de adquisición de material sanitario "para anticiparnos al desafío" de la pandemia, firmar la declaración de emergencia sanitaria y crear un Comité Ejecutivo Canario como "órgano colegiado, ejecutivo y decisorio". Sin embargo, "no me dio tiempo de seguir con su desarrollo porque a los tres días fui cesada" y, con posterioridad, Torres lo transformó en un Comité de Gestión deliberante y sin capacidad de decisión.

Durante ese poco tiempo previo al estado de alarma, la Consejería de Sanidad que Cruz dirigía suscribió tres contratos que no están inmersos en ninguna investigación judicial por irregularidades.

La exconsejera del PSOE califica de "injusto" su cese y lo achaca a conflictos internos en el ‘pacto de las flores’

Todo ello llevó a su sucesor temporal en la Consejería, Julio Pérez, que también compareció este lunes en la comisión de investigación, a poner en valor la gestión de Cruz: "Adoptó decisiones muy útiles que permitieron afrontar la pandemia un poco mejor que en otras comunidades autónomas; tuvo mucha agudeza y mucha perspicacia".

La pregunta, por tanto, estaba servida por parte de los grupos, máxime cuando todas las irregularidades contractuales se produjeron tras la marcha de Cruz por parte de sus sucesores: "¿Por qué cree que fue cesada?"

"Puedo sospechar cosas, pero no tengo certezas. Me pareció injusto. Desde que tomé posesión se cuestionó mi nombramiento y me di cuenta de que el puesto de consejera de Sanidad no estaba diseñado para mí porque había miembros del gobierno que no creían que yo tuviera que ser consejera. Incluso se dijo de mí que era la consejera díscola que se iba a cargar la economía canaria cuando decidí cerrar el hotel de Adeje", dijo Cruz tras apelar a la "privacidad" de las conversaciones que, sobre su salida del gobierno, tuvo con el presidente Torres.

El sucesor interino de Cruz en Sanidad insiste en que todo el material lo contrató la Dirección de Recursos Económicos

Tras la transparente comparecencia de Cruz la opacidad llegó de nuevo con su sucesor temporal en el cargo, Julio Pérez -compaginó sus tareas como consejero de Administraciones Públicas y Sanidad desde el 25 de marzo al 19 de junio de 2020-, cuando insistió en que es "imposible que un consejero conozca todos los contratos y menos aún las cuantías y las empresas" que lo suscriben.

Pérez, que el 21 de abril de 2020 aprobó una orden en la que se reconoce que "prácticamente desde el inicio del estado de alarma se constituyó en la Comunidad Autónoma de Canarias el Comité Técnico de Emergencia Sanitaria" que "ha tomado decisiones y realizado pedidos canalizados e implementados a través de la Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud". Una orden que, explicó, emitió porque la anterior había sido rubricada por Blanca Méndez, que fue directora del SCS, "y no tenía competencias para ello".

Sin embargo, Pérez intentó explicar que esa toma de decisiones eran generales: "Compren todo lo que se pueda para tener atendida a la población y que haya stocks suficientes".

Recordó que de los más de 1.300 contratos supervisados por la Audiencia de Cuentas apenas unos pocos están investigados por la justicia y negó, como lo acusó el conservador Fernando Enseñat, que "yo abriera la puerta a Koldo García y a Víctor de Aldama en Canarias". Reconoció que "no se hicieron las averiguaciones" sobre la solvencia RR7 y que "al menos es llamativo" que se adelantaran dos millones por las mascarillas y luego se abonaran otros dos millones sin haberse entregado el material.

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